La llegada de El Niño vuelve a colocar a la provincia de Entre Ríos en una zona de alta vulnerabilidad hídrica. Según pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la región del Litoral argentino enfrenta una probabilidad significativamente superior a la normal de precipitaciones recurrentes y eventos de lluvia intensa en lapsos breves.
Ante este escenario, la conversación pública suele concentrarse en las grandes obras públicas de infraestructura hídrica: estaciones de bombeo, defensas, aliviadores, canalizaciones. Si bien son una responsabilidad ineludible del Estado en sus distintos niveles, desde la perspectiva del desarrollo armónico e integral resulta indispensable comprender que la obra pública no lo es todo.
La gestión del riesgo hídrico requiere un trípode estratégico. Primero, una planificación que ordene el territorio y priorice recursos, reduciendo el impacto socioeconómico. Segundo, previsión normativa local, bajo marcos como la ley provincial de gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU), para institucionalizar reglas permanentes. Finalmente, una conducta ciudadana que garantice que el compromiso empiece en origen, evitando que los residuos obstruyan la red de drenaje urbana.
Gobernar e invertir con visión de futuro implica evaluar el retorno social e instrumental de cada peso público. En materia de desastres climáticos, los números de los organismos multilaterales de crédito son categóricos. Estudios del Banco Mundial y revelan que por cada dólar invertido en prevención y mitigación de riesgos de desastres se ahorran entre cuatro y siete dólares en costos posteriores de emergencia, reparación de daños y reconstrucción.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por su parte, señala a través de sus marcos de resiliencia hídrica —como la herramienta HydroBID— que la falta de prevención degrada la capacidad fiscal de las administraciones locales, forzándolas a desviar recursos de desarrollo hacia el gasto de emergencia. En un contexto de recursos presupuestarios escasos, apostar a la prevención no es solo prudencia social, sino una decisión de estricta eficiencia económica.
Entre Ríos tiene una geografía moldeada por el agua. La situación de los municipios ribereños de las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay exige un abordaje preventivo coordinado. En la costa del Uruguay, la dinámica del río y el manejo del complejo Salto Grande requieren monitoreo continuo para evitar que las lluvias internas agraven las crecidas. Localidades como Gualeguay y Gualeguaychú, atravesadas por arroyos interiores altamente sensibles a los picos de precipitación, dependen del trabajo en el terreno para evitar el colapso urbano.
Sin embargo, las tareas de prevención técnica se encuentran a menudo con un obstáculo que neutraliza cualquier obra: la deficiente gestión de los residuos sólidos urbanos. Las cifras del problema son alarmantes. En Argentina y en Entre Ríos, cada habitante genera en promedio un kilogramo de residuos por día, lo que representa más de 1.400 toneladas diarias ingresando al circuito provincial.
La vulnerabilidad se profundiza en la disposición final, ya que la mayoría de estos residuos termina en basurales a cielo abierto, sin tratamiento adecuado, y son pocos los municipios entrerrianos que cuentan con una planta operativa o un control ambiental efectivo. Ante lluvias intensas, esas corrientes de agua arrastran desechos hacia los canales y sistemas pluviales, bloqueando imbornales y bocas de tormenta.
Para atacar la raíz del problema, la provincia cuenta con la ley GIRSU, que debería funcionar como una hoja de ruta que trascienda las gestiones políticas y los calendarios electorales. Pero el éxito de cualquier plan estatal comienza mucho antes de que pase el camión recolector: comienza en la puerta de cada hogar.
La conducta ciudadana en la disposición de los residuos es la primera línea de defensa de la ciudad frente a la tormenta. Y exige de los vecinos un compromiso activo, basado en tres pilares.
El primero es respetar los cronogramas y la recolección diferenciada: sacar los residuos únicamente en los días y horarios fijados evita que queden horas expuestos en la vereda. Ante alertas meteorológicas del SMN o lluvias inminentes, lo más prudente es retenerlos en el hogar.
El segundo, hacer uso de los Puntos Verdes y gestionar con responsabilidad los residuos voluminosos: los plásticos y recipientes deben canalizarse a través de contenedores comunitarios; los restos de poda, los escombros y los materiales de construcción —que por su volumen obstaculizan el flujo hídrico— deben disponerse por los medios establecidos, nunca acumularse sobre los cordones ni en canteros públicos.
Por último, cuidar el espacio común: depositar las bolsas dentro de los cestos comunitarios, sin saturarlos, y mantener limpias las canaletas propias son gestos individuales de un valor colectivo profundo.
El verdadero desarrollismo no consiste en esperar la próxima tormenta para poner a prueba la resistencia de nuestras ciudades, ni en confiar ciegamente en que una megaconstrucción resolverá todos los problemas. El desarrollo sustentable se construye sobre la integración coherente entre la infraestructura hidráulica que ejecuta el Estado, el ordenamiento legal que ofrecen herramientas como la ley GIRSU, y la conducta previsible de una ciudadanía comprometida con su entorno.
Frente a la fuerza del clima, la mejor política pública no es solo la que se construye con obras, sino la que se planifica, se respalda con normas y se cuida, entre todos, todos los días.