En la apertura de sesiones ordinarias, Javier Milei “convocó” a celebrar el denominado “pacto del 25 de Mayo”. Dentro de sus lineamientos, que están condicionados a la aprobación de la denominada “Ley Ómnibus”, nada se dice sobre producción ni educación.
Esto no hace más que traslucir parte del programa de gobierno hasta ahora desconocido. Que Educación no esté entre los puntos citados en la convocatoria nos marca en forma clara a qué apuntan las reformas propuestas y lo lejos que esta el “programa” del gobierno nacional del desarrollo argentino tanto productivo como humano.
En cualquier etapa de la historia, en cualquier rincón del mundo, hay una premisa que no cambia, es que la historia demuestra una y otra vez que “un paso previo al desarrollo del país es el desarrollo humano de sus ciudadanos”, siendo la educación como política de estado el único camino lograr dicho objetivo.
Hoy mas que nunca el potencial de una nación está determinado, en gran medida, por el desarrollo de su capital humano, que es el resultante de la formación educativa de su población, de tal manera que garantizar el acceso a la educación, en toda las etapas de la vida, es condicionante del desarrollo económico y del propio desarrollo personal.
Resolver inequidades y desigualdades
Un repaso rápido por nuestro sistema educativo nos demuestra que la calidad de la educación a la que se accede, conforma en la actualidad una de las deudas del sistema educativo argentino. Esto se manifiesta en su incapacidad para revertir las desigualdades sociales de origen, que no solo se manifiestan de forma individual, sino que también se observan con claridad entre las provincias.
En cada análisis del sistema vemos que existen tensiones entre los diferentes objetivos, de contención e inclusión con la enseñanza de calidad, otorgándole en muchos casos prioridad a los primeros como respuesta al condicionamiento que la realidad social del país imprime sobre el sistema educativo. Hay problemas de inequidad y segregación en cada rincón del sistema educativo, los que se manifiestan de diversos modos, desde la diferencia en la calidad de las escuelas hasta las diferencias de desempeño de los alumnos según el nivel socioeconómico o la provincia donde nacieron.
A este diagnóstico se le suma una complicación extra, la problemática educativa tiene una baja presencia en la agenda política y social, siendo condicionante en las decisiones de quien tiene a cargo una función pública el rezagado protagonismo que la sociedad le otorga frente a temáticas que se destacan en la agenda pública.
Una responsabilidad nacional
En nuestro país, a pesar de la pretendida declaración como servicio esencial de la educación, el gobierno nacional ha manifestado, una y otra vez, su posición de que la educación no es responsabilidad de las autoridades nacionales sino de las provincias, desentendiéndose de alguna manera de la responsabilidad de conducción de un país federal o por lo menos reduciendo el hiper presidencialismo del sistema argentino a la estabilización de la macro, por lo menos en la parte discursiva.
Desde la asunción de la nueva gestión del gobierno nacional se ha pretendido reversionar y resignificar el sentido que el constituyente le dio a la centralización original, pretendiendo transformarla en una cualidad del estado nacional para condicionar a las provincias.
Este principio bajo el cual el constituyente de 1853 organizó nuestro país se basa en concebir al estado nacional y a las provincias como una unidad sólida que comparten la misma suerte, debiendo trabajar en forma conjunta para lograr el bien común.
Tener presente el rol de cada uno y la importancia saberse parte de un estado federal resulta fundamental para enfrentar la inequidad educativa, ya que en un país como el nuestro donde la gestión de los sistemas educativos está a cargo de los gobiernos provinciales (lo que muchas veces termina generando mayores inequidades), no solo plantea importantes desafíos, sino que resulta irracional enfrentarlos sin un trabajo articulado entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
La problemática excede el berrinche adolescente post fracaso del tratamiento parlamentario de la denominada “ley ómnibus”, que incluyó la suspensión de los aportes del gobierno nacional al pago del salario de los docentes en las provincias.
El gobierno nacional en su decisión de desentenderse de la educación como política de estado, olvida que la equidad e igualdad educativa cuentan con una garantía federal que lo hace responsable frente a las brechas existentes, ya sean económicas, geográficas o culturales, las que se traducen en niveles de rendimiento dispares a lo largo y ancho de nuestro país.
Es esta garantía federal la que obliga al estado nacional en conjunto con las provincias a establecer mecanismos que propicien la igualación de oportunidades en la calidad educativa, lo que a simple vista puede ser contrario al dogma de que “el mercado todo lo puede” que se transmite desde el gobierno nacional.
La garantía federal del sistema educativo deriva de la denominada centralización original, que tiene como finalidad ser una herramienta que permita la realización de los principios del federalismo permitiendo a través de su rol distributivo corregir o reducir las diversas asimetrías, teniendo como eje constitucional la prioridad a un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades. Resaltando en este caso, el rol de la educación como herramienta irrenunciable para la integración de nuestro país, ya que el ser humano sólo puede realizarse en una sociedad que se realiza.
Necesidad de consensos
El gobierno nacional tiene una doble responsabilidad, ya no solo la garantía federal que implica ejercer su rol de gobierno central de un país federal, sino que hay un tema clave que lo individualiza como principal responsable del desarrollo del derecho a la educación en nuestro país. Quien conduce la política económica es responsable del impacto que la misma tiene en la sociedad por lo que condiciona el funcionamiento del sistema educativo y el ejercicio del derecho constitucional a la educación ya que, la educación en nuestro país asienta gran parte de su funcionamiento en el hogar de cada uno de los alumnos, por lo que las desigualdades e inequidades existentes en cada una de las familias terminan transformándose en desigualdades e inequidades en el acceso o en el ejercicio del derecho a la educación.
Un eje central es la trazabilidad que existe entre el ejercicio del derecho a la educación y el deterioro de los indicadores sociales que generan cada una de las medidas económicas se toman desde un escritorio de la Casa Rosada. Ya que dicho deterioro se manifiesta también en forma de inequidad educativa, siendo el principal condicionante del desarrollo futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad.
En este y en tantos temas estratégicos para nuestro país, debemos recordar que no es posible proyectar el desarrollo de un país sin generar consensos básicos que permitan lograr la continuidad de políticas de estado a través del tiempo y los procesos políticos. La cuestión educativa no puede estar ausente del debate interno que nos debemos los argentinos.
Debemos tener en cuenta que el desafío exige más que voluntarismo y marketing político ya que para que la coordinación, la discusión, la argumentación y los acuerdos sean efectivos se requiere no sólo un conjunto de reglas claras, sino también una cultura política todavía por construir en un país como el nuestro, tan propenso al conflicto, las posturas excluyentes y la fragmentación de las posiciones.
Es necesario construir consensos comunes que se articulen con las diversidades. Un país federal no es un conjunto de partes sin un todo, de ahí que sea imposible corregir ciertas desigualdades y desequilibrios pretendiendo impulsar un programa que tenga su eje en la descentralización de la gestión y en el desentendimiento de la misma por parte de quien representa al conjunto.
Uno de los grandes desafíos del desarrollo argentino, al igual que lo hicieron las naciones desarrolladas del mundo, está en tener a la educación no sólo como un aliado indispensable, sino también como una pieza insustituible de un proyecto de desarrollo. Siempre sabiendo que la educación de calidad para todos constituye una condición necesaria para la construcción de sociedades más justas.
Por ello resulta un deber para los diferentes sectores de la sociedad el exigir que el punto principal de cualquier “pacto” debe ser la educación, ya que es el único camino que conduce al desarrollo.
