Discurso transmitido por el Presidente del Comité Nacional doctor Arturo Frondizi, por L.R. 3 Radio Belgrano, el 27 de julio de 1955.
En mi carácter de Presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (1) me dirijo al pueblo de la República para exponer la conducta del Radicalismo en esta hora difícil para la Nación.
El señor Presidente de la República anunció su propósito de pacificar el país, y solicitó la opinión de los partidos políticos. La Mesa Directiva del Comité Nacional dió a conocer, inmediatamente, sus puntos de vista, ratificando el contenido de su declaración del 29 de junio pasado, en el que afirmó que no puede haber pacificación del país si previamente no se restituyen al pueblo todas sus libertades.
La respuesta de la Unión Cívica Radical está dada, por otra parte, por más de sesenta años de actuación política en defensa de los ideales e intereses del pueblo argentino. Por lo tanto, para el Radicalismo las bases de la pacificación no pueden ser otras que las finalidades por las cuales viene combatiendo desde el instante de su avenimiento a la vida nacional.
Asimismo, debe recordarse que la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, en su sesión del día 8 de diciembre de 1952, dictó una resolución en la que afirmó, de modo categórico, la necesidad de la convivencia entre los argentinos. En esta oportunidad se dispuso «Formular un solemne llamamiento al sentimiento de responsabilidad nacional para que, con visión de Patria, se restablezcan las condiciones de convivencia y de unión entre los argentinos, que se basan en el retorno leal a la Constitución y en la vigencia efectiva de las garantías que configuran el clima de dignidad humana». En eso estábamos entonces. En eso estamos hoy.
CUATRO ADVERTENCIAS
Antes de recordar cuales son esas finalidades y los requisitos institucionales de la pacificación, deben formularse cuatro advertencias.
Primera advertencia: desde su advenimiento a la vida cívica argentina, el Radicalismo ha bregado desde el llano y ha propugnado desde el gobierno el cumplimiento total y la vigencia plena de la Constitución Nacional. Por ello entiende que la pacificación debe venir hoy por el camino de una recta aplicación de la Constitución y no acepta, bajo ningún pretexto, soluciones que de cualquier manera, restrinjan o violenten el sistema representativo, republicano y federal.
Segunda advertencia: no entraré al examen de las causas determinantes del drama nacional. Al Radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. No viene a expresar agravios ni a exhibir culpabilidades sino a exponer las grandes ideas en torno de las cuales será posible el reencuentro de los argentinos. Por lo demás, nuestra lucha nunca estuvo dirigida contra personas o grupo de personas, sino contra sistemas políticos y sociales del pasado y del presente que, si subsistieran, negarían altura y nobleza al porvenir.
Tercera advertencia: La pacificación no puede ni debe ser una nueva forma de sometimiento. Queremos la paz pero no a costa de la libertad ni de la renuncia a nuestros ideales democráticos. Desde ya afirmamos que, antes de sacrificar una sola de esas reivindicaciones preferimos ser perseguidos por nuestra lealtad a la causa del pueblo y no gozar de la tranquilidad cómplice que pudiera obtenerse, traicionándolo.
Cuarta advertencia: La Unión Cívica Radical señala y exige hechos concretos. La pacificación sólo podrá resultar del cumplimiento de un conjunto de condiciones objetivas que moralicen y democraticen al país. Moralización y democratización que ninguna promesa verbal puede sustituir.
EL PUNTO INICIAL
Hechas estas salvedades, puedo ya referirme a las medidas concretas indispensables para crear un clima de paz que permita la discusión elevada y constructiva de los grandes problemas nacionales, de las doctrinas y de los programas de gobierno.
Declaramos firmemente que no podrá haber pacificación mientras no se adopten medidas urgentes que restablezcan la vigencia plena de la Constitución. El primer paso en este sentido, inexcusable e inmediato, es el levantamiento del estado de guerra interno, cuya derogación reclamamos desde hace más de tres años.
Y será siempre fuente de perturbación la existencia de argentinos separados violentamente de sus hogares por razones de militancia política. Esto hace también necesaria la sanción inmediata de una amplia amnistía que comprenda a cuantos sufren persecución, cárcel o destierro, por haber defendido sus ideales.
LOS BIENES VULNERADOS
Estos actos, que son urgentes e inexcusables, deben preceder a medidas concretas que configuren una reparación de los bienes sociales fundamentales: la moral, la libertad, la justicia, la democracia, la cultura y la soberanía política y económica. Lo contrario significaría agudizar el padecimiento nacional, agravar las causas de rebeldía, y exponer al país a los riesgos de nuevos estallidos de violencia.
En virtud de ello, afirmamos:
La pacificación obliga a moralizar: el peculado y el soborno pueden servir para afianzar un poder político en forma inmediata, pero minan las bases de sustentación de la nacionalidad. Es, pues, indispensable y urgente restaurar los fundamentos éticos de nuestra convivencia y despejar la atmósfera de corrupción que envuelve a la vida del país. La Nación exige, con urgencia, austeridad republicana en sus hombres y en el funcionamiento de sus instituciones.
La pacificación obliga a liberar: solamente en la plena vigencia de las garantías jurídicas y de las condiciones sociales que permitan ejercerla – temor a la represión -, a todos los hombres y mujeres, los derechos de pensar, de profesar su culto, de reunirse, de asociarse, de publica y difundir ideas, y de todos aquellos derechos que la letra de la Constitución asegura y la dignidad humana exige, podrá restablecerse una convivencia civilizada. Para ello, deben ser derogadas todas las disposiciones legales y policiales creadas para limitar o suprimir las libertades esenciales: decreto de seguridad del Estado; ley de espionaje y sabotaje; ley de residencia; ley reglamentaria de reuniones públicas y demás disposiciones concordantes. Debe abolirse la afiliación partidaria compulsiva y suprimirse las contribuciones forzosas de salarios o aportes especiales que deben realizar obreros, empleados, profesionales y comerciantes con destino a organizaciones del partido oficialista. Para afirmar el concepto democrático de la libre agremiación, deben levantarse las intervenciones que pesan sobre los sindicatos y devolver su plena autonomía a las organizaciones de trabajadores.
Para que nadie tema el futuro, nosotros aseguramos que nadie será castigado por el hecho de haber estado obligatoriamente afiliado a una organización política oficialista. Y ello es así porque lo que el Radicalismo quiere es reparar y no castigar.
La pacificación obliga a restaurar la justicia: cuando al justicia se convierte en instrumento de partido y en medio de persecución, pierde sus funciones eminentes de guardiana de la ley y de la igualdad. Destruida la independencia de poderes no hay garantías para el ciudadano y queda abierto el camino del prevaricato y de la corrupción.
El país necesita jueces sin afiliación política, que resguarden los derechos de todos los habitantes.
La pacificación obliga a democratizar la vida política: debe terminar la identificación entre el Estado y el partido oficialista de modo que los poderes públicos y los funcionarios se mantengan como jueces en los procesos políticos electorales y no como actores que favorecen a uno de los grupos actuantes. Deben restablecerse las bases federales y comunales de nuestra organización política, células básicas de la democracia argentina. Las disposiciones sancionadas para trabar la acción y hasta la existencia de las agrupaciones opositoras deben ser abolidas. La ley electoral vigente, que burla los pronunciamientos electorales y priva de representación a grandes contingentes populares y contribuye a posibilitar la mediatización de las Cámaras Legislativas, debe ser derogada. En cambio, debe crearse normas que aseguren la igualdad de todos los partidos y les permitan vida plena y autónoma, y sistemas electorales basados en la experiencia política argentina que, necesariamente, debe conducirnos a la restauración de la Ley Saenz Peña. Esto debe completarse con nuevos padrones realizados con el control de los partidos políticos. Debe permitirse que todos los partidos hagan llegar su palabra y su prensa a todos los ámbitos para difundir su denuncia, su mensaje o su aplauso. Mientras esto no se haga, toda consulta electoral estará sospechada de fraude. Y, producido el pronunciamiento popular en condiciones democráticas, debe respetarse su resultado cualquiera fuere – por Gobierno y partidos – sin allanamientos de autonomías como ha ocurrido con las comunas bonaerenses y cordobesas intervenidas.
La pacificación obliga a defender la cultura argentina: Los establecimientos de enseñanza, escuelas, colegios y universidades, utilizadas ahora para difusión de propaganda política, deben tener, en cambio, como función primordial, contribuir a la formación de la personalidad humana y ser objeto de una profunda transformación educacional con sentido pedagógico, popular y nacional, sin olvidar, desde luego, la plena autonomía universitaria. Así lo quiso la Reforma Universitaria de 1918, que el Radicalismo auspició desde el Gobierno y que la Unión Cívica Radical se ha comprometido a reponer. Debe cesar la persecución a estudiantes, maestros, profesores, científicos, técnicos, artistas e intelectuales y contra las agrupaciones culturales independientes, que condenó a los primeros al silencio, al confinamiento o a la expatriación, y clausuró o deshizo a las segundas. En el mundo contemporáneo, el desarrollo de las naciones y de los pueblos está íntimamente ligado al mantenimiento de altos nivele científicos, técnicos, filosóficos y artísticos. Para que la investigación científica y técnica, y la creación filosófica y artística se desarrollen en nuestro país hace falta libertad y la eliminación de toda discriminación política. Y, solamente en la plena vigencia de la libertad de creación y de investigación, el espíritu nacional encontrará la senda de su recuperación y de su engrandecimiento.
La pacificación obliga a defender la soberanía económica: la Unión Cívica Radical exige el rechazo del proyectado convenio con una empresa petrolera foránea, porque ese convenio enajena una llave de nuestra política energética, acepta un régimen de bases estratégicas extranjeras, y cruza la parte sur del territorio patrio con una ancha franja colonial, cuya sola presencia – si el convenio se sancionara – sería como la marca física del vasallaje. Sostenemos que Yacimientos Petrolíferos Fiscales está en condiciones de satisfacer las exigencias del consumo si se le facilitan los equipos que necesita y que el país puede pagar. Estas política del petróleo, complementada con el aprovechamiento integral del potencial hidroeléctrico, nos permitirá alcanzar la autonomía energética y la preservación de los yacimientos de uranio argentino, hoy amenazados, y abrirá insospechadas perspectivas a nuestro futuro industrial (2).
LAS TRANSFORMACIONES DE FONDO
Todas estas condiciones, una vez satisfechas, creará el clima de libertad que el país necesita para alcanzar la paz interior. Alcanzada la paz, no terminan las obligaciones de los partidos políticos, pues, cada uno debe expresar, con lealtad, las transformaciones de fondo que se propone realizar. La democracia no quedará definitivamente asegurada hasta que no se eliminen las raíces sociales, culturales y económicas que han hecho posible tanto dolor argentino.
La Unión Cívica Radical no quiere que perdure el sistema que ha llevado al país a esta difícil encrucijada, ni acepta volver al régimen del 3 de junio de 1943, contra el cual combatió durante 13 años. La disconformidad del Radicalismo con el presente no significa conformidad con el pasado que hizo posible este presente. Para que la Argentina puede desarrollarse conforme los dictados de su historia y de su realidad física y humana, la Unión Cívica radical sostiene que deben cumplirse transformaciones profundas, contenidas en sus formulaciones programáticas, referentes a la política cultural, económica, social e internacional del país.
ASPECTOS ECONÓMICOS
A lo largo de nuestra historia, los privilegios económicos representados por el latifundio, el monopolio y la penetración imperialista han actuado como factores paralizantes. Junto a ellos ha ido desarrollándose una burocratización excesiva que gravita sobre las actividades privadas, cuya libre iniciativa es comprimida en toda suerte de restricciones y de complicadas discriminaciones administrativas. El desarrollo nacional exige bases económcias renovadas que alcanzarán, en buena parte, la extirpación de privilegios, de monopolios, y por la sanción de una profunda reforma agraria.
Asimismo es indispensable promover una industria diversificada que abarque todos los aspectos del consumo nacional, desde la industrial liviana hasta la industria pesada. Esta industrialización debe sustentarse en un indispensable desarrollo de la economía agropecuaria. La estructuración económica debe basarse en las formas democráticas de control popular, que excluyan los peligros de la burocratización, aseguren la eficiencia de las actividades económicas realizadas y resguarden todas las fuerzas positivas de la economía nacional dentro del ámbito de su capacidad creadora.
ASPECTOS SOCIALES
La revolución argentina, iniciada en 1810, no ha concluido aunque ha sufrido detenciones y desvirtuaciones. Su proceso coincide con el de una revolución y transformaciones mundiales, en pleno desarrollo, en el que juegan parte primordial, los aspectos sociales. La afirmación que ha hecho el señor Presidente de la República, de que los partidos populares respetarán y perfeccionarán las conquistas sociales, es, en lo que interesa al Radicalismo, completamente exacta. No es posible retroceder un paso en ese terreno, antes bien por el contrario, muchos pasos deberán ser dados hacia adelante.
Volver a un régimen de libertad no supone retornar a viejos criterios conservadores. La libertad no es una mera expresión formal. Para ser plena y efectiva debe penetrar hasta el fondo de las relaciones sociales y eliminar ellas las causas de la inseguridad, de la expoliación, del atraso económico y del desamparo moral. Cuando la Unión Cívica Radical habla del perfeccionamiento de las conquistas que los obreros lograran en los años de lucha quiere decir tres cosas:
Primero: que abarcarán a todos los sectores de la población y brindarán cada vez mayor participación en la vida nacional a más personas.
Segundo: que comprenderán más aspectos de la vida social e individual de modo que quienes trabajen estén realmente protegidos en todas las etapas de su existencia.
Tercero: que tendrán base nueva, porque dependerán no de la voluntad de un hombre o de un partido, sino de la ley y de la existencia de poderosas organizaciones sindicales fundadas en la libertad de agremiación, investidas del derecho de huelga, y liberadas de dirigentes al servicio de un partido. Los gobernantes, los políticos o los partidos que por medios directos o indirectos procuren limitar el poder de las organizaciones obreras y el mejoramiento de los trabajadores, están destinados a fracasar ruidosamente. Los movimiento sindicales en el país y en el mundo entero son uno de los motores más poderosos que mueven el proceso histórico contemporáneo, tanto en el campo social, como en el económico y en el político.
ASPECTOS INTERNACIONALES
Con referencia a la política internacional, el país no puede marchar por el camino sigzagueante que la ponga, alternadamente, a merced de uno a otro imperialismo. Asimismo, no se debe especular con la posibilidad de una guerra mundial que venga a postergar la solución de los grandes problemas nacionales. La Nación Argentina debe tener una política internacional independiente, específica y afirmativamente propia, basada en la comprensión de que la soberanía política del país, la soberanía económica y la soberanía del pueblo son conceptos indisociables. Es necesario realizar estas tres formas de soberanía y afianzar sobre ellas una política internacional que fortalezca la hermandad solidaria con los pueblos de nuestra América, y que permita actuar a la Argentina como lo quiso Yrigoyen, al servicio de la democracia y de la confraternidad de los pueblos del mundo y de los valores que resumen la causa del género humano.
HACIA LA EMANCIPACIÓN DEMOCRÁTICA
En esta tarea de realización democrática y emancipadora, única que hará perdurable la paz interior, es imprescindible que junto a los partidos políticos actúen los grandes sectores sociales integrantes de la Nación: las fuerzas del trabajo, las fuerzas de la producción, las expresiones del espíritu y de la fe, los intelectuales y las fuerzas armadas.
Por el papel que en las actuales circunstancias históricas desempeñan, me referiré a las fuerzas armadas y a los organismos sindicales. Las fuerzas armadas, creadas, sostenidas e integradas por el pueblo argentino para la defensa de la soberanía y de la Constitución Nacional, no deben intervenir en política, pero tampoco deben amparar a los regímenes que suprimen las libertades o atentan contra la soberanía del país. Aunque deban progresar materialmente, utilizando todos los adelantos de carácter técnico, nunca deben perder la gran tradición de los ejércitos de la Independencia, que sirvieron a la causa de la libertad de los pueblos y no la causa de su sometimiento. Fueron esos mismos ejércitos de la Independencia los que sirvieron, en los hechos, a la democracia de América, de nuestra América, como principio nacional. En el cumplimiento de la gran misión democrática de las fuerzas armadas hallarán el sentido de su participación en la vida nacional y así, al garantizar la integridad del territorio y la integibilidad de sus instituciones de justicia y libertad, fortalecerán las raíces de nuestra independencia, de nuestro modo de vida democrático y de nuestra prosperidad.
Las organizaciones sindicales, libremente constituidas y libremente desarrolladas, integradas por hombres y mujeres que participen libremente en la vida política del país, servirán de fermento del renacimiento democrático y de la transformación social. Como representación legítima de las fuerzas del trabajo, las organizaciones sindicales contribuirán contribuirán al desarrollo nacional con su participación activa en la dirección de la vida económica; en la defensa del patrimonio nacional y en la vigorización de las instituciones democráticas. Los trabajadores estarán, así, unidos con los hombres de ciencia, con los técnicos, con los artistas, con los productores, con los soldados, marinos, aviadores; con todos los argentinos que quieren el bien de la patria.
En este proceso transformador y creador, afirmado en un programa de gobierno coherente y consecuente, y respaldado por un pueblo alerta en su vigilia armada y en su esfuerzo cotidiano, todos los argentinos, sin distingos de credos religiosos, ideologías políticas u opiniones personales, podrán aportar su solución a los problemas del país, con tolerancia, con respecto, con dignidad.
REPUDIO A LOS ACUERDOS
Ésta es la respuesta que la Unión Cívica Radical da al Gobierno, pero para que la conozca todo el pueblo de la República: la da en la forma impuesta por la tradición y la naturaleza de su fuerza cívica.
Como algunos sectores políticos consideran útil alcanzar una convivencia sobre la base de acuerdos de dirigentes, conviene decir una palabra sobre este aspecto del problema. De la encrucijada en que se encuentra el país no podrá salirse mediante acuerdos de dirigentes, pactados a espaldas del pueblo. La conciliación entre dirigentes siempre conduce a un acuerdo en detrimento del pueblo, sobre el que se pretende descargar el peso de los errores y de la crisis.
La oposición del Radicalismo a discutir la actual situación argentina en sus reuniones de dirigentes políticos se funda en un profundo sentido democrático y en una arraigada confianza en la intuición y sagacidad del pueblo. Sería realmente reconfortante que el país pudiera asistir a un debate público de ideas y de propósitos entre gobernantes y partidos. Si realmente se quiere la libertad es incomprensible que se pueda temer esa libre discusión. Los radicales no la tememos por nuestra profunda fe en la fuerza creadora de los ideales que sustentamos. Tampoco queremos ni aceptamos participaciones en gobiernos. En su hora, el pueblo decidirá quienes dirigirán los destinos del país. El viejo molde de la conciliación otrora practicada por núcleos regresivos de la Argentina, que supone la participación en el poder y recíproco encubrimiento, está proscripto para la Unión Cívica Radical.
Para impedirlo, el Radicalismo reclama la discusión pública y somete su pensamiento y conducta al juicio popular.
Queda dicho el pensamiento de la Unión Cívica Radical y su posición: que el Gobierno y cada uno de los sectores de la opinión pública hagan lo propio. En el libre debate de las ideas y de los programas está la solución del problema que angustia a la vida nacional. La pacificación sólo será posible si se cumplen las finalidades que ha expuesto la Unión Cívica Radical. Nadie podrá encontrarse con el Radicalismo si no es en defensa de la democracia, de los grandes ideales sociales, y de los intereses permanentes e intransferibles de la nacionalidad.
La definición está dada para el país, desde el Radicalismo: con profunda fidelidad a sus contenidos emocionales y a su trayectoria histórica, pero con el corazón y con la mente puestos en la Patria y en el pueblo. Aún cuando el Radicalismo no dispone del poder material, es dueño de una inmensa fuerza moral. No ha de malversarla. Por eso su conducta se inspira en la angustiada esperanza del país, del pueblo y del hombre argentino que ansía vivir, en plenitud, sus derechos democráticos, emancipado del odio y del temor, y liberada del peso de todo privilegio cultural, económico y social.
Sepa el Gobierno cumplir el deber argentino que le demanda la hora actual. La Unión Cívica Radical sabe cumplir el suyo.
(1) El discurso de Arturo Frondizi en Radio Belgrano tuvo lugar el día 27 de julio de 1955, durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. El Presidente de la República había convocado a las fuerzas de la oposición para iniciar un proceso de pacificación. Frondizi era, en ese entonces, el Presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Todavía no se había producido la fractura entre UCRI y UCRP.
(2) Esta posición en torno a la política petrolera sería modificada en el transcurso de los 3 años entre este discurso y la asunción de Frondizi como Presidente de la República.
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