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Juan Domingo Perón y José Ber Gelbard en una exposición en Atucha

El pacto social vuelve a sonar como la solución para una nueva crisis argentina. Alberto Fernández lo menciona con frecuencia en sus discursos. Cristina Fernández incluso reivindicó al inventor del concepto, el exministro de Economía José Ber Gelbard, en la presentación del libro Sinceramente. Los resultados de la política de Gelbard, sin embargo, lo desaconsejan. El intento de controlar los desequilibrios macroeconómicos a través de la política de tregua entre gremios y empresarios terminó en el Rodrigazo.

El pacto social de Gelbard fue un acuerdo entre trabajadores y empresarios en el que cada sector renunció temporalmente a sus reclamos para intentar controlar los problemas económicos coyunturales. Es muy distinto a un acuerdo nacional para definir políticas de Estado como fue el Pacto de la Moncloa—, una asignatura pendiente de la que hablan todos los candidatos pero ninguno promueve cuando llega al poder. 

Alberto Fernández anticipó en entrevistas con la prensa que, si gana las elecciones presidenciales, aspira a lograr un acuerdo con empresarios y trabajadores para los primeros 180 días de su gobierno. El objetivo, explicó, es recomponer el salario sin que eso acelere la inflación. Los empresarios deberán comprometerse a limitar el aumento de los precios y suspender los despidos; los sindicatos, a moderar los reclamos salariales. 

El pacto social es, en esencia, una bomba de tiempo. Va contra las leyes de la economía y se basa en una lógica política. Pretende amortiguar las tensiones en forma provisoria sin suprimir las causas de fondo, por lo que no hace más que postergar las soluciones y acentuar el problema. La historia demuestra que son acuerdos hechos para romperse y, lejos de ser el germen para políticas de Estado, las eluden e introducen confusión.

Rogelio Frigerio analiza la instrumentación del Pacto Social de Gelbard en su libro El estatuto del subdesarrollo. Allí subraya que existe la contradicción entre el trabajo y el capital, y eso se traduce en una puja por la distribución del ingreso. Ningún acuerdo que pretenda atar las manos a las reivindicaciones económicas y sociales de la comunidad podrá borrar este conflicto. La solución, explica el padre del desarrollismo,  no se encuentra en el congelamiento de los reclamos, sino generando las condiciones para satisfacerlos. La concertación es, además una política contraindicada para el desarrollo de la economía nacional porque distorsiona los precios y los salarios, lo que se traduce en un freno en el desenvolvimiento de las fuerzas productivas. El control de precios redunda en una menor producción, menos puestos de trabajo, menores salarios reales y caída del ingreso, concluye Frigerio.

La alianza de clases y sectores

La alternativa al pacto si cial es un acuerdo nacional para el desarrollo. Un consenso amplio sobre políticas de Estado que vayan más allá de la coyuntura. Y el marco para lograrlo es la alianza de clases y sectores. Frigerio planteaba que, aunque el conflicto de clases fuera inevitable, tanto trabajadores como empresarios eran víctimas del subdesarrollo. El desarrollo era, por lo tanto, un interés compartido y permitía construir una base de apoyo social amplia. 

La contradicción entre el capital y el trabajo es imposible de eliminar. Y es insostenible pedir que los sectores cedan en contra de sus propios intereses. Una visión desarrollista plantea objetivos compartidos para alcanzar un estadio superior de producción y distribución del ingreso. No se pide al empresario que renuncie a su ganancia, que es su motivación, ni a los trabajadores que declinen sus aspiraciones de un remuneración digna y la oportunidad del ascenso social. Las fuerzas productivas pueden aliarse en un programa concreto de desarrollo, que las beneficie a todas.  Algo imprescindible para una gesta nacional acorde a los desafíos de nuestro tiempo.