Decía Enrique Marí, en sus reflexiones sobre las pestes históricas, que la enfermedad y la muerte no traen la crisis que trastoca la vida social, sino que es la crisis la que trae la enfermedad y la muerte. Así, planteaba la idea de la muerte invertida.
Hoy podemos decir que el virus e incluso la pandemia no son el problema de fondo, sino un síntoma de los males que aquejan a nuestra sociedad —global y nacional— desde hace décadas. A este respecto vale lo que vienen afirmando muchos, como Jacques Attali: «No podemos volver a la vida de antes que nos condujo a la catástrofe». Efectivamente, ¿a qué normalidad pretendemos volver? Fue en la llamada normalidad donde se creó la pandemia y las condiciones que no nos permiten sobrellevarla mejor.
Debemos revisar los males ocultos, y no tanto, para avanzar en su transformación superadora. Entre los desafíos globales a enfrentar, como el calentamiento climático y la desigualdad creciente, nuestro país parece asomarse a uno de ellos: reformar nuestro singular sistema de salud. O más bien, nuestro asistema.
Resulta penoso que la cuestión se reduzca a la grieta política, al enfrentamiento corporativo o a una irrisoria polémica de lo público versus lo privado. No termina de avanzar un debate público y amplio, de cara a la ciudadanía, a la altura de una democracia moderna. Es necesario discutir la propuesta de una reforma de salud que integre los subsectores altamente fragmentados, pero no por ello incomunicados. Pensemos en el subsidio encubierto que significa la formación profesional en las universidades públicas para el ámbito privado, por dar un solo ejemplo.
Más allá de sospechas y reclamos cruzados, existen puntos en común incluso en actores con visiones diferentes. Ningún especialista o simple conocedor del área sanitaria puede negar que el gasto en salud es ineficiente, que la fragmentación es inusualmente pronunciada, la falta de información estadística básica, la gran inequidad en el acceso a la atención, entre otros.
Debemos proponernos, entonces, alcanzar un acuerdo sobre los nudos conceptuales que sí se comparten. Se trata de un proceso de reconocimiento de problemas para luego ir negociando soluciones. Para ello hay que superar el nivel más superficial de consenso que se limita a fines genéricos: mejorar la salud de todas las personas, ser más eficientes, lograr una mayor coordinación. Se trata de pasar a la discusión sobre los medios: ¿cómo articular los componentes proveedor, prestador, financiador y usuario?
Puede haber, y las hay, discrepancias sobre el rol que debe alcanzar el Estado, la evaluación de la performance de cada sector, y mucho más, pero por ello mismo precisamos que se dé el debate público, franco y profundo. Que se comparen y evalúen modelos existentes dentro y fuera de nuestro país, en lugar de agitar fantasmas.
Hay que evitar el facilismo de pretender un cambio de manera unilateral, o caer en la trampa de modificar un solo aspecto puntual de manera aislada al conjunto del que forma parte. Una suerte de gatopardismo tan común en el área: modificar algo para que nada cambie.
Los especialistas, las universidades, los propios actores de cada subsector, el cuerpo médico en su conjunto, pero también la ciudadanía, todos debemos participar de una discusión plural, en la que se trate de escuchar además de hablar, de manera que la energía colectiva pueda torcer un rumbo que sabemos que dista mucho de ser el mejor posible.
La democracia está en deuda con la salud. Si no es ahora, ¿cuándo abordar el subsanar nuestra condición sanitaria?
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