La ley de emergencia alimentaria logró un amplio consenso político, pero es el reflejo de un fracaso. La norma que aprobó el Congreso la semana pasada prorroga hasta 2022 la vigencia del Decreto 108/2022, que declaró la emergencia alimentaria en todo el territorio nacional. Son 20 años. Dos décadas en las que el país no pudo generar las condiciones básicas para el desenvolvimiento pleno de amplios sectores de la sociedad.
La exclusión sistemática de millones de argentinos del mercado de trabajo formal, la consolidación de bolsones de pobreza estructural y la compleja marginalidad, son el principal problema del país. Y un golpe en la cara para toda la clase política. A todos nosotros. La situación se agrava a medida que pasa el tiempo y no se encuentran soluciones y exige esfuerzos enormes para que los que pensamos diferente en muchos asuntos, nos pongamos de acuerdo en lo esencial. La campaña electoral es una oportunidad para abandonar los prejuicios y dejar a un lado los antagonismos, las viejas antinomias y promover un debate sano acerca de cómo atacar las causas de esta situación dramática.
El llamamiento a un nuevo pacto social —un acuerdo de precios y salarios con congelamiento de tarifas— no es el camino adecuado para salir de la difícil coyuntura del país. Este tipo de acuerdo es una convocatoria a que los empresarios y los trabajadores acepten ganar menos por un tiempo, para tratar de contener los desequilibrios macroeconómicos. La historia ha demostrado que esos pactos que no perduran en el tiempo y están destinados a fracasar. Y un nuevo fracaso solo agudizará la crisis cuyas consecuencias ya están padeciendo una gran parte de la sociedad argentina.
La alternativa es recrear una alianza de clases y sectores que respalde un programa de desarrollo nacional. Un proyecto de generación y distribución de riqueza que beneficie a los intereses particulares de los empresarios, los trabajadores, las organizaciones sociales y la comunidad en su conjunto. El desarrollo debe ser el punto de encuentro en un interés nacional común. Y puede concretarse con una estrategia decidida, conducida y ejecutada desde el Estado, pero respaldada por todos los sectores.
El consenso sobre la emergencia alimentaria es un reconocimiento de una situación dolorosa, pero real. Una respuesta, aunque sea de emergencia, es mejor que ninguna respuesta. Pero la manera de resolver las causas estructurales de la pobreza y la marginalidad es un proyecto de desarrollo, que garantice la justicia social, genere empleo formal y permita el progreso de la mayoría de los argentinos. La larga crisis argentina exige que, gobierne quien gobierne a partir del 10 de diciembre, se busque un nuevo consenso, un nuevo factor que vuelva a unir a todos los argentinos: esta vez para lograr el desarrollo nacional.
