La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados puede calificarse de muchas formas, menos de inesperada. En los días posteriores al anuncio del entendimiento entre el Gobierno Nacional y el FMI para renegociar la deuda de 44.500 millones de dólares contraída por el país durante la gestión de Mauricio Macri, algunos dirigentes opositores reclamaron la opinión de la vicepresidenta. O subrayaron que su silencio era sospechoso. Cristina Fernández, sin embargo, había anticipado su posición en una carta publicada en su blog el 27 de noviembre de 2021. Allí exponía la estrategia del kirchnerismo: dejar que Alberto Fernández y la oposición se hicieran cargo del acuerdo con el FMI y pagaran el costo político del ajuste.
La carta de Cristina Fernández, titulada De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades, dedica varias líneas a la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Sancionada en 2020, la ley establece que cualquier programa con el FMI debe ser aprobado por el Congreso Nacional. Es decir, exige el consentimiento de la oposición. La vicepresidenta celebra la norma, que fue votada por una mayoría abrumadroa; los legisladores de Juntos por el Cambio votaron a favor. La vicepresidenta concluye: «Surge a simple vista que la totalidad de las fuerzas políticas de ambas coaliciones asumió la responsabilidad de decidir si se aprueba o no, lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el FMI. Todo ello sin perjuicio de que es el titular del Poder Ejecutivo quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional en esta materia».
Para aclarar el papel de ella misma en las tratativas con el FMI, Cristina Fernández se apoya en un artículo publicado en Clarín, que hablaba de «la lapicera de Cristina». A partir de esa expresión, señala: «La lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional». Aunque es un argumento institucional, explicita la posición de la vicepresidenta: ella no gobierna y, por lo tanto, no tiene que hacerse cargo de la negociación ni pronunciarse al respecto. Esa es una responsabilidad del presidente y, debido a la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, también del Congreso Nacional.
La decisión abrupta de Máximo Kirchner debe entenderse en ese contexto. A pesar de las versiones periodísticas que afirman que la vicepresidenta estaba en contra de la renuncia de su hijo a la presidencia del bloque porque hubiera podido pelearla desde adentro, lo cierto es que es una posición coherente con la expresada en la carga del 27 de noviembre. De hecho, retener la presidencia del bloque hubiera puesto al kirchnerismo en una posición incómoda: ser la cara visible de la defensa del acuerdo con el FMI. La renuncia da a Máximo Kirchner, a La Cámpora y al kirchnerismo en general una mayor libertad para exponer sus diferencias.
La carta del 27 de noviembre incluye otro detalle revelador. La vicepresidenta eligió cerrarla con una cita. Es de Alberto Fernández en un discurso el 9 de julio de 2021, cuando había declarado, en referencia a las negociaciones con el FMI: «Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca, nunca. Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa, porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante».
¿Espera Cristina Fernández que el presidentte cumpla con su promesa?
Por lo pronto, la renuncia de Máximo Kirchner derrumba la narrativa que había intentado instalar el oficialismo: «El acuerdo con el FMI no es de ajuste»
