La represa de Portezuelo del Viento es un reclamo histórico de Mendoza, con más de 50 años de antigüedad. Una bandera de gobernadores peronistas y radicales. Su importancia es tal que fue apodada «la obra del siglo». Si se construyera, sería la mayor obra de infraestructura civil en la historia de la provincia. En septiembre de 2019 se dieron los primeros pasos para concretarla, pero el presidente, Alberto Fernández, puso en duda la continuidad del proyecto. Fue el viernes 5 de junio, durante la visita a La Pampa, una provincia que se opone a la construcción. «Es un problema que debemos resolver entre todos, y no es de una provincia, es de cinco», planteó Fernández en una conferencia de prensa.
Las declaraciones del presidente son razonables, a priori. La represa está proyectada sobre el río Grande, que nace en Mendoza y desemboca en la confluencia del río Barranca, formando el río Colorado. Este curso de agua atraviesa Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Los pampeanos son los críticos más duros del proyecto. Temen que se repita una situación similar a la del río Atuel. El curso del Atuel se vio alterado por obras de infraestructura en Mendoza y esto tuvo un impacto aguas abajo, lo que perjudicó a La Pampa. Es un conflicto de un siglo de antigüedad. «La naciente de un río no determina propiedad de ese río. Ese río termina y confluye con otros ríos que llegan a muchas provincias. Es un criterio de solidaridad. No puedo resolver mi problema a costa del de al lado», señaló Fernández, en un mensaje de apoyo claro a la posición pampeana.
Con una altura de 185 metros, Portezuelo del Viento sería uno de los diques más grandes del mundo. La represa está proyectada en Malargüe, al sur de Mendoza, y se prevé que genere 210 megawatts y abastezca a 130.000 usuarios. El proyecto tiene beneficios colaterales, como el aumento de la superficie de riego para producción agrícola y ganadera y la creación de nuevo polo turístico. La inversión total prevista es de 1.023 millones de dólares.
Una reparación histórica
Los primeros estudios para construir una represa en Malargüe se realizaron en 1950, durante el gobierno de Juan Domingo Perón. La idea que quedó paralizada con la Revolución Libertadora. En las décadas siguiente se hicieron distintos análisis de factibilidad, hasta que en 1993 se sancionó la ley 6.064, que declaró de interés provincial a esta obra hidroeléctrica y de diversificación del riego.
En 2006, Mendoza y el Gobierno Nacional firmaron un acuerdo para construir la represa. El presidente era Néstor Kirchner y el gobernador de Mendoza, Julio Cobos. Entre los fundamentos se destacaba que la obra era una compensación por los perjuicios que había ocasionado a Mendoza el régimen de promoción industrial. Esta promoción había beneficiado a las provincias de Cuyo, con la excepción de Mendoza, lo que afectó a la economía local.
El reclamo por la concreción del proyecto continuó durante los gobiernos peronistas de Celso Jaque (2007-2011) y Francisco Paco Pérez (2011-2015), pero fue con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia que se aceleraron los tiempos. El gobernador Alfredo Cornejo firmó un convenio con el Ejecutivo Nacional, que garantizó el financiamiento de las obras a través de Letras del Tesoro (Letes).
La controversia por el impacto ambiental
En enero de 2020, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, judicializó el caso con un reclamo ante Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Pampa exige que se realice una evaluación del impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado y que el mismo sea aprobado por el COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado), donde participan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro. «La obra debe servir a todos, no se pudo hacer nunca un estudio de impacto ambiental en todos los lugares donde el río llega. El gobierno que me precedió busco un acuerdo con Mendoza para financiar la obra, lo que me valió el enojo de Carlos Verna”, sostuvo Fernández en La Pampa.
Mendoza, sin embargo, asegura que cumplió con los estudios ambientales, sociales y económicos correspondientes y con los reglamentos del COIRCO. La obra cumple «con todos los reglamentos del COIRCO y de las leyes nacionales y provinciales vigentes», señaló el Gobierno del radical Rodolfo Suárez a través de un comunicado, en respuesta a las declaraciones del presidente. Los estudios fueron realizados por la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del Litoral y fueron aprobado por el COIRCO el 19 de marzo de 2019, a través del acta número 857.
La exigencia de estudios hídricos y del impacto de la obra en el caudal del río Colorado es pertinente. El manejo del agua de un río que atraviesa varias provincias es un problema complejo en materia de federalismo. Para eso mismo están definidos los mecanismos del COIRCO, que Mendoza asegura que respetó. La judicialización del conflicto y el intento de obstruir un proyecto de esta envergadura es un mal antecedente para un país como Argentina, que no puede darse el gusto de atrasar el desarrollo.
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