Tras alcanzar un importante consenso político, en mayo del 2019, se aprobó por ley el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Una norma que insertaba a Argentina en el concierto mundial de una actividad dinámica y generadora de riqueza material y humana.
En enero de este año, sin embargo, una resolución del Gobierno nacional suspendió la aplicación de la ley. La justificación fue que se iba a necesitar un tiempo para analizar y procesar las solicitudes de adhesión de las empresas al Régimen de Promoción. Un mes más tarde, el Poder Ejecutivo Nacional envió un proyecto de ley que modifica la ley sancionada durante el gobierno de Cambiemos. Dentro de estas modificaciones, se propone quitar el beneficio de la estabilidad fiscal; es decir, las empresas se verían afectadas por el aumento de impuestos nacionales. Asimismo, se exige a las empresas ligadas a los servicios del conocimiento que realicen un mayor aporte a un fondo común, lo que significa que deberán resignar aún más sus ganancias.
Esto pone a las empresas beneficiarias en un limbo, que oscila entre la pérdida de algunos beneficios que les aseguraban un progreso mayor y la caída de la esencia de un régimen de promoción para la actividad. Sumado a esto, aparece en la escena el COVID-19 y sus consecuencias en el plano de la política nacional; esto es, un Congreso de la Nación cerrado y alterado en sus prioridades.
Un sector prioritario
La ley sancionada en 2019 iba a representar 1.000 millones de dólares de ingresos fiscales, por el incremento de la recaudación, en la próxima década, según un informe de Argencon, entidad conformada por las empresas prestadoras de servicios basados en el conocimiento en Argentina. Ante este nuevo panorama, esta estimación es un signo de pregunta.
El sector representa entre el 22% y el 25% del PBI. Por lo tanto, es indispensable colocar el desarrollo de las empresas del conocimiento como una prioridad. En tiempos de recesión mundial, la bioeconomía se presenta como una oportunidad para aumentar la productividad de determinados sectores indispensables, como el alimenticio, el comercio y la agroindustria. Y en esto será fundamental la cooperación entre las naciones, ya que no se trata de actividades puramente individuales, sino ligadas al progreso total de la humanidad.
Argentina debe ver en la Economía del Conocimiento un sector clave para el desarrollo nacional y no reducir su mirada a que es una actividad que simplemente ayudará a equilibrar las arcas del Estado. Estamos ante la oportunidad de que el progreso tecnológico —desarrollado con nuestro propio valor agregado— se traduzca a miles de puestos de trabajo y cientos de empresas asentadas en nuestro territorio.
Una política de Estado desarrollista requiere arbitrar los medios para que las empresas del conocimiento no pierdan los beneficios adquiridos. El crecimiento de la ciencia y la tecnología, y su consiguiente aplicación al bien común del país, tiene un único destino: el éxito argentino.
