El mercado de trabajo sufrió un gran impacto por la pandemia. Entre las medidas que tomó el Gobierno para amortiguar la caída del empleo, se destaca el programa ATP (Asistencia y Emergencia al Trabajo y la Producción). Consiste en que el Estado cubra parte del salario de 2,3 millones de trabajadores registrados; el objetivo es evitar los despidos.
Esta política generó un debate sobre si la medida era regresiva o progresiva. La controversia se debe al esquema de asistencia definido para la ATP. El Estado cubre el 100% del salario de los trabajadores que cobran hasta 16.875 pesos por mes; es decir, el salario mínimo vital y móvil. Pero los asalariados que cobran más de 67.500 pesos reciben una asistencia de 33.750 pesos. Esto incluye a los trabajadores de muy altos ingresos. Significa, por lo tanto, que el Estado subsidia sueldos de más de 100.000 pesos con el doble del monto que paga a un trabajador que cobra el salario mínimo. Por otro lado, se detectaron casos de empresas que recibieron asistencia Estatal y no tenían el menor riesgo de vulnerabilidad económica, las cuales posteriormente renunciaron al beneficio. Ambos son defectos del programa que se deberían corregir, pero la política en sí resulta apropiada.
El capital humano y la histéresis
La destrucción del empleo tiene efectos duraderos. Y estos son mayores cuando las crisis son prolongadas, lo que puede generar que el desempleo persista cuando la demanda agregada se recupere. Este fenómeno se conoce como histéresis. Un ejemplo de histéresis se vio en el sector manufacturero argentino durante el fin de la convertibilidad: si bien la actividad industrial volvió en 2005 al nivel precrisis, la cantidad de obreros ocupados en el sector volvió a registrar ese nivel recién en 2011. Por eso son acertadas las medidas como la ATP, que buscan preservar el empleo. O, lo que es lo mismo, proteger el capital humano.
Al final de la pandemia vamos a encontrar un país con pérdida de capital físico, pero si no se toman medidas paliativas, la situación puede ser más crítica en términos de destrucción de capital humano y capital empresarial como consecuencia de la caída de la demanda laboral.
Las inversiones en capital humano pueden ser generales o específicas, explica el economista Gonzalo Bernat en Crecimiento en Argentina: del stop and gow al go (slowly) non stop. Las inversiones generales son las que se destinan a adquirir conocimientos que pueden ser aplicados en múltiples sectores y empresas; informática, idiomas o contabilidad, son ejemplos de ello. Las inversiones específicas se refieren a la incorporación de saberes inherentes a determinadas actividades. Cambiar de trabajo es, por lo tanto, una desinversión en conocimientos específicos.
Un segundo efecto perjudicial que afecta al capital humano y acentúa la histéresis es el desánimo. Cuando las personas que desean trabajar no encuentran empleo por un tiempo prolongado, se genera desánimo y aumentan las dificultades de reinserción laboral posterior.
La estructura laboral argentina
Argentina tiene 11.929.345 trabajadores registrados, según el Informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA) de marzo de 2020. El 50% son asalariados privados, el 27% son asalariados públicos y el resto se divide entre monotributistas y autónomos. A esto debe sumarse el 35,9% de asalariados en informalidad laboral, que son 6.680.000 trabajadores, si se calculan con base a los trabajadores registrados del informe SIPA del mes de marzo. Por lo tanto, en el país existen 18.610.000 trabajadores, en diferentes regímenes laborales, formales e informales.
La estructura laboral argentina evidencia problemas de profundos y de largo plazo. El país debe encarar una reforma laboral que permita incorporar a millones de trabajadores informales a la economía formal. La política tiene que dar debates serios sobre si debe cuidar los puestos de trabajo o a los trabajadores con medidas de protección como el seguro de desempleo, muy extendidas en otros países. Estas reformas requieren de amplios consensos a nivel nacional, del que todos los sectores tienen que formar parte. Es una agenda que debe abordarse en forma urgente después de la pandemia. Por ahora, los esfuerzos están concentrados en minimizar el costo del desempleo, porque las pérdidas sociales pueden ser muy altas.
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