La situación de los productores de las economías regionales, complejo que atraviesa una crisis estructural desde hace años, me ha llevado a proponer, junto con otros legisladores de diversas provincias, un proyecto de Ley que contempla una serie de medidas dispuestas con el fin de recomponer y potenciar la dinámica virtuosa de las actividades productivas que las componen. En relación a las mismas, el proyecto contempla a la olivicultura, la vitivinicultura, la fruticultura, la citricultura, la horticultura, la avicultura, la apicultura, el cultivo y producción de yerba mate, de té, de tabaco, de arroz, algodón, caña de azúcar, maní́, legumbres, la ganadería menor, los cultivos andinos y la industria forestal, entre otras.
Y es que por más dichas actividades son muy disimiles entre sí y no comparten estructuras financieras de costos, o formatos de comercialización, ni mercados de destino y a veces ni siquiera distancia respecto de centros de consumo o procesamiento, además de la cuestión climática, todas enfrentan los mismos problemas macroeconómicos que agobian al país y que cercenan al desarrollo productivo.
Estamos hablando de un complejo fundamental tanto por su dimensión federal, con un alto poder de incidencia en la economía del lugar en el que intervienen, como por el hecho fundamental de que en muchos casos demandan la contratación de mano de obra intensiva, empleando alrededor de un millón de trabajadores: un 70% del total de la mano de obra rural, fundamental para promover el arraigo. Hablamos de un sector cuyas exportaciones superaron entre mayo 2021 y abril 2022 los USD 7.500 millones, siendo también clave para el abastecimiento interno de alimentos.
Por otro lado, desde el Senado de la Nación, la senadora de la provincia de Santa Fe, Carolina Losada, y el senador de la provincia de Córdoba, Luis Juez, han brindado su apoyo al proyecto y se han comprometido a generar legislación espejo entre ambos bloques para potenciar la cadena productiva de economías regionales.
Las problemáticas
Un informe de CAME, publicado por el diario Infobae, señala que el sector necesita de USD 812 millones de capital de trabajo “para mantenerse en pie”.
El valor del dólar es mencionado en este mismo informe como un problema por el 29% de los productores, que debió comprar a valor blue, mixto, contando con Liquidación o “dólar bolsa”, mucho más caro que el que perciben cuando sus productos se exportan. Poco más de la mitad, un 56%, logró comprar insumos y materia prima pagando el “dólar oficial”.
Siguiendo con los datos recabados en el informe, surge que el pago de servicios e impuestos es otro grave problema, ya que el 29% de los productores no pudo hacer frente al pago de servicios públicos de abril, proporción que en algunos sectores llegó al 80%. Su principal causa fue la provisión eléctrica, al punto que el 50% dejó de pagar facturas de luz. Se trata de un problema serio en sectores fuertemente electrodependientes, como la olivicultura, la vitivinicultura y la horticultura, que dependen de sistemas de riego.
También es importante mencionar la problemática que enfrentó el sector respecto del pago de impuestos ya que el 45% no pudo abonarlos en dicho momento. Los tributos más difíciles o problemáticos de afrontar son en IVA (23% no pudo pagarlo), contribuciones patronales (19%), Ganancias (18%) e impuestos provinciales (18%).
Las propuestas
El proyecto de Ley que he presentado junto a algunos de mis pares propone crear el Régimen de Promoción de las Economías Regionales con el fin de fomentar el arraigo, el desarrollo, el avance tecnológico, mayores niveles de empleo genuino y la mejora de la competitividad mediante una serie de normas promocionales y beneficios tributarios dirigidos a los empleadores de las diversas actividades que componen las economías regionales. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Entre las medidas propuestas destacó, en primer lugar, otorgar el beneficio de un mínimo no imponible para el pago de sus contribuciones patronales equivalentes al monto de un sueldo mínimo vital y móvil por cada trabajador. La fijación de un monto mínimo no imponible para el pago de sus contribuciones patronales implica que uno de cada cuatro trabajadores estaría exento de aportar dicha contribución.
Por otro lado, el proyecto prevé, solo para el sector productivo y beneficiarios de la Ley, una reducción del 50% de la alícuota de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor así como de la alícuota del impuesto del valor agregado a aplicar sobre el costo final de la totalidad del servicio público de energía eléctrica para riego agrícola.
Si bien los productos provenientes de economías regionales son mayoritariamente de exportación, hay todavía mucho potencial para desarrollar en ese sentido. Es oportuno señalar que en el marco de la invasión rusa a Ucrania en el último año mejoraron los ingresos por exportaciones por la mejora de los precios internacionales de los commodities. Sin embargo, esta ventaja coyuntural no se acompañó de un aumento en el volumen exportado. Al mismo tiempo el conflicto trajo aparejado una suba de los costos, como por ejemplo en los fletes, o incluso directamente escasez, como es el caso del gasoil. Por eso es necesario brindar herramientas para la promoción de exportaciones con mayor valor agregado y volumen más allá de factores coyunturales.
En ese sentido, el presente proyecto de Ley vuelve nula (0%) la alícuota del derecho de exportación (D.E.) a las operaciones de productos que provengan de las economías regionales. Asimismo, se establece una bonificación de las tasas exigidas para los trámites por ante organismos de la Administración Pública Nacional, correspondientes exclusivamente a la primera operatoria de exportación que realicen, como medida paliativa a la carga fiscal que versa sobre esa actividad.
Focalizamos por ello también en la creación de una cuenta única fiscal que permita a los contribuyentes beneficiarios de esta Ley, aplicar los saldos técnicos que ostenten a favor por la Ley de Impuesto de Valor Agregado, al pago de otras obligaciones fiscales o contribuciones sociales, ya que de lo contrario se verían licuadas o perdidas por el proceso inflacionario.
Al mismo tiempo, los sujetos beneficiarios de la presente Ley, que registren deudas fiscales al momento de acceder al beneficio, podrán acceder, por única vez, con carácter de reparación histórica, a un Plan de Facilidades de Pago de la AFIP para cumplimentar las obligaciones pendientes con el Estado Nacional.
También el proyecto incluye medidas promotoras del empleo agroindustrial de calidad; como así también de programas destinados a la regularización del empleo agrario.
Finalmente, cabe agregar que el presente proyecto de Ley incorpora, como medida de promoción la realización de campañas masivas de difusión audiovisual respecto de los beneficios que aportan para la salud el consumo de frutas, cereales, verduras, hortalizas, aceites, productos apícolas y orgánicos, como modo de incentivo a un mayor consumo interno.
De la misma manera que mis colegas cofirmantes del proyecto, considero que estas acciones pondrán a los productores en pie de igualdad, mejorando la competitividad de estas cadenas agroindustriales, y permitiendo con ello potenciar las exportaciones, generar futuras inversiones y la consecuente incorporación de mano de obra en todas las regiones del país, factores fundamentales para promover un desarrollo federal que nos integre más como Nación a todos los argentinos.
PROYECTO DE LEY : LEY DE PROMOCIÓN DE ECONOMÍAS REGIONALES
AUTOR: ROGELIO FRIGERIO
COFIRMANTES: GABRIELA LENA GUSTAVO HEIN CRISTIAN RITONDO FEDERICO FRIGERIO SEBASTIÁN GARCÍA DE LUCA SOFÍA BRAMBILLA MARILÚ QUIRÓZ INGRID JETTER MARTÍN MAQUIEYRA MATÍAS TACCETTA SUSANA LACIAR DOMINGO AMAYA FELIPE ALVAREZ FRANCISCO SÁNCHEZ
¿Valorás nuestro contenido?
Somos un medio de comunicación independiente y tu apoyo económico es fundamental para que que este proyecto sea sostenible y siga creciendo. Hacete socio y construyamos juntos Visión Desarrollista.
,Hacete socio
xx
