Recuperar los dólares fugados durante el macrismo para pagar la deuda externa: esa es la consigna del Frente de Todos para justificar el proyecto de crear el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI. Lo irónico es que la iniciativa es que pretende castigar a los evasores pero ofrece amplios beneficios a quienes ingresen los dólares al país. Es, en definitiva, un blanqueo de capitales encubierto.
El proyecto fue presentado recientemente por los senadores Oscar Parrilli y Juliana Di Tullio, con el aployo del bloque completo del Frente de Todos. El objetivo de la norma es establecer una alícuota del 20% para los activos que los residentes argentinos tienen en el exterior sin declarar ante la AFIP. Quienes declaren activos después de seis meses de sancionada la norma, sin embargo, deberían pagar una alícuota del 35%.
Los fundamentos del proyecto repiten calcados los argumentos que Máximo Kirchner y los legisladores de La Cámpora utilizaron para oponerse mediáticamente al reciente acuerdo del Gobierno con el FMI. Afirman que durante el gobierno de Cambiemos «se organizó una zona liberada para la fuga de capitales, con los funcionarios del gobierno de Macri favoreciendo a sus amigos» y aseguran que el proyecto servirá para «identificar la ubicación de esos dólares en el exterior, particularmente en paraísos fiscales ya que, seguramente, fue ese el destino mayoritario de los fondos». Plantea, por lo tanto, que con esta norma la deuda externa será pagada por «quienes se beneficiaron por vía de la evasión y la fuga de capitales».
Es un mensaje político que, sin embargo, contradice los artículos del mismo proyecto de ley que pretende fundamentar.
Un ejemplo claro: los fundamentos afirman que el proyecto permite que el fisco «exija los importes evadidos de Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado y sobre los Bienes Personales», pero los artículos plantean lo contrario. La norma brindaría a quienes repatriasen capitales los siguientes beneficios: liberación de todos los impuestos sobre las salidas no documentadas; liberación de toda acción civil, comercial, penal tributaria, cambiaria y aduanera e infracciones de la Ley 11682; exención de los siguientes impuestos que hubieran omitido declarar: impuestos a las ganancias, a la transferencia de inmuebles y sobre los créditos y débitos, impuestos internos y al valor agregado, impuesto sobre los bienes personales e impuesto a las ganancias por las ganancias netas no declaradas.
Por lo tanto, estamos ante un proyecto de ley que, lejos de castigar a los evasores, los premia. A cambio de un 20% del monto sin declarar, lo libera de todas las acciones civiles y penales previstas por la legislación vigentes.
Cuentas que no cierran
La senadora Di Tullio declaró en reiteradas ocasiones que la expectativa era recaudar 70.000 millones de dólares a través del Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI. Esta cifra no es realista.
Los fundamentos del proyecto sostienen que, a fines de 2021, los residentes argentinos tenían 418.000 millones de dólares en el exterior o fuera del sistema financiero del país, pero solo 69.000 millones estaban declarados ante la AFIP. El cálculo, por lo tanto, es que había unos 349.000 millones de dólares sin declarar. Un 20% de ese total equivale a 69.800 millones de dólares. Esa es la cifra mencionada por Di Tullio. Y es poco realista: para recaudar ese monto los argentinos deberían blanquear la totalidad de sus activos sin declarar.
Además de las buenas intenciones enunciadas de cobrar impuestos a los evasores, lo más destacable del proyecto es la creación de la figura del colaborador fiscal, al que se premiaría con el 30% de las sumas recaudadas por su ayuda.
Visto en su conjunto, el proyecto responde más a una lógica ideológica o a la retórica política que a una iniciativa con sustento técnico para lograr los resultados económicos que pretende. Está justificada la ironía del senador opositor Martín Lousteau que llamó al proyecto «Ley Daniel Muñoz», en referenciia al difunto secretario privado de Néstor Kirchner. Lousteau sostiene que el proyecto es una excusa para justificar el blanqueo de aquellos que»tienen un enorme patrimonio en negro y no lo pueden usar». Tal era el caso de Daniel Muñoz.
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