Perú es un caso único que combina una inestabilidad política persistente con décadas de estabilidad económica. El domingo se enfrentan en el balotaje dos candidatos ideológicamente antagónicos con un mismo desafío: acomodar la política sin torcer la economía.
Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, ganó la primera vuelta de abril con solo un 17% de los votos. Compitió contra otros 34 candidatos en una elección caótica, en la que tardaron en difundirse los resultados y hubo acusaciones de fraude. En segundo lugar quedó Roberto Sánchez, con un 12%, apenas unas décimas por delante del ultraderechista Rafael López Aliaga. Sánchez es el heredero político de Pedro Castillo, que ganó las elecciones pasadas. Castillo derrotó a Fujimori en 2021 y fue destituido al año siguiente.
En la última década desfilaron ocho presidentes por la Casa de Pizarro, con mandatos truncados por escándalos de corrupción, destituciones y un intento de autogolpe de Estado. Castillo fue depuesto por el Congreso cuando intentó disolver el poder legislativo.
Ninguno de los candidatos superó el 20% de los votos en la primera vuelta de 2021. Tampoco en 2026. Esto muestra la fragmentación política, pero también el hartazgo de los peruanos y la crisis de los partidos. Si bien este año la asistencia a las urnas creció un 3% comparado con las elecciones pasadas, el ausentismo se mantuvo elevado y casi un 17% de los votos fueron blancos o nulos.
La política peruana intentó resolver la inestabilidad con una reforma para introducir un Congreso bicameral, que revirtió la adopción de modelo unicameral instaurado por la Constitución de 1993. Este año se eligieron por primera vez 130 diputados y 60 senadores, un cambio que tenía como objetivo resolver las crisis institucionales recurrentes. Algunos analistas son escépticos, sin embargo, por el poder que acumuló el Congreso estos años contra el Ejecutivo, incluyendo modificaciones cruciales a la Constitución que le dan más peso de decisión, cambiando el equilibrio de poderes.
La posible vuelta al fujimorato
Fujimori va por su cuarto intento para alcanzar la presidencia; fue derrotada tres veces consecutivas en el balotaje.
La popularidad del fujimorato es llamativa si se tiene en cuenta que tanto el expresidente —que murió en 2024— como Keiko Fujimori estuvieron en la cárcel. La hija fue a prisión preventiva en 2018 por lavado de dinero vinculado a la causa Odebrecht, la empresa brasileña que financió parte de su campaña presidencial de 2011. Fujimori pasó algo más de un año tras las rejas y logró la libertad, aunque tuvo una nueva estadía detrás de los barrotes en 2020, bajo la sospecha de obstrucción a la justicia y riesgo de fuga, también por cargos de lavado de activos.
A pesar del prontuario familiar, la hija del exmandatario tiene chances de imponerse en la segunda vuelta. Su partido, Fuerza Popular, ya cosechó el apoyo de las fuerzas de derecha y de amplios sectores de Renovación Popular, la agrupación de López Aliaga.
A sus 51 años, Fujimori es una acérrima defensora del periodo presidencial de su padre. Se presenta como garante del modelo económico vigente en Perú, con hincapié en la minería. Propone destrabar proyectos extractivos, atraer capitales y fomentar una mayor participación público-privada. Partidaria del mercado, prometió elevar el crecimiento económico desde el 3% actual hasta el 6% al final de su mandato. En educación, anuncia mayor inversión, con la construcción y mejora de 500 colegios y la implementación de programas de kits escolares. En salud, apuesta a expandir la telemedicina, además de fortalecer la atención de enfermedades de alto costo.
En materia de seguridad, que los sondeos de opinión presentan como la mayor preocupación para los peruanos, Fujimori aboga por la mano dura para acabar con la delincuencia común y el crimen organizado. Esto incluye el bloqueo de señales de teléfonos en cárceles, videovigilancia y participación temporal de las Fuerzas Armadas en penales.
El heredero de Castillo
Sánchez, un psicólogo de 57 años, es actualmente congresista y fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Castillo. Preside el partido de izquierda Juntos por el Perú, por el que compitió en los comicios. Imita a Castillo en su vestimenta. Durante la campaña lució el mismo sombrero de campesino y prometió indultar al exmandatario, que está preso tras ser condenado a más de 11 años de cárcel por conspiración para la rebelión, luego de su fallido autogolpe.
Sánchez promete retomar la agenda de reformas que Castillo no pudo concretar, con mayor intervención estatal en áreas como salud, minería, vivienda, la lucha contra el cambio climático y los programas sociales para los sectores populares. En lo económico, propone la nacionalización de recursos estratégicos y la revisión de contratos-ley. Además, quiere elevar el salario mínimo en un 33%, de 1.130 a no menos de 1.500 soles (de 332 a 441 dólares) —aunque asegura que, para cubrir la canasta básica familiar, debería llegar a 1.814 soles—, promover el «crédito barato» para emprendedores y ampliar la asistencia social. En seguridad plantea una reforma policial, depuración de mandos y fortalecimiento de juntas vecinales. Por último, propuso garantizar el acceso universal a la educación superior, reforzar la alimentación escolar y priorizar la salud mental como política pública.
En su camino a la segunda vuelta, Sánchez obtuvo el respaldo de los partidos de izquierda y progresistas, y sumó el apoyo del Partido Cívico Obras, de Ricardo Belmont, quien salió quinto en los comicios con el 10% de los votos.
Los últimos sondeos de Ipsos muestran una intención de voto del 38% a favor de Fujimori frente al 35% de Sánchez. Otras encuestas muestran cifras similares y coinciden en señalar que el voto en blanco y los indecisos, cerca del 25%, podría ser determinante.
Al igual que en el resto de América Latina, Perú no fue la excepción a la polarización extrema. Esa división latente quedó plasmada en las urnas. Fujimori concentró más apoyo en los sectores conservadores y urbanos. En cambio, Sánchez tiene mayor llegada en las regiones rurales y entre los más pobres. Aunque, como se observa en las redes sociales, hay un sector de la sociedad peruana que se inclina al rechazo o al «voto por el mal menor» hacia ambos candidatos, lo que evidencia el clima de desconfianza política en el país.
Esa polarización estará presente en ambas cámaras del nuevo Congreso. La derecha conformará la primera minoría aunque sin mayoría propia. En abril obtuvo 56 de los 130 diputados y 30 de los 60 senadores. Del otro lado, Juntos por el Perú, sumado a otros espacios de la izquierda, tendrá la tarea de construir consensos en caso de gobernar. El escenario proyecta un Congreso fragmentado y negociaciones permanentes entre bloques, fiel espejo de la sociedad peruana.