Argentina presenta un enorme potencial de crecimiento económico. Sin embargo, para evitar repetir errores del pasado, es crucial consolidar instituciones que promuevan un desarrollo sostenible y equitativo. Una de las claves radica en profundizar en la calidad regulatoria y la evaluación de políticas públicas, superando el modelo de instituciones extractivas, tal como plantean los premio nobel Acemoglu y Robinson en «Por qué fracasan los países» (2012). En su reconocida obra los autores contrastan a estas con las instituciones inclusivas, que son aquellas que permiten y fomentan la participación amplia de la población (incluidas toda la gama de actores de poder) en la actividad económica y política, protegiendo los derechos de propiedad y promoviendo la igualdad de oportunidades.
Diagnóstico: El Estado Argentino y sus desafíos
Nuestra economía se caracteriza por una prolongada inestabilidad, reflejada en recurrentes recesiones y altos niveles inflacionarios. A pesar de un incremento en la inversión social, la pobreza persiste (la media es superior al 25%, con picos por encima del 50%), evidenciando la ineficacia de las políticas implementadas. Un sector informal considerable (superior al 50% del empleo), junto a una alta proporción de empresas no registradas, impacta negativamente en la recaudación efectiva tributaria, que si bien es alta como porcentaje del PBI, resulta inferior a la de otros países de la región.
En los últimos 70 años, Argentina fue el país con mayor cantidad de años en recesión del mundo.
La pobreza estructural se mantiene por encima del 25%, con picos superiores al 50% durante las crisis.
A pesar de un aumento constante en la inversión social, la situación no ha mejorado significativamente.
La alta informalidad económica, con más del 50% de empleo informal y un porcentaje significativo de empresas no registradas, afecta la recaudación tributaria, que, pese a ser alta, es menor que en otros países de la región. La inflación, también, representa un desafío considerable.
La alta presión tributaria total sobre la renta y las tasas de evasión impositiva son superiores a la de otros países de la región como Uruguay, Chile o Colombia, agravan este problema.
Calidad Regulatoria y Evaluación de Políticas Públicas: Claves para el cambio
La calidad regulatoria supone el diseño, implementación y revisión de regulaciones efectivas, eficientes y coherentes, que simplifiquen los procedimientos, reduzcan las cargas innecesarias y promuevan la innovación y el crecimiento económico.
Por otro lado, la evaluación de políticas públicas en un sentido restringido se centra en el análisis sistemático del impacto de las políticas ya implementadas, con el objetivo de mejorar su eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad (o no). Según la OCDE en el “OECD Recommendation on Improving the Quality of Government Regulation” la buena calidad regulatoria incluye claridad, simplicidad, consistencia con otras regulaciones, y la minimización de costos. A su vez, las políticas públicas basadas en evidencia promueven la confianza en las instituciones públicas
En Argentina, el concepto de «regulaciones razonables», basado en principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, aporta un marco jurídico importante. La razonabilidad es una pauta de control que determina el contenido esencial de los derechos y además es un mecanismo de argumentación de decisiones. Otros países han logrado avances significativos en la institucionalización de la evaluación de políticas públicas y en la promoción de la calidad regulatoria, como se puede observar en los ejemplos de México, Chile, Estados Unidos y el Reino Unido.
Experiencias de otros países
En diversos países, la evaluación de políticas públicas está institucionalizada y juega un papel clave en la gestión gubernamental. En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) evalúa este tipo de programas; en Colombia (que incluso tiene ciertos indicios en su Constitución Nacional), el Sistema Nacional de Evaluación y Gestión de Resultados (SINERGIA) mide el impacto de los principales programas gubernamentales; en Chile, el Sistema de Evaluación y Control de Gestión se centra en la eficiencia económica a través del Ministerio de Hacienda; en Estados Unidos, la Government Accountability Office (GAO) audita y evalúa el gasto público; y en el Reino Unido, la National Audit Office (NAO) controla el gasto público y mejora los servicios gubernamentales. Estas son algunas experiencias (CIPPEC, 2017) que muestran cómo la formalización estable de la evaluación basada en instituciones se utiliza para mejorar la eficiencia y la rendición de cuentas en las políticas públicas.
Algunos ejemplos de implementación de calidad regulatoria pueden verse en países como Estados Unidos, la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA, 1980) revisa las propuestas regulatorias de las agencias gubernamentales para asegurar consistencia con las políticas ejecutivas. En Perú, la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR, 2021) valida los resultados de la mejora regulatoria a través de herramientas como el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). En México, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER, 2018) promueve la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites para beneficiar el desarrollo económico. Estas oficinas evalúan procedimientos y proponen mejoras para optimizar el marco regulatorio y la transparencia en sus respectivos países.
El gobierno británico por su parte, mediante el Department for Business, Energy and Industrial Strategy, el 31 de enero de 2022 el publicó el “Economic Regulation Policy Paper”, un framework legal que dispone proveer regulaciones idóneas (focus), que provean estabilidad, previsibilidad y transparencia. En stricto sensu, los principios que enmarca fueron: responsabilidad, idoneidad, previsibilidad, coherencia, adaptabilidad y eficiencia.
Recomendaciones para Argentina
Para impulsar una Argentina próspera, se necesitan instituciones políticas y económicas que estén orientadas al desarrollo. Para esto, un marco normativo que establezca un procedimiento estandarizado para el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) y la evaluación de políticas públicas pueden ser importantes puntapiés. Además se debe promover un gobierno abierto, utilizando la ciencia de datos y con claros consensos no sólo entre la política sino también con otros actores de la sociedad (sector privado y sociedad civil).
Tener en claro qué debe hacer el Estado y que eso funcione correctamente, es consecuencia de la tarea nacional universal de consentir un presente argentino con sentido y sed de futuro.
Conclusión
La calidad regulatoria y la evaluación de políticas públicas son pilares esenciales para un futuro más próspero y sostenible para la Argentina. Las oportunidades que presenta nuestro país en el desarrollo de industrias como la energética, tecnológica o agroindustrial -entre otras- serán aprovechadas sólo si se avanza hacia una agenda de modernización del Estado y de su robustez institucional. Implementar las reformas necesarias, fortaleciendo la colaboración entre sectores y fomentando la participación ciudadana, permitirán un crecimiento inclusivo y duradero.
Por Felipe Costa Paz y Valentín Olavarría
