“No interesa si el gato es blanco o negro; lo que importa es que sepa cazar ratones”
Deng Xiaoping, padre de la China moderna
Gobierno de Menem y la privatización

Fue el gobierno de Carlos Menem el que privatizó YPF, mediante una ley que fue celebrada a los gritos, cantando la Marcha Peronista y el Himno Nacional, por los diputados y senadores peronistas, entre los que se recuerda a Carlos Parrilli, hombre de íntima confianza a Cristina Fernández, y que contó con la fervorosa adhesión de los gobernadores de las provincias con petróleo y muy en especial del gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner -que hizo lobby en Bs.As. para convencer a algunos diputados díscolos- y de su señora esposa, entonces diputada provincial, quien ilustraba diciendo que esa medida constituía un acto de justicia, que permitiría la reactivación del sector y mejoraría las economías provinciales.

La privatización, por suerte, no fue completa, ya que la Argentina se había reservado un porcentaje de acciones que la facultaba a participar en el directorio y definir la estrategia empresaria. ¿Qué hizo unos años después Menem, cuando por culpa de la estrecha horma de la convertibilidad pergeñada por Cavallo -y también celebrada por el peronismo- le empezó a apretar el zapato? pues vendió esas acciones, se hizo de unos centenares de millones de dólares, financió un poco de la enorme deuda que él mismo estaba generando y siguió para adelante. ¿Qué hicieron los legisladores oficialistas? Como siempre, se rompieron las manos de tanto aplaudir la hábil maniobra de su entonces jefe.

Los Kirchner y la estatización

En este punto vale recordar que en 1998, cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz, decidió privatizar el Banco de Santa Cruz, que fue adquirido por los Eskenazi que se convirtieron así en los banqueros oficiales de la provincia y de los Kirchner.

Ya en el comienzo del primer gobierno de Cristina Fernández se miraba con codicia a YPF, lo que dio lugar a operaciones de presión sobre Repsol para que vendiera parte de la empresa a un operador argentino, lo que se concretó en 2008 con la «argentinización» de un 25% de las acciones que fueron adquiridas en 3.500 millones de dólares por el grupo Petersen de la familia Eskenazi, que carecía de ninguna experiencia en el negocio petrolero.

El ingreso del Grupo Petersen, fue justificada en el directorio de YPF diciendo que se trataba de un “experto en mercados regulados”, que es un eufemismo para expresar que favorecía su vinculación con el gobierno. A su vez esté alentó la operación, autorizando a YPF para que distribuyera todas sus utilidades, sin hacer ninguna reserva para invertir en la búsqueda y explotación de nuevos yacimientos porque como los compradores no disponían de dinero (o sea compraron sin plata) un grupo de bancos internacionales estructuró una financiación basada en el pago de acciones mediante dividendos futuros.

Dos años después, cuando se anunció el descubrimiento de Vaca Muerta, la Sra. Presidenta elogió a Sebastián (aludiendo muy canchera al Sr. Eskenasi) y después de aclarar que le había pedido permiso a Brufau (presidente de Repsol) para decir algo tan serio y reservado (¿?), expresó que “YPF ha cambiado sustancialmente a partir de la incorporación de un socio argentino” (¿?).

Mientras tanto, en el año 2011, ocho ex secretarios de Energía de distinta filiación política que se desempeñaron en anteriores administraciones, denunciaron que se había ingresado en una peligrosa pendiente de decrecimiento de inversiones en petróleo y gas -señalando que la descapitalización energética en términos de atraso de inversión de energía eléctrica y de evaporación de reserva de petróleo y gas equivalía al valor monetario de toda la tierra arable de la Argentina, o sea unos US$ 150.000 millones-. De inmediato la disciplinada fuerza de choque kirchnerista salió a pegarles, acusándolos de destituyentes, incapaces y cipayos, reafirmando las excelencias de su política petrolera, y en especial la gestión de YPF.

¿Qué pasó que todo cambió a partir de los primeros meses de 2012? Yo creo que tardíamente tomaron nota que el equilibrio de nuestra balanza comercial se estaba perdiendo y que en el futuro no podríamos pagar la cuenta de la importación de combustibles.

¿Qué hizo entonces el gobierno? pues, lo más fácil: Echarle la culpa a otro. Y como no podían castigar a la Alianza, ni a Duhalde ni a Macri, ¡qué mejor que pegarle a los españoles de YPF, si después de todo fueron sus antepasados los que nos colonizaron y contra quienes hicimos la gloriosa Revolución de Mayo, para impedir que continuaran llevándose nuestro oro y plata!, como dijo con aspecto emocionado la presidenta Cristina Fernández.

Por ese motivo las provincias comenzaron con las quitas de áreas concesionadas a esa empresa, haciendo crujir su cotización en las bolsas del mundo y preparando el terreno para que, de manera circense y espectacular, se montara el escenario en el que nuestra principal actriz hizo el anuncio esperado por todos y todas: se nacionaliza YPF (aunque en realidad lo que se expropiaría era el 51% del paquete accionario en poder de Repsol, que es distinto).

Por esa expropiación, que arrancó con un decreto ejecutado con allanamientos tan impactantes como innecesarios de las oficinas de Repsol, el entonces viceministro de economía Axel Kicillof aseguró que no se iba a pagar ni un solo dólar. Al contrario, sostuvo, íbamos a cobrar indemnizaciones por supuestos daños ecológicos. El Congreso Nacional, aprobó con entusiasmo la ley ratificatoria, con votos favorables de algunos diputados radicales.

Por supuesto que Repsol no demoró en realizar un reclamo ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y en 2014, Kicillof sin dar muestras de vergüenza dijo que era muy buen negocio para el país pagarle a Repsol 5.000 millones de dólares y firmó un acuerdo de rendición.

Eso sí. Dejó sin resolver la situación del socio minoritario, el Grupo Petersen, que privado de los ingresos para continuar pagando a los bancos prestamistas (que le permitieron antes comprar las acciones de YPF sin recursos propios) se presentó en quiebra en España donde se vendieron sus activos a un fondo Burford, que inició un juicio contra el estado nacional. En abril de este año 2023 la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York Loretta Preska, hizo lugar a la demanda sin fijar el monto indemnizatorio, que se estima podría superar los 5.000 millones de dólares que en su momento se pagaron por el 51% de las acciones.

¿Qué pasó después de la estatización?

La pregunta que cabía hacer era ¿con qué capitales se pensaba convertir en reservas ciertas y explotables los recursos de nuestro subsuelo? ¿Se habrá pensado en ENARSA? empresa que el gobierno K creó para encontrar yacimientos en el Océano Atlántico y fue incapaz de encontrar ni una gota, convirtiéndose en gestor de las importaciones de gas licuado.

Afortunadamente en 2011 YPF confirmó investigaciones de geólogos extranjeros acerca de la existencia del yacimiento de explotación no convencional de Vaca Muerta y según el informe de 2013 de la Agencia de Información Energética (EIA) las reservas alcanzan los 27 mil millones de barriles, lo que significa multiplicar por diez las reservas convencionales de la Argentina. En 2013, se firmó un convenio entre Chevron e YPF para la exploración y explotación no convencional en Vaca Muerta y recién ahora se está construyendo el gasoducto que permita transportar el gas a los centros de consumo.

Más allá de celebrar el potencial de Vaca Muerta, lo que podemos adelantar como conclusión es que el petróleo y el gas no se sacan agitando símbolos patrios o con leyes festejadas con cantitos partidarios, sino mediante una política energética nacional, sustentable y de largo plazo, que requiere reglas claras, seguridad jurídica e importantes inversiones y como es archisabido, el Estado no dispone de capitales, ni tiene el conocimiento técnico necesario para explotar velozmente los hidrocarburos que tenemos en el subsuelo, antes que nuevas fuentes de energías lo sustituyan y queden con el valor de piezas de museo, recuerdo de pasadas alegrías. La demora en desarrollar el gasoducto denomiado Nestor Kirchner, que nos hubiese procurado de divisas fundamentales en esta crisis, habla por sí sola. Afortunadamente el mismo ya se encuentra en etapa final, aunque se haya perdido valioso tiempo.

Una inspiración desarrollista

Creo que nadie puede dudar que el petróleo constituyó uno de los ejes principales del gobierno de Arturo Frondizi. En ese entonces –como desgraciadamente sucedió por años- el grueso de las divisas que el país debía gastar en el exterior, era para importar petróleo (ahora lo más oneroso resulta el gas). ¿Qué hizo Frondizi? Autorizó a YPF a firmar contratos de concesión de obras y servicios para que los capitales privados  participaran de la exploración, explotación y extracción de crudo. Todo lo extraído se entregaba a YPF -que, al actuar en espejo con las compañías extranjeras que además de inversiones, arribaron con su capacidad tecnológica- también multiplicó su producción propia. Como consecuencia del impacto, en menos de cuatro años se triplicó la producción de petróleo y Argentina consiguió el autoabastecimiento técnico. Además se desarrolló y promovió sectores industriales directa o indirectamente vinculados al oro negro como el automotriz y la petroquímica.

Inspirados en esta visión desarrollista clave será darle al gas de Vaca Muerta un uso útil para el agregado de valor y el abaratamiento energético de nuestros sectores productivos, antes de sucumbir a la necesidad y apuro de solamente exportarlo como un mero comoditie.

Como decía Frondizi el petróleo que nos hace soberanos no es el que está debajo de nuestros pies, sino el que extraemos y ponemos al servicio de las necesidades energéticas de un país que tiene todo para ser una potencia y que no consigue serlo porque a nuestro gobernantes (y buena parte de los gobernados), les resulta entretenido seguir discutiendo el color del gato, sin importarle si sabe cazar ratones.