La observación electoral surgió como una necesidad de la sociedad civil a partir del desarrollo de las democracias modernas. El objetivo es el fortalecimiento de las instituciones democráticas a través del acercamiento de la ciudadanía a las distintas instancias de las elecciones. El peligro actual es que los gobiernos tomen provecho de las observaciones para dotar de cierta transparencia a sus gestiones, mientras que por otro lado restrinjan derechos a sus ciudadanos.
Una discusión recurrente en estos días es de qué manera la ciudadanía puede tener una mayor y mejor participación en las decisiones de los asuntos públicos. Este debate tiene como primera consecuencia el cuestionamiento constante sobre la dirigencia política en general y aún más en quienes ejercen roles de gestión.
Incentivar la participación confluye inevitablemente en el fortalecimiento de los derechos políticos y electorales de los ciudadanos. Defender estos derechos es una garantía del buen desempeño de cada actor social y genera conciencia de la importancia de los actos individuales en el resultado del conjunto. Tener una sociedad activa en su participación significa tener una sociedad mejor preparada para el ejercicio democrático.
La observación puede ser impulsada desde el mismo Estado o desde organizaciones sin fines de lucro dedicadas al fortalecimiento de la democracia. Argentina cuenta con diversas organizaciones como Poder Ciudadano, Transparencia Electoral y Asociación Conciencia, entre otras, que dedican su tiempo a fortalecer el rol al ciudadano en el ejercicio de sus derechos. Temas como la corrupción, la transparencia, la educación, el acceso a la información, son ejes de los programas que desarrollan estas organizaciones.
Es por ello que resulta imperativo crear un marco normativo nacional y en las provincias que incentive la participación ciudadana a través de observaciones electorales, posibilitando la participación elecciones en todas las instancias posibles: municipal, provincial y nacional.
Las etapas de la observación
Las observaciones deben estar integradas por un conjunto heterogéneo de personas que revistan el carácter de representantes de distintos sectores de la sociedad. Ya sean académicos, funcionarios electorales, legisladores y demás actores sociales que tengan un interés en participar de estas instancias, siempre con el fin de contribuir a la mejora de los procesos electorales.
En principio, la observación puede enfocarse en el registro y seguimiento del día de las elecciones, pero también puede hacerlo sobre las etapas previas y posteriores. De esta manera, cuanto más amplio sea el seguimiento, el acto electoral gozará de mayor integridad. El análisis de cada etapa permite evaluar el desempeño de las herramientas que son utilizadas para obtener los resultados de la expresión de la voluntad social. Desde la convocatoria de la elección, la confección de los padrones, el acceso de los ciudadanos a cualquier consulta o la corrección que sea necesaria, la disposición de información a los partidos políticos y la organización de la jornada electoral y el escrutinio.
Es por ello que resulta relevante trabajar para asegurar la integridad de la elección, ya que al ser tantas etapas, intervienen una gran cantidad de personas y de reparticiones públicas que podrían hacer cuestionable el resultado final de la jornada electoral.
Marco regional
La Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos fueron pioneras en desplegar misiones de observación electoral. En principio se trabajó en países donde existía un conflicto puntual que hacía vulnerable al sistema democrático. Sin embargo, se desarrollan hoy en día misiones de observación electoral en una gran cantidad de países. Gracias al trabajo desarrollado por estas organizaciones internacionales y otras, se firmó en 2005 la Declaración de Principios para la Observación Internacional y el Código de Conducta para Observadores Internacionales de Elecciones, que brindó un marco general para el accionar de las misiones y de los observadores.
La gran mayoría de los países de nuestra región brinda un lugar destacable a la observación, ya sea a partir de una legislación propia o por acuerdos internacionales. Tal es así que Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Perú cuentan con una ley propia. Argentina, Colombia, Honduras, Paraguay y Venezuela permiten la observación a partir de acuerdos con las instituciones rectoras del proceso electoral. Por su lado, Brasil y Uruguay también tienen en consideración el trabajo de los observadores, mientras que Chile aún no ha dado un marco a dicha función.
Si bien nuestro país cuenta con un rol de «acompañamiento cívico» que estableció la Cámara Nacional Electoral, no existe una legislación que contenga todo lo relativo al desempeño de las observaciones electorales. Sin dudas, se trata de una deuda pendiente con la democracia que debe ser subsanada prontamente.
Rendir cuentas
Las formas de gobierno deben ser siempre sanamente cuestionadas, con el objetivo de dotar de mayor y mejor representatividad al individuo. La modernidad en la que vivimos, favorecida por los avances tecnológicos, hace que las personas tengan más interés en las decisiones que les concierne. Es por ello que cuestionan las decisiones que toman aquellos que los deben representar.
La observación electoral es una instancia más de participación que sirve para que los ciudadanos controlen al gobierno y, para el Estado, es una forma de obtener aportes constructivos para mejorar su desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones.
Los ciudadanos deben ser conscientes de que su participación en los asuntos públicos es sumamente importante. Los gobernantes deben rendir cuentas constantemente a sus representados y una participación activa de la sociedad es un aporte más para mejorar la representación de la política.
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