¿Qué tienen en común el desguace de estructuras científicas estratégicas como el INTI o el INTA con medidas como la venta de YPF Agro o la autorización del ingreso de maquinaria agrícola usada? Todas responden a una misma visión ideológica: aquella que reduce el desarrollo nacional a un problema de eficiencia inmediata, renunciando a aprovechar la competitividad originaria como punto de partida para la transformación productiva.
Es la ortodoxia económica en su versión más pura: programas repetidos, resultados previsibles y un discurso que invoca la “eficiencia” y el “sacrificio popular” como virtudes. Sin embargo, este enfoque confunde el destino con el punto de partida.
Qué es la competitividad originaria
La competitividad originaria es la ventaja inicial que tiene un sector productivo y que puede convertirse en motor de desarrollo hacia dos direcciones:
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Hacia delante, cuando el valor agregado sobre un producto primario genera nuevos eslabones industriales.
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De forma derivada, cuando la competitividad de un sector impulsa el desarrollo de otros sectores asociados.
Lejos de ser un concepto académico abstracto, la competitividad originaria es una herramienta concreta para trazar una hoja de ruta que saque a la Argentina del péndulo de crisis recurrentes y dependencia externa, iniciando un proceso sostenido de industrialización y generación de riqueza genuina.
El rol estratégico de las instituciones
Instituciones como INTA, INTI o CONICET no son simples agregados de actividades: constituyen un sistema interdependiente capaz de articular investigación, tecnología y producción. Su misión es potenciar las ventajas iniciales de la economía argentina, transformándolas en cadenas de valor industrializadas y competitivas a nivel global.
Sin decisión política para coordinar y expandir esas ventajas, la Argentina queda atada al viejo modelo de especialización primarizada que dicta la ortodoxia.
Ejemplos concretos de retroceso
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Maquinaria agrícola usada: habilitar su importación erosiona la industria metalmecánica nacional, que justamente nació del impulso que el campo dio a la producción de bienes de capital con capacidad tecnológica propia.
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YPF Agro: en lugar de ser una palanca para articular energía y agroindustria, generando desarrollos tecnológicos accesibles a los productores, se la entrega al mercado como si fuera un activo prescindible.
Cada una de estas decisiones debilita la posibilidad de que sectores con alta competitividad inicial impulsen industrias derivadas, condenando al país a exportar commodities y comprar manufacturas.
Eficiencia vs. desarrollo
El dogma eficientista sostiene que la “ineficiencia industrial” se resuelve abriendo la economía a la competencia externa. Ignora que todos los países hoy industrializados atravesaron etapas de protección, acumulación y maduración tecnológica en las que el Estado jugó un rol decisivo.
La contraposición es clara:
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Para la ortodoxia, el criterio de economicidad define prioridades de inversión: dedicar recursos donde la rentabilidad inmediata sea mayor.
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Para la visión desarrollista, como explicaba Rogelio Frigerio, ese criterio es erróneo: la clave está en identificar y potenciar las ventajas competitivas originarias que puedan traccionar un proceso de desarrollo integral.
La economicidad no es un criterio acertado para definir la inversión
Una política de Estado o la primarización asegurada
La experiencia internacional muestra que el fortalecimiento de organismos de ciencia y tecnología no es un lujo argentino, sino una práctica común en países como Brasil, Francia, EE.UU., Japón o Alemania. Allí se entiende que el conocimiento y la innovación son pilares estratégicos, no “gastos ineficientes”.
Renunciar a esa estrategia es condenar al país a la primarización, bajo el viejo principio de “ventajas comparativas” que dicta que debemos exportar lo que ya producimos sin valor agregado y limitar el acceso a bienes industriales importándolos con las divisas obtenidas.
La conclusión es clara: tener a la ciencia, la tecnología y la industria como política de Estado no es un lujo ni una carga fiscal. Es el acto de soberanía más importante que un país como la Argentina puede ejercer frente a la división internacional del trabajo que lo quiere reducido a productor primario.