El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue presentado como una herramienta clave para atraer capitales y reactivar la economía argentina. Con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años para proyectos superiores a los 200 millones de dólares, el RIGI aspira a consolidar una plataforma de grandes proyectos con impacto nacional. Sin embargo, a casi un año de su implementación, su ejecución ha sido lenta, su alcance sectorial limitado, y su orientación estratégica objeto de críticas fundadas. El diagnóstico general es claro: el RIGI puede dar respuestas aisladas a inversiones estratégicas sectoriales, pero no es un engranaje de un programa de desarrollo, algo que ni siquiera existe.
Proyectos aprobados: concentración sectorial y protagonismo de YPF
Hasta la fecha, se aprobaron solo cuatro proyectos de los once presentados formalmente. Tres corresponden al sector energético: un parque solar en Mendoza (YPF Luz), el oleoducto Vaca Muerta Sur (YPF y VMOS), y una planta de GNL en Río Negro (Southern Energy). El cuarto proyecto aprobado es el de litio en Salta, conocido como Proyecto Rincón (Río Tinto). En conjunto, estas iniciativas concentran más de 12.000 millones de dólares de inversión. La mayor parte de los proyectos están vinculados a la empresa de mayoría estatal YPF, señal de que, incluso en un contexto de apertura de mercado, la tracción estatal sigue siendo determinante para atraer capital.
Justamente, uno de los proyectos que más expectativas había generado, la planta de GNL de gran escala propuesta por YPF en conjunto con Petronas, fue descartado tras desacuerdos estratégicos y la falta de definiciones regulatorias. Se llegó hasta elegir a Punta Colorada en Rio Negro sobre Bahía Blanca para meses después el presidente de YPF «descubrir» la alternativa más flexible: buques (barcazas) de licuefacción y exportación ubicados cerca de la costa, un modelo “llave en mano” que ofrece mejores tiempos, menores costos y eficiencia operativa pero que no implica las inversiones directas e indirectas de la planta. Lo cierto es que la inversión inicial, altísima, no había quien la asumiese y con los barcos de licuefacción se reduce enormemente esa barrera de entrada. Por supuesto que a mediano plazo la planta es mucho mas eficiente y productiva que los barcos. El mundo desarrollado invierte en plantas onshore como EE.UU., Catar, Australia y Rusia —los mayores exportadores de GNL-, por su escala, eficiencia y posibilidad de generar polos industriales integrados. Esta cancelación implicó una pérdida de escala significativa dentro del paquete RIGI, dado que se esperaba que movilizara inversiones superiores a los 20.000 millones de dólares.
Proyectos en carpeta: litio, acero y energía renovable
Actualmente existen siete proyectos más en proceso de evaluación. Varios de ellos corresponden a iniciativas mineras, especialmente de litio, como los proyectos presentados por Posco Argentina, Ganfeng Lithium, Galan Lithium y Lithium Argentina en provincias como Catamarca, Salta y Jujuy. Las inversiones comprometidas en estas propuestas van desde los 217 millones hasta más de 600 millones de dólares. Ahora bien, lo cierto es que el precio del litio bajo sensiblemente en los últimos años. Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), el contexto actual generó una retractación en la inversión, en particular en exploración y proyectos en etapas tempranas; solo se avanzaría con desarrollos y factibilizados. De Varias mineras –como Galan Lithium, Argosy, Lake Resources y Arcadium– aplazaron o suspendieron inversiones ante el escenario de precios bajos.
Otros proyectos encaminados encontramos el que, en San Nicolás (Buenos Aires), la empresa Sidersa presentó un proyecto para construir una nueva planta siderúrgica por 296 millones de dólares. En San Juan, la firma Minas Argentinas planifica un emprendimiento de oro y cal con energía solar, por cerca de 1.000 millones de dólares. Por su parte, la compañía PCR busca desarrollar un parque eólico en Olavarría con una inversión estimada de 255 millones. Estos proyectos muestran una mayor diversificación, pero están sujetos a aprobación y, en varios casos, dependen de fuentes de financiamiento externo aún no confirmadas.
Demoras, explicaciones oficiales y realidades estructurales
El Gobierno ha reconocido la lentitud en el proceso de aprobación, señalando la alta complejidad técnica de los proyectos y la insuficiencia de recursos humanos para su evaluación. No obstante, fuentes privadas indican que las demoras afectan sobre todo a los proyectos sin financiamiento externo asegurado, que buscan adquirir dólares a través del BCRA con pesos previamente “encepados”. A ello se suma un viejo problema argentino: la falta de infraestructura básica. Las inversiones de gran escala requieren logística, energía, rutas y servicios, condiciones que no están garantizadas en muchas regiones. El megaplan de 5.600 km de líneas de transmisión eléctrica o la también recientemente anunciada concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, bajo un modelo sin subsidios y sin aportes estatales apunta en esa dirección, pero irrisoriamente el gobierno lo quiere hacer depender enteramente del sector privado para su financiamiento y ejecución algo difícil de lograr con un riesgo país cercano a los 700 puntos. Mientras tanto las ya degastadas rutas se deterioran más y más con los trastornos logísticos y vidas humanas que eso implica.
Minería y energía: los únicos sectores activos
La selección de proyectos muestra una clara concentración en energía y minería. Esta inclinación se explica en parte por la naturaleza capital-intensiva de estos sectores, que permite alcanzar con facilidad el umbral de 200 millones de dólares exigido por el RIGI. Pero también refleja una falta de dinamismo en otras áreas. No hay proyectos en turismo, foresto-industria ni tecnología, sectores también habilitados por la ley pero sin escala o condiciones sistémicas aptas para captar grandes inversores. Además, como ya se menciono, el bajo precio del litio ha frenado el impulso de nuevos emprendimientos mineros, y en el caso del cobre, la alta inmovilización de capital exige una certidumbre macroeconómica que el país aún no ofrece.
Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI): Proyectos aprobados, presentados y anunciados al 1/6/2025
* La suma corresponde a las inversiones en activos computables en el marco de la normativa RIGI de la primera y segunda etapa del proyecto total de inversión que ascendería a USD 6.878 millones
Críticas desde el enfoque desarrollista
Como venimos diciendo, desde una mirada desarrollista, los principales cuestionamientos al RIGI no se enfocan en la necesidad de atraer inversión, sino en su orientación. El régimen privilegia la extracción y exportación de recursos naturales, sin exigir niveles claros de agregación de valor ni el desarrollo de un entramado de proveedores locales. La obligación de presentar un “plan de desarrollo de proveedores” fue incorporada recién en el Senado, y no está acompañada de metas cuantitativas, mecanismos de seguimiento ni incentivos para generar eslabonamientos industriales.
Así, el RIGI corre el riesgo de institucionalizar un modelo primario exportador que reproduce la dependencia de precios internacionales, sin garantizar la construcción de una base industrial sostenible. Esta es la crítica principal que se le formula desde sectores que promueven una estrategia de desarrollo basada en la diversificación productiva, la integración tecnológica y la articulación entre inversión externa y capacidades nacionales. La evidencia es el tipo de proyectos que se presentan y los pocos que con lentitud avanzan.
A esto se suma el famoso tema argentino pero acá particularmente hacemos hincapié en los costos logísticos y de infraestructura que son condicionantes para la factibilidad de los proyectos. Si no se reorienta hacia un esquema que premie el agregado de valor y la articulación con el tejido productivo nacional, el RIGI podrá generar crecimiento en algunos nichos, pero no consolidar un modelo de desarrollo inclusivo, equilibrado y sustentable. La historia mundial muestra que la inversión extranjera puede ser un motor de transformación, pero solo cuando se integra a una estrategia nacional clara para el desarrollo. Esto es algo que no solo carece de la misma el RIGI sino el propio gobierno y por convicción política e ideológica. El desentendimiento del rol más estratégico del Estado Nacional será a la corta o la larga mas caro que cualquier ahorro fiscal que haga una gestión.
PD: Una joyita recuperada del Archivo: El documento «Industrias que el país necesita» elaborado en 1958 por la Secretaria de Industria y Minería del gobierno desarrollista. Y no es planificación soviética, es entender que al mercado hay que orientarlo al interés nacional y no al revés porque difícilmente coincidan y el costo de que no lo hagan es altísimo.
https://visiondesarrollista.org/wp-content/uploads/2022/01/Industrias-que-el-pais-necesita.pdf