El planteo de dolarización es el síntoma del fracaso de las políticas implementadas estas décadas para corregir los desequilibrios macroeconómicos, nuestra incapacidad como sociedad y de nuestros gobernantes de evitar la degradación de nuestra moneda y de generar condiciones de estabilidad. Sus defensores lo ven como el modo de eliminar la posibilidad de financiamiento monetario del déficit y obligar a las autoridades económicas a “ponerse en caja” fiscal. Además, en la actualidad, la dolarización permitiría disponer de una moneda con todos los atributos que estas poseen y que nuestro peso perdió: unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor.
Como todo atajo mágico, seduce a parte de la población, incluidos empresarios hastiados de sufrir cotidianamente los percances de una economía impredecible, en la que la falta de moneda hace muy difícil el día a día e imposibilita un proceso de mínima planificación productivo.
Es esta lógica resignación a nuestra propia indisciplina lo que lleva a muchos a buscar resolver el problema de la inflación de manera tajante, «cortándonos las manos para emitir» sin meditar el costo que implica no poder contar luego con esas mano para resolver las otras múltiples vicisitudes que plantean los desafíos de nuestro propio desarrollo en un mundo inestable e incierto por demás.
Pero incluso en lo inmediato, el solo hecho de que la idea siga estando sobre la mesa, y que el Ministro de Economía y el Presidente insistan con que es el objetivo final de las medidas económicas, genera un nivel de incertidumbre que se agrega a la ya existente por esta transición económica. Esta “amenaza” de dolarización no le hace bien a la marcha de la economía ni a la toma decisiones por parte de los agentes económicos.
Frente al interrogante sobre si existe la posibilidad fáctica de que en un futuro se lleve adelante, en el futuro inmediato pareciera que no, los números no dan y debería cambiar toda la oferta monetaria, no solo los pasivos en billetes y monedas, sino también los pasivos remunerados, por dólares. Pero además hay fuertes argumentos técnicos, económicos y políticos que aconsejan desalentar tan arriesgada y poco usada herramienta, que ni el propio gobierno de Estados Unidos alienta y que desorillare a continuación.
Por otro lado, hay argumentos y fundamentos sólidos, inclusos en nuestra historia reciente, para volver a creer que somos capaces de resolver el problema inflacionario como lo resolvieron todos aquellos países que sufrieron el mismo flagelo: institucionalidad, consensos, disciplina fiscal y responsabilidad política.
Alta disparidad entre ambas economías
El primero es el concepto de área monetaria óptima. Según el criterio del teórico liberal McKinnon (1963), debe existir una elevada apertura o grado de comercio entre las partes que están evaluando formar parte de un área monetaria óptima, para que ésta pueda superar de la mejor manera posible un shock asimétrico o la situación en la cual los países miembros se encuentran en etapas distintas del ciclo económico. El grado de apertura exterior de la economía lo mide a través del cociente entre los bienes comercializables internacionalmente y los no comercializables. Si hay una marcada relación comercial mutua y sincronización de los ciclos económicos, aumentan los beneficios netos que se esperan obtener de la adopción de una moneda y de una política monetaria común.
Se hace evidente que Argentina y Estados Unidos no constituyen un área monetaria óptima según los criterios que los teóricos liberales fundamentaron para su viabilidad. Al no haber una sincronización natural o espontánea entre ambas economías, en el caso de necesitar evitar el recalentamiento norteamericano, se tomarían medidas que terminarían impactando en un menor crecimiento o en una recesión en nuestra economía, o en caso que fueran necesarias medidas de estímulo en ese país, podrían ocasionar subas de precios indeseadas en el nuestro.
En concreto está claro que, en un área monetaria formada por Argentina y Estados Unidos, la Reserva Federal tomaría las decisiones de política monetaria en función de sus necesidades y no de las nuestras, y a diferencia de un área monetaria común no existirían mecanismos de compensación entre países (como si podría darse en la Unión Europea por ejemplo). Aun así, es importante también ponderar también las siguientes cuestiones:
Relevancia de la política económica
La emisión monetaria, junto con la recaudación de impuestos y el endeudamiento, constituyen las tres formas que tiene de financiarse un Estado, para solventar su gasto y sus inversiones. Si se gasta más de lo que se recauda, o se pide dinero prestado en forma de endeudamiento o se emite. El único modo de cortar la emisión y el endeudamiento es no teniendo déficit fiscal. No hay más alternativas.
Ningún país que pretende ser soberano se desentiende del control de su política económica, por el contrario, busca tener cada vez más autonomía y poder sobre la misma. Si un país dolariza renuncia a la posibilidad de hacer política monetaria y cambiaria, o sea, de influir en las tasas de interés y el tipo de cambio de la economía, según sea necesario, para estimular o para contraer la demanda. O para absorber shocks externos, dado que la flexibilidad de precios de bienes no transables es insuficiente para evitar ajustes pronunciados del nivel de actividad.
Que a la vez la economía quede atada a una economía tan disímil como la norteamericana expone la enorme vulnerabilidad del mecanismo, y su eventual incapacidad para generar una respuesta local frente a las cada vez más recurrentes crisis económicas y financieras de los tiempos que corren.
La pérdida del prestamista de última instancia
El tema de la asistencia al sistema financiero local no parece llevarse de la mano con una organización monetaria que no deja lugar a ningún tipo de emisión por parte del Banco Central. La posibilidad que tiene la autoridad monetaria de otorgar liquidez a las instituciones financieras se basa en su capacidad de emitir moneda. Si esta se pierde, la supervivencia de los bancos en contextos de iliquidez depende de sus reservas, del acceso al crédito interbancario -casi nulo en caso de iliquidez sistémica- y del acceso al crédito externo -no muy fluído cuando predomina la incertidumbre sobre el país-. Este último podría estar algo más garantizado en el caso de los bancos extranjeros (cosa que no se verificó en la corrida de la salida de la convertibilidad), pero si fuera así, podría acentuarse la tendencia a la extranjerización de la banca.
Una salida lógica: Consensos políticos para normalizar la economía
No se puede negar el hecho que Argentina tiene una historia de fuerte dolarización de hecho en ahorros, en deudas y en la fijación de precios, por la propia degradación de nuestra moneda, que ha perdido su función de reserva de valor y de medio de cambio por el flagelo de la inflación. Sin embargo, como señala Levy Yeyati en su trabajo “Dolarización y desdolarización financiera en el nuevo milenio”, “la dolarización ya no puede ser vista de manera sistemática como un fenómeno inevitable y en gran medida sin consecuencias”. Y es que tratar de cerrar la cuestión de los desequilibrios macroeconómicos argentinos con una dolarización sería caer en restricciones más severas que cuando se adoptó la convertibilidad, y con implicancias adicionales. Sabemos que la convertibilidad, acompañada de políticas adicionales que se tomaron, tuvo un efecto positivo de reducir la inflación por anclaje de expectativas de devaluación, pero, a posteriori, el enorme peso del endeudamiento y los déficits de cuenta corriente implicaron que al cortarse el flujo de dólares por falta de perspectivas de crecimiento no pudiera sostenerse el régimen.
De hecho, si bien la dolarización forzosa permitió controlar la inflación de Ecuador y El Salvador, lo relevante es que existen economías latinoamericanas que han logrado sin perder su moneda soberana ni el control de su política económica. Chile y Perú son ejemplos de esto.
En ese sentido los gobiernos pueden y deben incentivar medidas de política económica en pos de reducir la dolarización de hecho, siendo fundamental ofrecer bases para dar estabilidad y una moneda sana. Sabemos que la inflación es lo que se debe atacar, las diferencias conceptuales de cómo frenarla hacen necesario que haya un consenso de políticos y de economistas para tomar el toro por las astas y promover una acción integral para combatirla. Estas medidas pasan por recuperar los equilibrios macroeconómicos, aumentar la productividad de la economía, así como nuestra capacidad exportadora, a la par de bajar el excesivo gasto público de manera de reducir la presión fiscal y la informalidad.
Argentina tiene un caso exitoso en este mismo sentido y en tiempos no muy lejanos: La experiencia de la salida de la convertibilidad muestra que es posible tener una moneda con un régimen de flotación cambiaria sobre la base de superávits gemelos (externo y fiscal). En ese periodo los argentinos no ahorraban en dólares porque el peso tenia valor y confianza. El descontrol del gasto público en el periodo kirchnerista fue descomunal y rompió todo orden macroeconómico además de generar una carga impositiva insostenible que hace perder competitividad a nuestra producción transable. Soy de los que piensa que es imprescindible ordenar y reducir de manera contundente el gasto público. Pero, además, dada la historia argentina y la restricción de financiamiento del sector público, debemos ir a un superávit fiscal primario (antes del pago de intereses). Y esto debe ser consensuado y legitimizado por todos los actores políticos como una política de estado imprescindible.
Por eso es fundamental preguntarnos cuál es el objetivo ulterior que se pretende al dolarizar. Si es solo estabilizar la economía, se debe saber que esa es condición necesaria para el desarrollo económico, pero no suficiente, y que una medida tan radical limita las herramientas y mecanismos para promover un programa en esa dirección. En este punto es clave la independencia real del Banco Central, conducido prolija y responsablemente, que se perdería con una dolarización.
Se trata de objetivos fundamentales que requieren asumir costos políticos y sociales que desde hace muchos años se han evitado o se han discontinuado. Lo que se forja en un periodo electoral desaparece en otro o dos siguientes. Y esta falta de credibilidad nos lleva nuevamente a buscar salidas mágicas de altísimo costo. Por eso el comienzo de la solución de nuestras problemáticas económicas es esencialmente político e implica cambiar de una vez nuestra trayectoria de incumplimientos y cambios continuos de reglas del juego y hacerlo sin tener que incurrir a medidas extremas como la convertibilidad y o la dolarización. Toda la dirigencia argentina deberá estar a la altura de tal compromiso y ceder a intereses sectoriales e inmediatos para generar un ordenamiento sustentable y general y en primer lugar el presidente Milei convocando a dicho propósito en el marco del mentado Pacto de Mayo.
