La instauración de una larga serie de derechos progresistas, y su capacidad de concreción real, requiere de condiciones sociales y materiales sólidas que la respalden
El pueblo de Chile decidió rechazar la nueva constitución promovida por el presidente Gabriel Boric. Los resultados del plebiscito fueron contundentes, tres de cada cinco chilenos votaron en contra de la reforma, en todas las regiones prevaleció la negativa, hasta en los territorios considerados como bastiones del actual presidente.
Analistas de los más diversos sectores coinciden en que el haber incluido muchos temas sensibles que merecen mayor tratamiento o deliberación, como la plurinacionalidad o los diferentes sistemas judiciales para velar por los derechos de las comunidades originarias marginadas, la ampliación del derecho a huelga para fortalecer a los trabajadores, la fiscalización y financiación pública de la salud para garantizar el acceso a un sistema cuestionado, el final de la exclusividad del Poder Ejecutivo para gestionar el gasto público y los impuestos, fueron demasiado determinantes para producir el rechazo a la modificación de la actual Constitución, la cual está vigente desde 1980 con el gobierno militar de Augusto Pinochet.
Una coyuntura económica desalentadora
En 2020, los chilenos dijeron masivamente que querían cambiar su Carta Magna en el plebiscito “de entrada”, pero ya con Boric en el gobierno, los efectos de la pandemia y la crisis inflacionaria global provocaron que las condiciones económicas cambiaran, al igual que el humor social. Algunos indicadores dan muestras de la difícil situación: la inflación chilena se disparó al 13%, solo Argentina o Venezuela, tienen niveles de inflación más altos en la región. A pesar de que las tasas de interés están más altas que en los últimos 24 años, los inversores decidieron sacar tanto dinero del país que el Banco Central de Chile tuvo que inyectar miles de millones de dólares en el mercado cambiario para estabilizar la moneda local. El FMI por su parte, anunció la aprobación de una línea de crédito de 18.500 millones de dólares para ayudar a Chile a resistir el aumento del riesgo global. En el segundo trimestre, el déficit de cuenta corriente de Chile se disparó al equivalente al 8,5% del PBI, el más alto en al menos dos décadas. La fuerte dependencia de Chile del combustible importado hizo que el precio en los surtidores lleve 52 semanas consecutivas de aumentos. El próximo año la economía chilena tiene proyectado un crecimiento de apenas un 0,3%, el índice más bajo de la región. No es extraño entonces que el peso chileno sea uno de los de peor desempeño del último año, con una devaluación del 12%.
Bajo este panorama se produjo la elección respecto de la nueva Constitución, pero a diferencia de lo que sucede en Argentina, los chilenos no están acostumbrados a estas crisis llegando incluso a plantearse sino era quizás la inminencia de la reforma constitucional la causante de estos problemas económicos que son en gran medida globales. La suba de las acciones de la bolsa chilena y la apreciación del peso frente al dólar, luego del rechazo deja en evidencia esta hipótesis.
Desde mi perspectiva, el moderado pueblo chileno tomó conciencia de los riesgos que implican instaurar nuevos derechos y al mismo tiempo observar que se les escurría entre las manos la estabilidad y el crecimiento económico de los que se enorgullecen.
El subdesarrollo chileno
Sin embargo, la crisis no deja de ser la punta del iceberg del problema de fondo del cual no hay aún mucha conciencia. Si bien el país andino se convirtió en las últimas décadas en el faro de referencia latinoamericana para muchos merced a su estabilidad económica -sobresaliente sobre todo si la comparamos con Argentina- y siendo considerado, como el ejemplo de lo exitoso que puede ser un país si aplica durante un largo período políticas económicas neoliberales, no todo es lo que parece. Un país que no tiene diversificada su economía no es un país desarrollado por más que sea circunstancialmente próspero. Sobre todo si pretende aumentar sus derechos y beneficios sociales. La crisis y limitaciones del modelo chileno se hicieron evidentes a partir de las violentas protestas de los últimos años, aunque no todos comprendieron su naturaleza.
Chile no es solo un país que depende extremadamente de sus exportaciones de cobre sino que su crecimiento económico no fue acompañado de un proceso de redistribución de la riqueza. Es el país con mayor nivel de desigualdad entre los miembros de la OCDE. El 1% más rico tiene 26% de la riqueza del país, mientras que a 50% de los hogares de menores ingresos sólo le corresponde 2.1%. Tampoco se avanzó en reducir lastres como la discriminación de oportunidades de la población indígena.
El país admirado por tener los mejores índices de ingresos de la región -junto con Uruguay- evidenció ya sus problemas estructurales -desigualdad económica, social y política-. En la búsqueda de encontrar una salida, decidió cambiar los cimientos del país con una nueva Constitución sin entender que el cambio debía ser estructural, en su matriz productiva capaz de inferir en la superestructura institucional y normativa.
Asimilar el subdesarrollo chileno y partir de esta base de pensamiento es clave para avanzar al momento de interpretar la realidad que vive hoy la sociedad chilena. La instauración de una larga serie de derechos progresistas, y su capacidad de concreción real, requiere de condiciones sociales y materiales sólidas que la respalden.
Más allá de la Carta Magna
El camino más indicado sería generar los acuerdos y consensos entre los actores sociales para la elaboración de un proyecto de desarrollo nacional chileno, que considere la manera en la que se podrán otorgar mayores derechos, contemplando antes promover un aumento de la capitalización de la economía que permita modificar su estado de primarización vigente. Deben enfrentar la resistencia de los poderosos monopolios, que hacen su trabajo para impedir transformaciones y mantener la vieja estructura. El propio Estado chileno es también un impedimento mientras no entienda cuales deben ser las prioridades. Por lo general los gobiernos de izquierda hacen del gasto público actor principal del crecimiento económico y pretenden vía aumento de impuestos establecer una política redistributiva. Los efectos económicos que conllevan dichas políticas ya están siendo evidenciadas o padecidos en la actualidad como expresamos anteriormente.
Aún con el resultado negativo, el pueblo chileno, a pesar de toda esta situación, en su mayoría sigue manteniendo sus deseos de modificar la Constitución. El presidente Boric deberá ceder en muchos de sus objetivos de gobierno y aplicar un nuevo plan para retomar el camino. Un resquicio de salida podría estar en una reciente decisión del Congreso. Conscientes de que las encuestas apuntaban a un rechazo al texto constitucional y al escenario en que ahora se encuentra el país, la mayoría de grupos en el Congreso aprobaron hace pocas semanas rebajar a cuatro séptimos de los legisladores el quórum necesario para modificar la Constitución de 1980, muy restrictiva en sus disposiciones sobre su propia reforma.
Pero más allá de agilizar el proceso, es evidente que se deberá consensuar y negociar mucho más entre las fuerzas opositoras y ceder en algunos temas considerados sensibles si se pretende concretar este objetivo. La otra alternativa, aunque no la más deseada, quizás sea reformar en forma parcial la constitución existente como ya se hizo en 1990.
Aprovechando el impacto político de la derrota sobre el presidente, los sectores de la elite y la derecha chilena han usufructuado esta situación para reorganizarse. La respuesta de Boric debe ser concreta e inteligente cediendo parcialmente en algunas modificaciones ampliamente resistidas, como la plurinacionalidad, y renovando la credibilidad social de los constituyentes encargados de la redacción.
Aún así, vuelvo a recalcar que, ya sea parcial o completa la modificación de la Carta Magna de no ponerse en marcha un programa de desarrollo que diversifique la estructura productiva chilena y potencie la integración de sus clases sociales, quedarán todas las enmiendas como expresiones de deseo. Sin ir más lejos la Constitución Nacional Argentina expresa en su artículo 14 bis que dentro de los derechos de seguridad social establece el acceso a una vivienda digna, sin embargo, la realidad subdesarrollada argentina demuestra su incapacidad de cumplimiento.
Chile merece una nueva constitución, la mayoría del pueblo y la clase política han coincidido al respecto. Esta situación ojalá sea la semilla no solo para cambiar la Carta Magna sino para reclamar un proceso de desarrollo que la sustente de manera fehaciente.
