Un proyecto de ley busca limitar la creación de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Este tipo de empresa se convirtió desde su creación en 2017 en el motor del empleo privado en Argentina. Las SAS son las únicas que aportaron nuevos empleos, incluso durante el COVID-19, frente a la pérdida de puestos de trabajo que registraron los restantes tipos, como las Sociedades Anónimas (SA) y las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL). El proyecto es impulsado por el senador Oscar Parrilli, ya tiene media sanción de la Cámara Alta y dictamen en Diputados.
Las SAS fueron creadas por la Ley de Emprendedores (Ley 27.349), sancionada en 2017. La norma establece que las empresas debe constituirse de forma digital, en un plazo de 24 horas y pueden llevar los libros contables de forma digital con tecnología blockchain. La aceptación fue inmediata y se crearon más de 60.000 empresas en tres años que contrataron a más de 70.000 empleados.
En el primer año tras la sanción de la ley, el número de empleados de las SAS aumentó un 180% mientras que los empleos en las SA retrocedieron un 3% y los de las SRL disminuyeron un 1%, según los datos del Ministerio de Trabajo de la Nación. Esa tendencia se repitió en los últimos años. En 2020 pese al COVID, las SAS aumentaron sus empleados en un 10% mientras que las SRL y las SA solo lograron recuperar un 1,5%. En contraposición, los datos del INDEC muestran que mientras el empleo formal en el sector privado cayó, el empleo público viene creciendo sostenidamente.
Los datos son categóricos y explican porque las SAS albergan nuevas empresas, ya pensadas para un contexto más flexible y cambiante de la forma de hacer negocios en el mundo y que son las que mejor pudieron sobrellevar la crisis sanitaria. Entre ellas, la industria del software, que creó 15.000 puestos de trabajo en los últimos dos años.
Aunque parezca inverosimil, Parrilli propone que el proceso de registro de las empresas vuelva hacerse con papel, en vez de en forma digital, y crear un registro de emprendedores. De esta manera, el Estado Nacional podrá tener la discrecionalidad de decidir quién es emprendedor y quién no. La iniciativa suspende por seis meses la constitución e inscripción de nuevas SAS.
Prohibir despidos o crear nuevos empleos
En 2016, el Congreso Nacional prohibió a las empresas despedir empleados (Ley 27.251). La ley fue inmediatamente vetada por el Poder Ejecutivo. En 2019, antes de la crisis del COVID-19, el actual gobierno insistió con aquella ley vetada y decretó la «emergencia pública en materia ocupacional» (decreto 34/2019). El fundamento era la pérdida de 111.000 empleos privados formales entre 2016 y 2019. Dicho decreto, y sus posteriores prórrogas, establecieron la doble indemnización y luego la prohibición de los despidos, una medida que fue prorrogada al menos hasta diciembre de 2021.
Sin perjuicio del voluntarismo político pensar que los despidos se pueden frenar con una ley que los prohiba, el resultado fue contrario al buscado. En el último año, el empleo privado perdió más de 200.000 puestos de trabajo. En contraposición a esto, el empleo público creció en 20.000 puestos de trabajo. Fue el único sector que creció durante la crisis sanitaria. Si bien esta situación quedó en evidencia el último año, es una tendencia que se ve con claridad durante la última década: los asalariados públicos crecieron casi un 30% mientras que los privados cayeron un 4%.
La situación es preocupante. Hace una década que no crece ni el número de empresas ni el de empleo privado En Argentina. Este dato es alarmante, sobre todo si se tiene en cuenta que una década atrás existían 22 millones de personas en edad laboral activa y en la actualidad son 26 millones. El número de puestos de trabajo, sin embargo, sigue siendo el mismo, o incluso menor, por lo que cada vez existe mayor cantidad de personas que no pueden conseguir un empleo formal. Esto se traduce en un aumento del empleo público o de la asistencia social.
El proyecto de ley de Parrilli resulta inentendible desde todo punto de vista, pero mucho más inentendible es tratarlo en el marco de la «Emergencia pública en materia ocupacional» decretada por el presidente. Cuando uno de los principales problemas es la dificultad para crear puestos de trabajo, se debate un proyecto que ataca a las empresas que los generan. Argentina es de los países de la región con menor cantidad de empresas activas por cada 1000 habitantes: tiene solo 14 compañías, mientras que Chile tiene 58, Uruguay tiene 48 y Brasil, 25.
En una gira reciente por EEUU, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa dijo, con razón: «No hay empleo sin empleadores, ni trabajo sin capital. La generación de empleo es la mejor forma de combatir la pobreza». De aprobar en diputados este proyecto de ley, el efecto sera el contrario: habrá menos empresas generadoras de empleo, por lo tanto menos trabajo y menos empleados, lo que redundara en mayor pobreza.
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