Fue un fin de año movido en Mendoza. Con marchas y contramarchas para impedir la aprobación de una ley que permitiría la minería a cielo abierto en la provincia. La norma autorizaba el uso de cianuro y ácido sulfúrico en el proceso de extracción. Las alarmas se encendieron y la sociedad salió a la calle. A los mendocinos nos enseñan desde chicos a cuidar el agua: es muy escasa en la provincia. La posibilidad de que fuera contaminada con sustancias tóxicas generó una reacción inmediata. Los defensores de la norma aseguran que habilitará la instalación de grandes proyectos, que generarán más de 55.000 puestos de trabajo y un negocio de 350.000 millones de dólares. La presión popular llevó al gobernador, Rodolfo Suárez, a dar marcha atrás. Diez días después de la aprobación, la legislatura derogó la ley.
La norma había tenido un amplio consenso político. El oficialismo, de la UCR, contó con el apoyo del peronismo mendocino en las dos cámaras. En senadores, obtuvo 28 votos a favor y 7 en contra. En diputados fue aprobada por 28 a 11. Pero la modificación no tenía un respaldo social tan amplio. «No tiene la legitimidad del pueblo», reconoció Suárez cuando anunció que no iba a avanzar con la implementación de la ley. La forma en que se encaró el trámite legislativo alimentó la desconfianza: se aprobó en sesiones extraordinarias, un 20 de diciembre, casi sin debate.
La minería en Argentina
Cuando hablamos de minería, nos referimos principalmente a la minería a cielo abierto. El 90% del mineral extraído en Argentina corresponde a explotaciones a cielo abierto, según lo datos del Censo Nacional de Actividad Minera de 2017. Le siguen, muy detrás, las minas subterráneas, de sedimentos y submarinas. La proporción es similar a nivel mundial.
El uso de cianuro y ácido sulfúrico es una pieza clave para la minería a cielo abierto. Tanto, que no permitirlo significa, en muchos casos, una prohibición implícita de la actividad. Estas sustancias son utilizadas durante la lixiviación, un proceso hidrometalúrgico que se utiliza para separar los minerales valiosos —como el oro o el cobre— del resto de los minerales. En cada proceso se utiliza una sustancia que disuelve el elemento de valor —el cianuro, en el caso del oro—. Este último se recupera en una etapa posterior.
El oro es el mineral más extraído en el país: aportó en 2016 el 47% del valor de la producción minera y el 65% de las exportaciones del sector en 2018. La minería metalífera representa el 0,7% del Valor Agregado Bruto (VAB) nacional, según el Ministerio de Hacienda. El VAB equivale al PIB menos los impuestos indirectos. El sector generó 10.046 puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2018, con una remuneración promedio que casi triplica la media del resto de las actividades.
La minería a cielo abierto no es una actividad nueva en Argentina. En San Juan existen las explotaciones Veladero, Pascua Lama y El Pachón, donde se extrae oro, plata y cobre. En Catamarca se encuentra la mina de Agua Rica, en la localidad de Andalgalá. El interés por la minería en Mendoza va en aumento y ya existen varios proyectos. Los principales son: Sierra Pintada (uranio), San Jorge (cobre y oro), Don Sixto (oro, ubicada entre San Rafael y Malargüe), Paramillos (plomo, plata y zinc), Elisa (cobre), Hierro Indio (hierro) y Paramillos Sur (cobre). Otras inversiones en carpeta en la provincia son las de Papagallos (cobre y oro), Santa Clara (oro), y las minas cupríferas Barroso, Cerro Amarillo, Matancillas, Callejón Grande, El Seguro y Quebrada Amarilla.
Voces a favor
Los defensores de la habilitación de la minería a cielo abierto en Mendoza sostienen que los productos tóxicos no generan problemas de contaminación si se realizan los controles correspondientes. Y citan los casos de explotaciones en Australia y Canadá. El Departamento General de Irrigación de la provincia afirma que solo el 1% del agua de la provincia se utilizaría en explotaciones mineras.
El segundo argumento que esgrimen es el impacto en el desarrollo socioeconómico. La actividad produciría 349.234 millones de dólares, según la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem). La entidad sostiene que se crearían 17.550 puestos de trabajo durante la construcción de los seis proyectos principales y otros 39.240 en la etapa productiva, entre mano de obra directa e indirecta. Además, el sector generaría 114 millones de dólares anuales de recaudación, monto que ascendería a 213 millones de dólares, si se consideran los encadenamientos productivos.
Riesgos ambientales
Los críticos de la minería a cielo abierto ponen el foco en los riesgos ambientales. En las consecuencias que podría tener un derrame si no se realizaran los controles suficientes. El ejemplo más cercano en tiempo y distancia es Jáchal, en San Juan. En la mina Veladero se produjo en 2015 un derrame de soluciones cianuradas del sistema de lixiviación en el valle. En 2018, la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la contaminación de las aguas del río La Palca por nuevos derrames, no informados por Barrick Gold.
Por otra parte, apuntan los ambientalistas, las explotaciones tienen un alto impacto en el entorno del yacimiento, aunque no se produzcan derrames. Durante la excavación se realizan voladuras de más de 150.000 toneladas de roca por día, se utilizan miles de toneladas de explosivos, 1.000 litros de agua por segundo y hasta 50 millones de litros de combustibles al año, según el Informe de Sostenibilidad de Minera Alumbrera. Una actividad tan agresiva puede afectar las aguas superficiales y subterráneas, además de impactar sobre la flora y la fauna, cuestionan.
Los críticos, por último, sostienen que el desarrollo socioeconómico no es tan beneficiosos como lo pintan. Y citan el caso de Catamarca, que tiene una tasa de desempleo del 9,5%, superior a la de Mendoza, que es del 8,6%.
El debate sobre la minería a cielo abierto en Mendoza puso en evidencia la capacidad de movilización de la causa medioambiental. Y marcó los límites a la dirigencia política. Los ciudadanos demandan información transparente y clara cuando se tratan temas sensibles —como el cuidado del agua— y exigen una mayor participación en la toma de decisiones. La definición del modelo de desarrollo de la provincia, y si este debería habilitar la minería a cielo abierto, exigirá mayor diálogo y el diseño de políticas sustentables.
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