Si se concreta, Vicentin será la primera gran estatización del gobierno de Alberto Fernández. El presidente asegura que no es el inicio de una avanzada sobre el sector privado y que la expropiación de la mayor cerealera de capitales nacionales es una respuesta a la crisis financiera que atraviesa la firma. El Gobierno dice que el objetivo es proteger los 7.000 empleos que genera todo el grupo y garantizar la subsistencia de 2.600 pequeños productores que dependen de que Vicentin siga produciendo y, sobre todo, pagando. Lo cierto es que la intervención dictada el lunes convierte al Estado en uno de los mayores operadores del mercado de granos argentino, una de las actividades más dinámicas y competitivas de la economía.
La empresa —la más importante de la provincia de Santa Fe— entró en cesación de pagos el 4 de diciembre de 2019. Tenía una deuda de casi 100.000 millones de pesos cuando inició el concurso de acreedores. El 80% de la deuda financiera es con el Banco Nación. Es decir, con el Gobierno Nacional. Este fue uno de los principales argumentos que expuso Alberto Fernández para justificar la intervención. La compañía, sin embargo, continuaba en operación y pagando los salarios de todos sus trabajadores, aunque acumulaba una deuda creciente con 2.638 acreedores, entre bancos, cooperativas, productores y el Estado, por el impago de impuestos y aranceles. La decisión del Gobierno fue presentada como un «rescate» para evitar el daño sobre el entramado productivo, ya que entre los acreedores hay miles de productores de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza. Pero esta no era la única alternativa. Si había tres ofertas del sector privado para comprar la compañía, ¿por qué se optó por la vía de la expropiación?
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dicta la intervención de la empresa por 60 días explicita algunos de los criterios. Subraya, por un lado, el «impacto sistémico para las exportaciones agropecuarias» de Vicentin, por el gran volumen de sus operaciones. Por otro, expresa la intención de evitar que la porción del mercado exportador de Vicentin quede en manos de «actores transnacionales», lo que favorecería la fuga de capitales. El mismo texto de la norma evidencia que el objetivo de la intervención es, de hecho, impedir que se concrete alguna de las operaciones que se estaban negociando. Al momento del anuncio había, al menos, tres interesados en comprar Vicentin: el empresario de medios José Luis Manzano; el ex CEO de Dreyfus, Ciro Echesortu; y la suiza Glencore, socia de Vicentin en Renova, una planta de biodiesel de Timbúes, Santa Fe.
La cuarta exportadora agropecuaria del país
Vicentin fue en 2019 la cuarta mayor exportadora agropecuaria del país, según datos de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la Nación. Fue también la mayor exportadora de aceites y subproductos el año pasado. Por el volumen de exportaciones, la compañía tiene una importancia estratégica y, a través de ella, el Estado tendrá capacidad para influir en el mercado (y distorsionarlo) y controlar la liquidación de divisas del sector.
El DNU designa por 60 días como interventor de Vicentin a Gabriel Delgado, que fue Secretario de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación entre 2013 y 2015, durante la gestión de Carlos Casamiquela en el Ministerio Agricultura. El decreto anticipa el envío al Congreso de un proyecto de Ley para declarar a la empresa de utilidad pública e integrarla a un fideicomiso que dependa de YPF Agro, una línea de negocios de la petrolera que comercializa semillas, silobolsas y lubricantes.
El Grupo Vicentin es dueño del 33% de Renova, la mayor planta de procesamiento de soja del mundo, ubicada en Timbúes y dedicada a la producción de biodiesel. Tiene una capacidad de procesamiento de 30.000 toneladas de soja al día. Por este negocio, el grupo es, en sociedad con Glencore, el mayor productor de biodiesel del país. También cuenta con plantas de procesamiento de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone; una división textil; puertos; el frigorífico Friar en Reconquista; un planta de jugo concentrado en San Juan; una bodega en Mendoza; una unidad de acopio y exportación de miel; establecimientos ganaderos; y sedes en Uruguay, Brasil y Paraguay.
La deuda con el Banco Nación
La empresa nació en 1929 en Avellaneda, al norte de Santa Fe, fundada por tres hermanos italianos. Comenzó como un pequeño comercio de ramos generales y creció de a poco durante nueve décadas hasta convertirse en uno de los grandes jugadores del mercado. El 4 de diciembre de 2019, seis días antes del cambio de gobierno, la firma entró en cesación de pagos. La decisión fue polémica, en primer lugar, por el contexto político y por el hecho de que el grupo Vicentin fue el principal aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, con una donación de 13,5 millones de pesos. En segundo lugar, y con mayores consecuencias políticas, porque el Banco Nación le había otorgado un crédito por 5.785 millones de pesos unas semanas antes del incumplimiento de los pagos.
El fiscal federal Gerardo Pollicita inició una investigación por irregularidades en el otorgamiento de créditos del Banco Nación por un total de 18.000 millones de pesos. Están imputados en la causa el presidente del banco, Javier González Fraga, y los ejecutivos de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli. Padoán fue presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario hasta el 13 de diciembre y renunció tras el escándalo por el default de la empresa santafesina.
Dos días antes de la suspensión de pagos, Vicentin vendió el 16,67% de las acciones de Renova a Glencore. La empresa suiza se hizo con el control del 66,67% de las tenencias de la planta de Timbúes con esta transacción, que se hizo pública recién el 17 días después de que se concretara, a pedido de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Al margen de las malas decisiones empresarias que llevaron a Vicentin al borde de la quiebra, si hay un sector que demostró que puede ser eficiente y competitivo, es el agroindustrial. Por eso la intervención estatal parece, al menos, desproporcionada. Si el sector funciona bien solo, ¿no es mejor dejarlo librado a la iniciativa privada, en los éxitos y en los fracasos? Un rescate puntual y acotado en el tiempo, sin embargo, como medida de urgencia en un contexto excepcional como la pandemia de COVID-19, no parece injustificado. No queda claro que ese sea el propósito de la medida.
Alberto Fernández aseguró que la expropiación de Vicentin no es una avanzada sobre el sector privado, pero usó una expresión inquietante para algunos: «Argentina necesita soberanía alimentaria». Suena extraño en un país donde la frase «producimos alimentos para 400 millones de habitantes y somo 40 millones» es casi un cliché. ¿A qué tipo de soberanía se refería? ¿Es soberanía controlar los precios y la liquidación de divisas? ¿Es más soberano un país donde el Estado interviene en los sectores más dinámicos de la economía?
El proyecto de expropiación es un mal antecedente, aún si tiene buenas intenciones. Es una señal de desconfianza hacia el sector privado en un momento crítico. A fin de cuentas, para mantener a Vicentin en marcha, sostener el empleo y garantizar el pago a los acreedores no hace falta una estatización. Y menos por tiempo indeterminado.
