lPor Natalí Pavioni y Javier Manzo.
El Gobierno perdió la oportunidad de construir una justicia más igualitaria. Fue cuando Alberto Fernández propuso la designación del juez Raúl Daniel Bejas en la Cámara Nacional Electoral (CNE), a pesar de que no había sido el primero en el orden de mérito del concurso. La jueza Alejandra Lázzaro había obtenido el mejor puntaje, pero no fue la elegida por Fernández. Si designaba a Lázzaro, hubiera sido la primera vez que una mujer integraba la CNE, la máxima autoridad del país en materia electoral. La decisión del presidente contradice sus promesas de campaña, cuando hablaba de su compromiso con la igualdad de género.
La diferencia entre los dos candidatos no puede ser más evidente. Alejandra Lázzaro es doctora en derecho por la Universidad de Buenos Aires; el tema de tesis doctoral fue el financiamiento de los partidos políticos. Lázzaro es reconocida a nivel internacional por sus trabajos sobre derecho electoral, es una referente académica en derechos políticos de las mujeres y miembro de la Asociación de Mujeres Magistradas Electorales de las Américas. En definitiva: tiene una carrera judicial y docente intachable.
Daniel Bejas es el titular del Juzgado Federal número 1 de la provincia de Tucumán, el fuero competente en lo que respecta a las elecciones nacionales. Bejas tuvo a su cargo dos causas importantes. Una referida a la denuncia por enriquecimiento ilícito del actual gobernador, Juan Manzur, y la otra, a la comisión de delitos de lesa humanidad por parte de César Milani, exjefe del Ejército. Tucumán es una de las provincias con mayor conflictividad electoral, según un informe de Transparencia Electoral. Es uno de los distritos que evidencia un déficit democrático grave y uno de los que tienen mayores denuncias por irregularidades electorales. El informe de Transparencia Electoral señala «los principios democráticos de alternancia en el poder y garantías para todos los ciudadanos en lo que a derechos civiles y políticos se refiere, están completamente comprometidos en estos regímenes subnacionales», haciendo referencia a la provincia de Tucumán, entre otras.
Alejandra Lázzaro, Daniel Bejas y Hernán Goncalves Figueiredo conformaban —en ese orden de mérito— la terna resultante del concurso realizado por el Consejo de la Magistratura de la Nación. El concurso había sido convocado para cubrir la vacante que se produjo cuando falleció Rodolfo Munné. Tras la muerte del juez, la CNE quedó conformada por Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera. El presidente de la nación puede elegir a cualquiera de los tres candidatos de la terna y proponerlo al Senado, que tiene que prestar su acuerdo para que se complete la designación. El tema debe ser tratado por la Comisión de Acuerdos del Senado, que está integrada por 17 miembros y es presidida por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien pertenece al círculo más íntimo de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Un compromiso real con la paridad
El día de su asunción, Alberto Fernandez afirmó: «Volvimos para ser mujeres». Y se refirió específicamente a la igualdad de género en el Poder Judicial, cuando dijo: «Si la Justicia no entiende la dimensión de esto y no quiere asumir la necesidad de deconstruir, entonces estamos en un problema». No es la única política que impulsó en este sentido. También creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para responder al compromiso asumido con los derechos de las mujeres y diversidades, en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género.
La agenda de la igualdad de género viene ganando fuerza desde hace años en Argentina. El país sancionó en 2017 la ley de paridad, en concordancia con los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos de las mujeres. Entre ellos, el Consenso de Quito y los posteriores consensos regionales que impulsaron la paridad de nuestro país —junto a Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, México, Panamá y Perú—. La región se obliga a consolidar la paridad de género como política de Estado, con el fin de incrementar y reforzar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en la formulación e implementación de las políticas en todos los ámbitos del poder público.
La democracia paritaria propone llevar adelante las transformaciones necesarias para construir un Estado responsable e inclusivo: un nuevo contrato social que dé forma a una organización de la sociedad que erradique toda exclusión estructural.
Sin embargo, las primeras aplicaciones de la ley de paridad argentina han arrojado, en algunos casos, resultados adversos a sus fines inclusivos. Esto demuestra una clara falencia en formación de género del máximo tribunal electoral, vinculada a la ausencia de mujeres en su conformación.
Con la designación en la CNE, la dirigencia tiene la oportunidad de demostrar que las políticas de inclusión son una realidad y no un mero enunciado que pretende la corrección política. La inclusión se practica tomando decisiones ante cada oportunidad en que se la pueda ejercer. No existe ley, aún, respecto a un cupo o la paridad de género en este órgano de Estado, por eso resulta fundamental el ejercicio de criterios políticos en pos de la igualdad. Y eso es potestad absoluta del presidente de la Nación.
