El regreso de la política industrial al centro de la escena económica global es uno de los cambios más relevantes del último tiempo. Sin embargo, su reaparición también reabrió un debate clásico: ¿hasta qué punto la intervención del Estado para promover sectores estratégicos es compatible con la libre competencia?
Las iniciativas recientes lo muestran con claridad. El Green Deal Industrial Plan en Europa, el CHIPS and Science Act y los aranceles recíprocos impulsados en Estados Unidos, así como diversas tensiones comerciales en América Latina, reflejan un giro hacia políticas más activas de promoción productiva, con fuerte participación estatal. Subsidios, incentivos fiscales, regulaciones preferenciales y compras públicas estratégicas forman parte de un nuevo instrumental que busca fortalecer capacidades industriales nacionales frente a un contexto internacional más competitivo y fragmentado.
Desde la perspectiva de la competencia económica, estos instrumentos generan inquietud. No es una preocupación menor: una intervención mal diseñada puede privilegiar determinados actores, distorsionar señales de precios, generar barreras de entrada y afectar la asignación eficiente de recursos. El riesgo existe y la evidencia histórica muestra que, cuando los incentivos públicos se prolongan sin evaluación ni límites, pueden consolidarse estructuras productivas poco competitivas o dependientes del apoyo estatal.
La pregunta, entonces, no es si la política industrial distorsiona la competencia —porque potencialmente puede hacerlo— sino bajo qué condiciones ambas agendas pueden convivir e incluso reforzarse mutuamente.
Un aporte relevante en esta discusión es el informe Pro-Competitive Industrial Policy (2024) de la OCDE, que plantea una tesis interesante: la política industrial y la competencia no son objetivos incompatibles por definición. Por el contrario, pueden resultar complementarios si la intervención pública se diseña con criterios procompetitivos claros y bajo límites institucionales rigurosos.
La premisa central es que la política industrial solo se justifica cuando busca corregir fallas de mercado. Externalidades tecnológicas, problemas de coordinación, riesgos elevados en inversiones de largo plazo o asimetrías de información pueden impedir que el mercado asigne recursos hacia sectores estratégicos aun cuando exista potencial socialmente rentable. En esos casos, la intervención estatal no sustituye al mercado, sino que contribuye a que funcione mejor.
El primer principio que surge de este enfoque es la focalización. La acción pública debe ser precisa, orientada a problemas identificables y basada en evidencia. Cuando la política industrial se transforma en un mecanismo generalizado de protección sectorial, pierde efectividad y aumenta el riesgo de captura por intereses particulares.
El segundo principio es la neutralidad competitiva. El Estado no debería otorgar ventajas arbitrarias ni discriminar entre empresas públicas y privadas. Los mecanismos de apoyo deben asignarse mediante criterios transparentes, objetivos y verificables, minimizando el riesgo de favoritismo y promoviendo la competencia entre beneficiarios potenciales.
El tercer elemento clave es la temporalidad. Los instrumentos deben incorporar cláusulas de expiración (sunset clauses), mecanismos de evaluación y estrategias de salida. Sin límites temporales claros, los incentivos tienden a perpetuarse y pueden derivar en el fenómeno de las denominadas “empresas zombis”: firmas que sobreviven únicamente gracias al apoyo estatal, sin mejoras reales de productividad o competitividad.
En este marco, el rol de las autoridades de competencia adquiere una relevancia creciente. Tradicionalmente concebidas como organismos de control ex post, su participación temprana en el diseño de políticas industriales puede contribuir a identificar riesgos de concentración, prevenir barreras de entrada y asegurar que la promoción de “campeones nacionales” no derive en mercados cerrados o estructuras oligopólicas.
El debate actual no debería plantearse en términos binarios entre Estado o mercado. Las experiencias internacionales muestran que el desafío es más sofisticado: construir políticas industriales que fortalezcan capacidades productivas sin erosionar los incentivos competitivos que impulsan la eficiencia y la innovación.
Cuando existen criterios claros, transparencia, evaluación y límites temporales, la política industrial puede transformarse en una herramienta de desarrollo compatible con la competencia. Cuando estos elementos faltan, el riesgo es que se convierta en una fuente de distorsiones, rentas artificiales y menor dinamismo económico.
La diferencia, en definitiva, no está en intervenir o no intervenir, sino en cómo se interviene.