A casi un año de su implementación, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha logrado aprobar apenas cuatro proyectos, todos concentrados en energía y minería. Si bien el esquema busca atraer capitales con estabilidad fiscal y cambiaria, enfrenta demoras, falta de infraestructura y críticas por su sesgo extractivo. El caso emblemático de la planta de GNL cancelada en Río Negro y la paralización de proyectos de litio por la caída de precios revelan los límites de un régimen que, sin una estrategia productiva clara, corre el riesgo de promover crecimiento sectorial sin desarrollo nacional