Desde la victoria en el balotaje de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Jair Bolsonaro por un mínimo margen de 1,8% de los votos el 30 de octubre del 2022, el mandatario saliente nunca reconoció su derrota y tampoco participo de la ceremonia de atributos de paso de mando. Inspirados en la actitud de Bolsonaro, sus fanáticos partidarios comenzaron a fogonear una campaña para impedir la asunción y alzarse contra Lula con acampes armados frente a cuarteles militares y con manifestaciones del gremio de camioneros que cortaron las principales rutas del país, en especial en el sur, con el reclamo explícito de nuevas elecciones o un alzamiento castrense que imponga al expresidente en el poder. El reconocimiento al triunfo de Lula por parte de las fuerzas armadas, la Justicia y los propios gobernadores aliados del expresidente fue fundamental para que asumiera el pasado 1 de enero.
El ostracismo de Bolsonaro tras su derrota y su viaje a EE. UU mientras se preparaba la asunción de Lula desmotivó a algunos de sus seguidores. Sin embargo, la mecha de la discordia se había encendido y explotó ayer con toda la furia cuando seguidores bolsonaristas radicalizados irrumpieron con violencia desmedida al edificio del Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y la sede del Supremo Tribunal Federal en Brasilia. Reclamaban a viva voz la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas para derrocar al presidente Lula. Desconocían la voluntad popular y pedián un golpe de Estado cívico militar.
Se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y hubo saqueos y múltiples destrozos en las oficinas, entre ellas obras de artes históricas, pero también hubo complicidad de las fuerzas federales de Brasilia que permitió el avance de los manifestantes. El apuntado por Lula fue el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro, que fue echado por el gobernador Ibaneis Rocha, aliado del bolsonarismo, y está detenido. También, el líder del PT hizo hincapié en la pasividad del gobernador Ibaneis quien pidió disculpas al mandatario que no fueron aceptadas.
La violenta movilización en la Plaza de los Tres Poderes trajo una triste similitud a lo acontecido hace exactamente dos años atrás cuando los fanáticos de Trump irrumpieron en el Capitoliol al no poder digerir su derrota. El ostracismo de Bolsonaro tras su derrota y su viaje a EE. UU mientras se preparaba la asunción de Lula desmotivó a algunos de sus seguidores. Sin embargo, una minoría con principios antidemocráticos y anticomunistas ejercieron una violencia sin precedentes en la segunda economía del continente.
Luego de los sucesos, Lula se dirigió a la nación con templanza para describir la situación de lo acontecido y señaló como máximo responsable a su predecesor Jair Bolsonaro. Además, agregó que investigarán a fondo a los cómplices que incitaron y financiaron el asalto y mediante un decreto ordenó la intervención federal de la ciudad.
Lo cierto es que más allá de que la movilización fue organizada y con fines concretos, no hay ninguna prueba que el propio Bolsonaro haya estado expresamente detrás de lo sucedido. Horas después del asalto el expresidente desde la ciudad de Orlando, en los Estados Unidos, utilizó la red social del pajarito con mensajes con cierta ambigüedad para dejar en claro que “siempre he estado dentro de las cuatro líneas de la Constitución», además a su modo repudió el accionar de los manifestantes y “las acusaciones, sin pruebas, que me atribuyó el actual jefe del ejecutivo de Brasil».
División extrema y riesgo de inercia política
Las elecciones presidenciales dejaron claro la polarización extrema que vive Brasil. Sólo por el resultado de los comicios que marcaron una mínima diferencia en la victoria del líder del PT que fue del 1,8%, aunque el verdadero problema es la discordia pasional que divide a la sociedad brasilera.
Lula en su asunción hizo un extensivo análisis de la pésima herencia socioeconómica que le dejó su predecesor. La primera medida de importancia la tomó su ministro de Economía, Fernando Hadad, de terminar con las exenciones de los impuestos federales a los combustibles, una herramienta con fines electorales que utilizó irresponsablemente Bolsonaro para bajar la inflación que privó una caja de 52.900 millones de reales equivalente a unos 9.900 millones de dólares anuales.
A pesar de que su ministro hizo lo correcto que era reducir el déficit fiscal, calculado en torno a 220 mil millones de reales, a los pocos días Lula deshizo lo hecho por Hadad y firmó un decreto por un año las excepciones para el diésel, biodiesel, el gas para los hogares y prórroga de dos meses para la nafta y gas que usan los vehículos. La decisión del mandatario estuvo motivada con el fin de que no haya un alza de la inflación, pero principalmente ante la posible reacción de los camioneros que son acólitos al bolsonarismo. Una decisión pragmática, que es una costumbre del líder del PT, para mantener cierta paz con ese sector. Además, sabe que lo ocurrido ayer no fue para voltear a su gobierno sino una manera de condicionar la gobernabilidad sabiendo que debe hacer frente a la herencia económica del bolsonarismo y una creciente pobreza que hace estragos en el país.
Por eso, como ocurre en todas las democracias agrietadas como también lo es la nuestra, será fundamental avanzar hacia un acuerdo básico de unidad nacional entre el oficialismo y la oposición que controla tres estados de importancia que son San Pablo, Río de Janeiro y Mináis Gerais y las dos cámaras del Congreso. Aunque sea mínimo para apaciguar al país, rescatar la importancia de los valores democráticos y tratar de evitar futuros posibles desordenes en las calles. Lula de todas maneras ya sabe que esté su tercer mandato requerirá mucho más esfuerzos para la gobernabilidad especialmente en ese congreso con dominio opositor.. Ya un intento de generar medidas disruptivas y profundas en acuerdo con esta oposición será para| mucho más complicado, por no decir imposible.
Triunfo de Lula: Volver al camino de la integración con nuestro socio estratégico
