El anuncio del Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay deja una definición conceptual insoslayable para los países emergentes. En palabras del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, el galardón reafirma que el derecho internacional no representa una simple formulación utópica, sino la infraestructura crítica e indispensable para la coexistencia pacífica entre las naciones: “Cada vez más conflictos se están abordando a través de la diplomacia, tratados y mecanismos legales, en lugar de amenazas, violencia y guerra. El derecho internacional es un fundamento para un mundo más pacífico […]. En un momento de desafíos existenciales —incluyendo más guerras y conflictos de los que el mundo ha visto en mucho tiempo— el derecho internacional ya no es solo un complemento para la paz y la seguridad. Es una necesidad absoluta.”
Esta afirmación sintoniza con los pilares del sistema de las Naciones Unidas, orientados a la resolución pacífica de las controversias soberanas y a asegurar el cumplimiento de los tratados. Desde la perspectiva desarrollista, el cumplimiento del orden jurídico internacional no es un mero idealismo normativo: constituye la condición de posibilidad indispensable para el progreso productivo y la consolidación soberana de un país.
Reglas previsibles para la inversión y la estabilidad
La planificación estratégica y el desarrollo industrial a largo plazo exigen certezas. Las inversiones de gran escala en infraestructura, energía e integración productiva no pueden sostenerse bajo la arbitrariedad geopolítica o el retorno a la lógica de la fuerza.
Cuando las normas comunes se erosionan, el escenario internacional se fragmenta y prevalece la volatilidad. Se encarece el financiamiento externo, se ven afectadas las cadenas globales de valor y se impone un proteccionismo opaco que desfavorece a los países en desarrollo. En un orden desregulado donde rige «la ley del más fuerte», las economías emergentes quedan vulnerables ante las decisiones unilaterales de las potencias dominantes. El derecho internacional equilibra esa balanza asimétrica, ofrece reglas de juego previsibles para comerciar, atraer capitales de calidad y proteger el esfuerzo productivo de los Estados.
Malvinas: Soberanía, diplomacia y derecho internacional
Esta defensa de la legalidad internacional adquiere un significado insustituible para la República Argentina en su reclamo por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Nuestra causa nacional descarta las salidas de fuerza y se apoya firmemente en el derecho internacional, en la jurisprudencia de las Naciones Unidas —encabezada por la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General— y en el diálogo diplomático. La vigencia del principio de integridad territorial y la descolonización amparada en normas jurídicas globales son las herramientas legítimas para recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía. Apostar al fortalecimiento de los mecanismos multilaterales y de las instituciones legales no debilita la posición argentina; por el contrario, la consolida. Es precisamente el derecho internacional el que respalda nuestros derechos inalienables y nos diferencia del ejercicio unilateral del poder por parte de potencias ocupantes.
Un compromiso estratégico con el futuro
Sostener que el derecho internacional es una necesidad absoluta implica asumir que los intereses permanentes de la Nación —su soberanía territorial, la atracción de inversiones productivas y su desarrollo tecnológico— se defienden con instituciones multilaterales sólidas, diplomacia permanente y un marco normativo claro.
El reconocimiento a Navi Pillay y la advertencia del Comité Nobel nos recuerdan una certeza fundamental: no hay inserción soberana en el mundo ni desarrollo económico duradero sin un orden internacional regido por normas transparentes, universales y equitativas.