La reforma del Ministerio Público es la madre de todas las batallas, asegura el diputado nacional Pablo Tonelli. Si el kirchnerismo aprobara la reforma, «se acabarían la justicia independiente y las garantías individuales en Argentina», sostiene Tonelli, que es representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Magistratura. «El gobierno se propone dominar y someter la Justicia», asegura en la videoconferencia organizada por la Usina Desarrollista.
Para Tonelli, la justicia tiene problemas estructurales y otros específicos derivados de la política del Gobierno Nacional actual. Entre los principales focos de tensión, destaca el proyecto para reformar la ley del Ministerio Público, que cambiaría el mecanismo de designación del procurador general. Si se aprobara la reforma, que ya tiene media sanción en Senadores, el jefe de los fiscales podría ser nombrado con mayoría simple. Por lo tanto, el oficialismo podría designarlo sin los votos de otros bloques. «Podría nombrar a [Oscar] Parrilli o a [Graciana] Peñafort, a cualquier mamarracho o talibán», plantea, en referencia el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a la abogada de Amado Boudou, que actualmente es directora de Asuntos Jurídicos del Senado. Pero este es solo uno de los riesgos de la reforma, advierte Tonelli.
El proyecto de ley también prevé una nueva composición del Tribunal de Enjuiciamiento, que es el mecanismo de remoción de los fiscales. Con la modificación, el oficialismo pasaría a contar con mayoría suficiente para remover fiscales, según Tonelli. «Imagínense a qué fiscales removerían primero. A [Carlos] Stornelli, [Raúl] Pleé y [Carlos] Rívolo; los que trabajan bien y son independientes. Si se aprobara la ley, el kirchnerismo podría hacer lo que quisiera con el Ministerio Público y los fiscales», cuestiona.
Por último, la reforma otorgaría facultades adicionales a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que tiene mayoría oficialista, señala Tonelli. Por ejemplo, designaría al procurador general interino ante la vacancia de este cargo. La ley actual prevé que en estos casos asuma el procurador más antiguo. Por eso asumió Eduardo Casal tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó. La reforma también incrementaría la injerencia de la comisión en la definición de las directrices del Ministerio Público, según Tonelli. «El Procurador General puede orientar las investigaciones de cierto tipo de delitos y desalentar otras. Podría olvidarse de los corruptos y narcotraficantes», critica el consejero.
Sobre la candidatura de Daniel Rafecas como procurador general, Tonelli señala que el trámite de la designación no avanzó porque su candidatura no es impulsada por la vicepresidenta, Cristina Fernández. Rafecas se manifestó en contra del proyecto de ley del Ministerio Público, destaca el diputado, porque se vería condicionado políticamente si fuera elegido por una mayoría simple. «Sería el procurador kirchnerista y no el procurador de la nación», subraya y cuenta que la oposición está evaluando la posibilidad de impulsar el pliego de Rafecas por su cuenta. «No es nuestro candidato ideal, pero es un hombre formado y difícilmente acepte hacer barbaridades extremas», explica.
La charla El conflicto entre el Gobierno y la Justicia es la primera del ciclo de videoconferencias de 2021 que organiza la Usina Desarrollista, un proyecto impulsado por Visión Desarrollista, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), la Fundación Frondizi y la Fundación para el Desarrollo Entrerriano (FUNDER).
Vacantes y jubilaciones
Entre los problemas estructurales, Tonelli destaca el elevado número de cargos vacantes. Entre la justicia federal y nacional hay 988 cargos de magistrados, aclara, y 254 están vacantes. Un poco más del 25%. Muchos motivos explica esta situación, según Tonelli, pero uno en especial es que la relación de fuerzas fue desfavorable al kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura durante el periodo de 2011 a 2015.
El proceso de designación de jueces es el siguiente: el Consejo de la Magistratura realiza un concurso y selecciona una terna, que eleva al ejecutivo; el presidente elige a uno de los tres candidatos y lo postula ante el Senado, que debe aprobar la designación. Pero la aprobación de los concursos requieren el voto de dos tercios en el Consejo de la Magistratura, por exige cierto grado de acuerdo del oficialismo con otros sectores. Durante el periodo de 2011 a 2015 no hubo entendimiento, según Tonelli, y por eso se dejaban los cargos vacantes. La ley anterior de subrogancias permitía la designación de jueces suplentes con mayoría simple en el Consejo de la Magistratura y no exigía que fueran magistrados. «Fueron designados abogados ajenos al poder judicial cuyo mayor mérito era la militancia en el kirchnerismo», cuestiona Tonelli.
Cuando llegó Cambiemos al poder, un poco más del 30% de los cargos de la justicia estaban vacantes, detalla Tonelli. El gobierno entrante aceleró los concursos que estaban demorados y logró que a finales de 2019 el número de vacantes fuera inferior al 10%, según el diputado. También se modificó la ley de subrogancias y se quitó al Consejo de la Magistratura la facultad de designar a los suplentes. Con el nuevo mecanismo, las Cámaras (del Poder Judicial) tienen las facultades de designar a los jueces subrogantes y se privilegia que las vacantes sean cubiertas por jueces de igual grado y competencia. No se designan abogados ajenos al sistema judicial.
El número de vacantes, sin embargo, volvió a subir a partir de 2019 y actualmente es el 25%, remarca Tonelli. En primer lugar, sostiene, porque el Ejecutivo retiró los pliegos de 200 concursos que estaban pendientes, lo que demoró las nuevas designaciones. Por otro lado, se modificó de la ley de jubilaciones de los jueces, lo que se traduce en una disminución en los haberes que cobrarán los magistrados una vez retirados. La nueva ley dipone que las jubilaciones sean liquidadas por ANSES y no por el Consejo de la Magistratura, como era hasta entonces. Dado que algunos ya tenían el trámite de jubilación iniciado, no serían alcanzados por la reforma. La ANSES intimó en febrero a los jueces que tenían iniciado el trámite para que presentasen la renuncia en un plazo de 30 días o el expediente sería archivado, lo que los obligaría a jubilarse bajo el nuevo régimen. «Muchos jueces optaron por jubilarse, lo que es comprensible. Casualmente, eran los de mayor edad, que habían sido designados en épocas remotas y el kirchnerismo no había influido en sus nombramientos», destaca Tonelli.
El Consejo de la Magistratura trató en la sesión del jueves 25 de marzo el caso de la intimación de ANSES a los jueces para que se jubilaran. Con el apoyo de la diputada del peronismo opositor Graciela Camaño, se aprobó una resolución que respalda la posición oficial y sostiene que la acción de ANSES «de ninguna manera puede interpretarse como una intimación a cesar en el cargo para evitar la pérdida de derechos previsionales ya adquiridos». A pesar del traspié, destaca Tonelli,en la sesión se cristalizó un bloque opositor de seis miembros, un número suficiente para impidir que el oficialismo apruebe nuevas designaciones de jueces por su cuenta o negociando con los consejeros por separado. «Necesita de nuestros votos. Cuando la propuesta no sea satisfactoria, no los tendrá», señala Tonelli.
Con la mira puesta en las elecciones de medio término, Tonelli enfatiza que son muy importantes para Juntos por el Cambio si quiere mantener el equilibrio parlamentario. «Los diputados que se van a renovar ahora son los elegidos en 2017, cuando hicimos una excelente elección y ellos una mala. Ponemos más diputados en juego», advierte y plantea un objetivo que considera alcanzable para este año: aumentar en cuatro o cinco el número de bancas en la Cámara Baja.
