Tras tres meses de las elecciones generales en España donde el Partido Popular (PP) fue la fuerza más votada, pero no logró los escaños ni los apoyos suficientes para formar Gobierno, el rey Felipe VI le encomendó la formación de un nuevo gobierno al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), segundo en los comicios. Los socialistas, luego de meses de arduas y polémicas negociaciones con las formaciones independentistas, generaron los apoyos necesarios para que el actual presidente Pedro Sánchez pueda ser nombrado nuevamente presidente del Gobierno, cuya investidura será entre el próximo miércoles y jueves.
Sin dudas, Sánchez ha demostrado una vez más que es un ajedrecista de la política. El socialista en una jugada audaz, tras la debacle de las elecciones autonómicas y municipales del 28-M, pasó rápidamente la página de la derrota, al no dejar saborear la victoria al líder popular, Alberto Nuñez Feijóo, con el adelanto de los comicios para el 23-J. Se trató de una jugada arriesgada que supo tener la templanza, el cálculo electoral y la lectura suficiente de una parte de la sociedad española que sabía que le iban a depositar el voto de confianza al PSOE y en cierta medida a la reciente coalición de partidos de izquierda Sumar, liderada por la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz.
Si bien el PP fue entonces el más votado: logró el 33,1 por ciento de las urnas que equivalen a 137 bancas en el Parlamento, ni con los escaños propios ni con un eventual acuerdo con Vox, que no tuvo una buena elección obtuviendo 33 asientos más el escaño de la Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el de Coalición Canaria. A pesar de que la idea del PP era gobernar en solitario, ni siquiera con el apoyo de la extrema derecha se alcanzaban los 176 escaños necesarios para formar Gobierno. Fue una victoria con sabor a nada.
Como señala la Constitución el rey Felipe VI convocó a la formación más votada para formar un nuevo ejecutivo. A pesar de los intentos en vanos del líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, se presentó ante el Congreso de los Diputados para lograr su investidura, pero sin los escaños suficientes fracasó en su intento y dejó vía libre a la segunda formación política más votada: el PSOE, que consiguió el 31,7 por ciento de los votos (121 diputados de su partido en el Parlamento), para buscar los consensos necesarios para continuar en el cargo.
Aquí comenzaba para el todoterreno político, maquiavélico para otros, Pedro Sánchez, el desafío de lograr los votos faltantes. La polémica giraba en que más allá de sus aliados tradicionales, para lograr dicho objetivo, el PSOE debía alienar a los partidos independentistas catalanes Esquerra Republicana y Junts. Ambas formaciones sumaron 7 escaños cada una; la izquierda abertzale vasca EH Bildu obtuvieron 6 bancas, la derecha vasca del Partido Nacionalista Vasco (PNV) 5 diputados y un escaño los regionalistas Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y Coalición Canaria. Fueron más de cinco semanas de tensas y arduas negociaciones rodeadas de acusaciones de traición por parte de la oposición y voces internas en contra sumado a actos de violencia en toda la península ibérica.
El primer escollo, que era ponerse de acuerdo con EH Bildu, fue superado por Sánchez con el entendimiento conjunto de «frenar a la ultraderecha es un mandato democrático» y los socialistas ofrecieron concesiones. El acuerdo con la izquierda vasca despertó indignación en la derecha y sectores de la sociedad española que acusó el pacto de “indignante” y de deshonrar a las víctimas de ETA.
Aún le quedaba por delante a Sánchez la compleja negociación con los independentistas catalanes. Ceder para obtener ganancia fue la única estrategia ante las exigencias catalanas. La negociación con Esquerra Republicana giró alrededor de formar una nueva mesa de diálogo y un acuerdo sobre la ley de amnistía. Además, el socialdemócrata cedió el traspaso de Rodalies, el servicio ferroviario de Cercanías, que pasaría del Ministerio de Transportes a la Generalitat donde gobierna Esquerra Republicana y la condonación del 20% de la deuda contraída por Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómica, lo que supondrán unos 15.000 millones de euros que la Generalitat no tendrá que devolver al Estado, además de 1.300 millones en intereses. El acuerdo permite a Cataluña poder salir a los mercados internacionales para pedir préstamos. Esta medida puntual está contemplada para que accedan todas las comunidades autonómicas de régimen común con la excepción del País Vasco y Navarra.
Con estos primeros arreglos Sánchez se aseguraba los 6 escaños de EH Bildu y los 7 de Esquerra Republicana. Ya contaba con el apoyo de Sumar y sus 31 bancas, formación con la que formara un cogobierno. Por delante, a Sánchez le quedaba superar su mayor escollo y clave para lograr el quorúm: la complicada negociación con el líder de Junts, Carles Puigdemont, el expresidente catalán que huyó de España en 2017 cuando organizó un referéndum de autodeterminación ilegal y declaró unilateralmente la independencia de Cataluña. Para escapar de la cárcel Puigdemont se exilió en Bélgica donde vive hace seis años en Bruselas. Desde el 2019 es diputado en el Parlamento Europeo.
La capital belga, Bruselas, fue la sede de las tensas negociaciones para lograr un entendimiento con Puigdemont que posibilitará la reelección de Sánchez. Entre idas y vueltas en varios puntos específicos finalmente Puigdemont logró imponer su agenda: la polémica ley de amnistía que borre los delitos cometidos por aquellos que estuvieron involucrados en los intentos de separar a Cataluña del resto de España desde 2012 hasta el día de la fecha. Pero, además, el acuerdo incluye la posibilidad de negociar un referéndum de autodeterminación para que los catalanes opinen si quieren la independencia o no, y el nombramiento de un mediador internacional que siga el desarrollo y cumplimiento de lo acordado.
JORGE GUERRERO – AFP
Ni bien se conoció el alcance de los acordado con Junts se alzaron voces en contra del acuerdo tanto de la oposición como dentro de las filas internas del PSOE. Básicamente por sumar esos votos Sánchez comprometió la integridad del Reino de España.
Dos dirigentes históricos del PSOE, el expresidente de Gobierno, Felipe González, y su mano derecha, Alfonso Guerra, manifestaron su oposición frontal y total a la amnistía, e incluso dedicaron a Sánchez adjetivos como “desleal”. Además, algunos barones territoriales actuales, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o el expresidente de Aragón, Javier Lambán, también mostraron su disconformidad. En el caso puntual de García-Page manifestó: “Si hay que plantar batalla, lo haremos. No vamos a dejar pasar que se haga una relectura de la Constitución española”.
“Me opuse y me pongo al concepto de amnistía porque significa borrar un delito sin que se hayan rendido cuentas. Ahora veo que hay algo peor que borrar el delito y que es el intento de reescribir lo que ha pasado. Discrepo por completo del relato”, sentenció el presidente de Castilla-La Mancha.
En la vereda de en frente, el PP, con su líder Feijóo a la cabeza, convocó a marchas multitudinarias contra la amnistía como la que se vivió el domingo en varias capitales del país. Por su parte, la ultraderecha de Vox incitaron a manifestaciones pacíficas que se volvieron violentas con la aparición de nostálgicos del franquismo que con canticos entonando el Cara al Sol, el himno de la Falange española, generaron hechos de violencia durante varias noches frente a la sede madrileña del PSOE, sobre la calle Ferraz del barrio de Argüelles, con heridos y varios detenidos. También, desde Vox en la voz de su líder, Santiago Abascal, llamó a “la movilización y resistencia constante en el tiempo”.
Desde el Poder Judicial el acuerdo del PSOE con Junts encontró resistencia porque permite la creación de comisiones de investigación que detecten posibles casos de lawfare, es decir, de causas en las que se utiliza a la Justicia para favorecer o perjudicar por cuestiones políticas.
Sin embargo, nada de esto le importa a Sánchez, que también supo lograr los apoyos del PNV, BNG y de Coalición Canaria. Con estos apoyos que suman 179 votos a favor, tres más de los necesarios, el socialista, de 51 años, será investido presidente del Gobierno, entre miércoles y jueves, dando comienzo a su tercer mandato a cargo de la Moncloa y al segundo cogobierno de la historia desde la vuelta a la democracia.
Quedó demostrado una vez más que nunca se lo puedo dar por muerto a Pedro Sánchez y que esta dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder. Así lo marca su historia política. El futuro dirá el costo político y social de sus concesiones a los independentistas catalanes y los partidos regionales. Sobre sus espaldas muestra con orgullo que la economía española recuperó los niveles previos a la pandemia y en el primer trimestre del año creció un 4,2% interanual, la reforma laboral, la Ley de la eutanasia, los avances en derechos de las mujeres, la revalorización de las jubilaciones de acuerdo con la inflación, el aumento del salario mínimo —que subió un 8% en 2023 y un 47% en los últimos cinco años—, y el control del precio del gas y de la electricidad. Con políticas progresistas y de distribución Sánchez , que son ampliamente cuestionadas por los sectores más conservadores y liberales, continuará por esta senda para poder mantenerse en el poder, aunque deberá mantener contentos a sus socios políticos que ya anticiparon: “Pedro Sánchez durará lo que dure su palabra”, fue la advertencia de la presidente de Junts, Laura Borras.
