Desde el comienzo del gobierno de Javier Milei y en forma contundente a partir del comienzo del debate parlamentario originado por la ley de Bases… y su posterior vuelta a comisión “preterintencional”, uno a uno distintos miembros del gabinete, incluido el propio presidente y su particular forma de comunicar, han manifestado y develado el centralismo explícito que moldea su programa de gobierno, en algunos casos con una agresividad que no es propia del sistema democrático y que roza la torpeza o impericia política.
A pesar de lo nocivo que puede ser para el desarrollo de nuestro país, tal vez era necesario que un programa centralista se expresara con claridad para que las provincias comenzaran a buscar el camino de su autonomía real que les permita constituirse en guardianes del federalismo abandonando el tradicional rol de “delegados del gobierno central” que suelen ejercer muchos gobernadores.
A través de su faceta discursiva, el gobierno nacional ha intentado instalar un discurso que plantea la existencia de un estado central dueño y señor de los recursos económicos y a las provincias como beneficiarias de la limosna voluntaria del mismo.
No muy lejos en la historia y en los modos esta el denominado “federalismo de amigos”, que en definitiva es una especie de centralismo y tiene un poder destructivo del federalismo de iguales características. Al igual que el centralismo explícito ambos comparten modelos de distribución de recursos que en vez de formar parte de un programa de desarrollo se transforman en mecanismos de disciplina política. No es nuevo, esto en nuestro país es un sistema que ha madurado con el tiempo, lo que es novedoso es que sea explícito, que un gobierno lo haya incorporado como parte de su plataforma de ejercicio de poder.
¿Qué es lo que permite que este sistema perdure en nuestro país federal? El manejo de los recursos y el sistema en que los mismos se distribuyen sería la respuesta más sencilla, pero el análisis es más complejo.
La relación de coparticipación federal de impuestos entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales nace de un vínculo consensual de derecho constitucional, regulado por la misma Constitución como una verdadera garantía de los estados subnacionales.
En nuestro régimen constitucional tanto la Nación como las Provincias están dotadas de poderes tributarios originarios y genuinos, por ello resulta fundamental la coordinación fiscal.
El esquema originalmente ideado por los constituyentes de 1853-1860 no se ha mantenido invariable y el sistema de distribución de facultades tributarias entre Nación y Provincias ha sido objeto de innumerables transformaciones, producto del cual el poder central se ha transformado en un condicionante del desarrollo de las provincias. Proceso que incluyó desde la transferencia de servicios de la Nación a las Provincias sin los recursos correspondientes, la vulneración de la garantía de coparticipación del 34% cuya finalidad ha dicho la Corte es evitar que la Nación distraiga la recaudación de recursos coparticipables y fortalezca los no coparticipables, hasta la licuación de la masa coparticipable mediante la creación de impuestos no coparticipables pasando, entre tantos otros avances del centralismo en perjuicio de las provincias.
La centralización original, no fue ideada para condicionar a las provincias, sino que tenía como finalidad ser una herramienta que permita la realización de los principios del federalismo argentino. Dicha centralización y el efecto distributivo con el que debe ejercerse debía permitir a través de su rol distributivo corregir o reducir las diversas asimetrías en el marco del principio de solidaridad federal.
El espíritu de esa centralización lejos está del rol que pretende darle el gobierno nacional a través de su centralismo explícito. Este principio se basa en concebir al Estado Nacional y a las Provincias como una unidad solida que comparten la misma suerte, debiendo trabajar en forma conjunta para lograr el bien común.
Esto es en gran parte lo que en el acuerdo de San Nicolás de 1852 se consagraba como el principio de unidad territorial en materia económica, a partir del cual las fronteras provinciales se ensanchan y se confundan con la de la Nación como integrantes de un mismo cuerpo político.
Cada uno de los pactos fundacionales del ser nacional conforman un valioso capital para tiempos como los que transcurre nuestro país, ya que permite visualizar cómo el centralismo que se desarrolla en cada acción de gobierno, despojado de los principios fundacionales, repercute desfavorablemente en el desarrollo y la prosperidad del país en su conjunto.
La base del federalismo de concertación es concebir la unidad de nuestro país no por una supresión de las provincias, sino por la conciliación de la extrema diversidad de la realidad de cada una de las provincias, es en si hacer realidad el principio de un solo país para un solo pueblo.
Son los propios principios constitucionales que rigen la transferencia de recursos los que deslegitiman el programa centralista mediante el cual el gobierno nacional pretende condicionar a las provincias.
Concertación, solidaridad, equidad, automaticidad, funcionalidad y la tan valiosa “prioridad a un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades”, son valores que deben ser las banderas detrás de las cuales deben encolumnarse los gobernadores en defensa del federalismo no ya como una expresión de deseo sino como una defensa irrestricta de los ciudadanos de cada una de sus provincias.
Por ello, es que esta puede ser una oportunidad para el federalismo argentino, el gran desafío es dar una vuelta de página a la época del federalismo de amigos tan conocido y al disciplinamiento centralista que se pretende instalar desde el gobierno nacional, es una oportunidad para que las provincias comiencen a administrar mejor sus recursos (ya no hay a quien mendigarlos), donde gobernar bien represente una diferencia sustantiva en el desarrollo institucional, donde la autonomía se vea fortalecida abandonando la centrodependencia permanente y donde cada provincia aporte al crecimiento y desarrollo del país en un marco de paz y respeto.
Es momento para que las provincias en unidad de acción pongan en el eje de la necesaria seguridad jurídica y su correspondiente previsión el federalismo de concertación, que otorgue garantías frente a los avances de la vocación centralista de los gobiernos nacionales. Ya que en definitiva lo que nuestra constitución persigue como objetivo es establecer mediante participación concurrente del Estado nacional y las provincias un programa destinado a adoptar una política uniforme que armonice y posibilite la finalidad común de crecimiento, dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades.
Ese es el desafío de las provincias, no puede haber fortalecimiento del federalismo sin fortalecer sus autonomías, y para ello deben transformarse en administraciones eficientes.
Será esa autonomía las que les permitirá a cada una de las provincias trabajar en conjunto de forma mancomunada y poder vincularse con el gobierno nacional en el marco de un federalismo maduro que respete los principios propios que marca nuestra Constitución Nacional.
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