En 1990 fue el gobierno de Carlos Menem el que privatizó YPF, mediante una ley que fue celebrada a los gritos, cantando la Marcha Peronista y el Himno Nacional, por los diputados y senadores peronistas, entre los que se recuerda a Carlos Parrilli, hombre de íntima confianza a Cristina Fernández, y que contó con la fervorosa adhesión de los gobernadores de las provincias con petróleo y muy en especial del gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner -que hizo lobby en Bs.As. para convencer a algunos diputados díscolos- y de su señora esposa, entonces diputada provincial, quien ilustraba diciendo que esa medida constituía un acto de justicia, que permitiría la reactivación del sector y mejoraría las economías provinciales.
La privatización, por suerte, no fue completa, ya que la Argentina se había reservado un porcentaje de acciones que la facultaba a participar en el directorio y definir la estrategia empresaria. ¿Qué hizo unos años después Menem, cuando por culpa de la estrecha horma de la convertibilidad pergeñada por Cavallo -y también celebrada por el peronismo- le empezó a apretar el zapato? pues vendió esas acciones, se hizo de unos centenares de millones de dólares, financió un poco de la enorme deuda que él mismo estaba generando y siguió para adelante. ¿Qué hicieron los legisladores oficialistas? Como siempre, se rompieron las manos de tanto aplaudir la hábil maniobra de su entonces jefe.
En este punto vale recordar que en 1998, cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz, decidió privatizar el Banco de Santa Cruz, que fue adquirido por los Eskenazi que se convirtieron así en los banqueros oficiales de la provincia y de los Kirchner. El nuevo Banco Patagonia asesoró a Néstor Kirchner y administro los fondos de las regalía que por alrededor de 1.000 millones de dólares le entregó el gobierno de Menem a la provincia de Santa Cruz y cuya destino quedó extraviado entre las neblinas del tiempo y probables negociados.
Ya en el comienzo del primer gobierno de Cristina Fernández se miraba con codicia a YPF, lo que dio lugar a operaciones de presión sobre Repsol para que vendiera parte de la empresa a un operador argentino, lo que se concretó en 2008 con la «argentinización» de un 25% de las acciones que fueron adquiridas en 3.500 millones de dólares por el grupo Petersen de la familia Eskenazi, que carecía de ninguna experiencia en el negocio petrolero.
El ingreso del Grupo Petersen, fue justificada en el directorio de YPF diciendo que se trataba de un “experto en mercados regulados”, que es un eufemismo para expresar que favorecía su vinculación con el gobierno. A su vez esté alentó la operación, autorizando a YPF para que distribuyera todas sus utilidades, sin hacer ninguna reserva para invertir en la búsqueda y explotación de nuevos yacimientos porque como los compradores no disponían de dinero (o sea compraron sin plata) un grupo de bancos internacionales estructuró una financiación basada en el pago de acciones mediante dividendos futuros.
Dos años después, cuando se anunció el descubrimiento de Vaca Muerta, la Sra. Presidenta elogió a Sebastián (aludiendo muy canchera al Sr. Eskenasi) y después de aclarar que le había pedido permiso a Brufau (presidente de Repsol) para decir algo tan serio y reservado, expresó que “YPF ha cambiado sustancialmente a partir de la incorporación de un socio argentino”.
Mientras tanto, en el año 2011, ocho ex secretarios de Energía de distinta filiación política que se desempeñaron en anteriores administraciones, denunciaron que se había ingresado en una peligrosa pendiente de decrecimiento de inversiones en petróleo y gas -señalando que la descapitalización energética en términos de atraso de inversión de energía eléctrica y de evaporación de reserva de petróleo y gas equivalía al valor monetario de toda la tierra arable de la Argentina, o sea unos US$ 150.000 millones-. De inmediato la disciplinada fuerza de choque kirchnerista salió a pegarles, acusándolos de destituyentes, incapaces y cipayos, reafirmando las excelencias de su política petrolera, y en especial la gestión de YPF.
¿Qué pasó que todo cambió a partir de los primeros meses de 2012? Yo creo que tardíamente tomaron nota que el equilibrio de nuestra balanza comercial se estaba perdiendo y que dada la baja productividad de YPF en el futuro no se podría pagar la cuenta de la importación de combustibles.
¿Qué hizo entonces el gobierno? pues, lo más fácil: Echarle la culpa a otro. Y como no podían castigar a la Alianza, ni a Duhalde ni a Macri, ¡qué mejor que pegarle a los españoles de YPF, ¡si después de todo fueron sus antepasados los que nos colonizaron y contra quienes hicimos la gloriosa Revolución de Mayo, para impedir que continuaran llevándose nuestro oro y plata!, como dijo con rostro emocionado la presidente Cristina Fernández.
Por ese motivo las provincias comenzaron con las quitas de áreas concesionadas a esa empresa, haciendo crujir su cotización en las bolsas del mundo y preparando el terreno para que, de manera circense y espectacular, se montara el escenario en el que nuestra principal actriz hizo el anuncio esperado por todos y todas: se nacionaliza YPF (aunque en realidad lo que se expropiaría era el 51% del paquete accionario en poder de Repsol, que es distinto).
Por esa expropiación, que arrancó con un decreto ejecutado con allanamientos tan gradilocuentas como innecesarios de las oficinas de Repsol, el entonces viceministro de economía Axel Kicillof aseguró que no se iba a pagar ni un solo dólar. Al contrario, sostuvo, íbamos a cobrar indemnizaciones por supuestos daños ecológicos. El Congreso Nacional, aprobó con entusiasmo y cánticos la ley ratificatoria, con votos favorables de algunos diputados radicales.
Por supuesto que Repsol a quien no le dieron ni un peso no demoró en realizar un reclamo ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y en 2014, Kicillof, olvidando que había dicho que el Estado debía cobrar y no pagar, sin dar muestras de vergüenza dijo que era muy buen negocio para el país pagarle a Repsol 5.000 millones de dólares y firmó un acuerdo de rendición.
Eso sí. Dejó sin resolver la situación del socio minoritario, el Grupo Petersen, que privado de los ingresos para continuar pagando a los bancos prestamistas (que le habían permitido antes comprar las acciones de YPF sin recursos propios) se presentó en quiebra en España donde luego se vendieron sus activos a un fondo Burford, que inició un juicio contra el estado nacional. En abril de 2023 la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York Loretta Preska, hizo lugar a la demanda sin fijar el monto indemnizatorio, que se fijó después.
Una suma lógica podía rondar los 2.500 millones (o sea la mitad de lo que se la pagó a Repsol por el 50% de sus acciones), o, a lo sumo los 3.500 que se comprometió a pagar y luego no lo hicieron los Eskenasi, sin embargo en septiembre de 2023, haciendo un cálculo del valor de cada acción según el promedio del último año antes de la expropiación (período en que se cotizó bastante por la generosa distribución de dividendos) y anexando intereses con fórmulas de capitalización que los llevaron a las nubes, la Jueza Preskas fijó el monto en 16.000 millones ( o se mas del 300% de lo pagado a Repsol por el 51% de las acciones).
La actual decisión de Preskas de disponer el embargo el 51 de las acciones para que Burdford se cobre es totalmente reprobable. El valor actual de todo el paquete de acciones de YPF no supera los 3000 millones dólares, de modo que, hoy por hoy, el fondo buitre podría quedarse con toda la compañía y nosotros aún le estaríamos debiendo una suma tan formidable como impagable.
Los abogados del Estado Argentino, que ya apelaron la sentencia de Preskas que hizo lugar al juicio, también deberán apelar esta última decisión y, en nuestro criterio, el gobierno debería comenzar a explorar fórmulas conciliatorias que son posibles a futuro, aunque requerirían aval legislativo de nuestro Congreso.
Es necesario que el presidente Milei actúe con prudencia, ya que al margen de la mala praxis del entones ministro de economía Kicillof y del gobierno de la presidente Cristina Fernández, hoy está en juego la defensa del patrimonio nacional y aquí no sirven las bravatas estentóreas ni repartir insultos a granel, sino la búsqueda sensata e inteligente de una solución que permita sacarnos de encima un conflicto que además de resultar particularmente oneroso, perjudica la credibilidad del país.
De cualquier manera, detrás de la escena de este triste espectáculo quedan más dudas que certezas. Si hoy cobrara Burford debería tomar sus utilidades, jugosas por cierto, pagar a los acreedores de la quiebra de los Petersen y el sobrante, de varios miles de millones de dólares irían a manos de esta compañía, que, recordemos, fue (o quizás seguirá siendo) tan cercana a la familia Kirchner.
Al final de su inolvidable poema Ajedrez (“El Hacedor”, 1960), Jorge Luis Borges concluye diciendo “Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía?»
En esta macabra trama de YPF, detrás de la jueza Preskas aparece el fondo Burdford y detrás de éste el grupo Petersen … ¿quién podrá esconderse detrás?