El Día Mundial del Ambiente es una oportunidad para evaluar con realismo los desafíos estructurales que condicionan nuestro desarrollo como sociedad. Uno de los puntos más críticos y urgentes para la agenda del desarrollo sostenible en Entre Ríos es, sin dudas, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (RSU).
La gran mayoría de los municipios del país disponen sus residuos en basurales a cielo abierto, según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación. En nuestra provincia, esto se traduce en una crisis estructural que afecta a ciudades de todas las escalas, lo que obliga a establecer planes locales para erradicarlos definitivamente hacia 2030. Frente al modelo de gestión actual basado en «parches», que se encuentra completamente desbordado, la ciudadanía exige respuestas profundas.
Para avanzar, debemos partir de una premisa realista ante la comunidad y los administradores públicos: toda acción humana genera un impacto ambiental. El objetivo de una gestión pública moderna y responsable no puede ser la utopía del «impacto cero», sino procurar que dicho impacto sea rigurosamente controlado, mitigado y gestionado bajo las mejores condiciones que la ingeniería sanitaria permite. Esto exige que cada localidad mejore sus modelos de recolección y disposición final mediante programas de separación en origen, optimización del barrido y recolección diferenciada, para reducir la presión sobre el destino final. Para tomar decisiones eficientes, se requieren controles ambientales transparentes basados en estudios hidrogeológicos, mapas de riesgo y estudios de base cero que midan con precisión los parámetros de suelo, aire y agua.
La escala y complejidad de esta agenda demuestran que las respuestas aisladas son insuficientes. El caso testigo de la ciudad de Paraná y su histórico basural, El Volcadero, un pasivo ambiental crítico emplazado sobre barrancas y humedales por más de 80 años, evidencia de manera dramática los límites de la inacción y de la gestión fragmentada. La sostenibilidad de nuestra provincia exige un cambio de paradigma: debemos pasar de la mirada puramente local a la construcción de soluciones regionales y asociativas.
Mancomunidades, una solución regional
El avance más significativo en esta dirección lo está dando el área metropolitana de Entre Ríos. La reciente constitución de la Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná representa un hito institucional y técnico sin precedentes para la región. Este consorcio interjurisdiccional asume la responsabilidad de dar respuesta a un conglomerado metropolitano que supera los 300.000 habitantes, y cuya generación global de residuos sólidos superaba ya las 126.900 toneladas anuales.
Un parque ambiental regional es un complejo industrial y de ingeniería sanitaria de alta tecnología concebido bajo los pilares de la jerarquía de gestión y la economía circular. El costo de construir y operar un relleno sanitario con estándares internacionales es prohibitivo para un municipio aislado. La regionalización permite compartir la inversión inicial de capital y los costos operativos, dando acceso a maquinaria pesada. Al unirse regionalmente, se logra además la masa crítica de plástico, cartón o vidrio necesaria para consolidar el mercado de reciclables, obtener mejores precios de venta y atraer industrias circulares hacia la zona.
Este modelo asociativo cuenta con exitosos antecedentes de consorcios regionales en el país que marcan el rumbo, tales como el sistema provincial que centraliza residuos en Misiones (Aesa-Veolia); el Complejo Ambiental Rafaela en Santa Fe, como referente en articulación tecnológico-social; y el Ente BioCórdoba y su Parque de Economía Circular, centrado en la transformación de residuos en recursos productivos.
Entre Ríos cuenta con una arquitectura legal robusta que debe ser activada estratégicamente. En primer lugar, la ley provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que fija como prioridad erradicar los basurales a cielo abierto y promueve la integración a través de consorcios como organismos públicos supramunicipales. La norma ordena también el libre acceso a la información ambiental y promueve la integración de las ONG y la sociedad civil. Esta participación ciudadana se alinea directamente con el Acuerdo de Escazú, un mandato supranacional que consagra los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. La licencia social de un parque ambiental se construye abriendo canales transparentes de información y auditoría ciudadana.
Complementando este marco, la ley provincial de mancomunidades de 2020 faculta la creación de una nueva persona jurídica pública para la gestión conjunta de servicios y obras, garantizando el control del Tribunal de Cuentas y preservando la autonomía municipal, habilitando además la asociación con el sector privado para atraer capital tecnológico.
Por último, una modificación en octubre de 2025 a la ley de mancomunidades introdujo de forma estratégica la figura de la Mancomunidad con Participación de la Provincia. Bajo este marco, la provincia actúa como articuladora y garante institucional frente a los inversores privados y ante los organismos de crédito internacional, reasegurando la viabilidad de los proyectos en el largo plazo.
Sostener estos grandes proyectos colectivos es una muestra de responsabilidad institucional y un legado hacia las próximas generaciones. Debemos superar la mirada a corto plazo. El basural a cielo abierto es la inercia del presente, pero representa una deuda ambiental impagable para el futuro. Esta transición es un imperativo de justicia social y dignificación humana. Además, para una provincia definida por la riqueza de sus recursos naturales, planificar complejos ambientales con un horizonte superior a 20 años es una decisión de salud pública indispensable para proteger nuestro ambiente.