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Una docente dicta clases en una escuela argentina, respetando los protocolos contra el COVID-19. / Telam

Hace algo más de dos décadas, el líder británico de centroizquierda Tony Blair postuló las bases de lo que se conoce mundialmente como políticas basadas en la evidencia (evidence based policy, en inglés). Blair entregó al Parlamento británico un white paper titulado Modernising Government, donde defendía la necesidad tomar decisiones de gobierno sostenidas siempre en evidencias que pudieran medirse y comprobarse, en vez de en consideraciones ideológicas o subjetivas. Desde esta óptica me pregunto en qué se basó la decisión del gobierno nacional argentino de suspender las clases presenciales en las escuelas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Está demás explicar el efecto positivo de la asistencia a clases, tanto en los niños como en los padres. Por otro lado, está demostrado que es menos probable que un niño contraiga coronavirus y lo contagie, en comparación con un adulto. Siempre en un contexto donde se respeten las medidas de seguridad y los protocolos para prevenir la propagación del virus.

¿Aumentaron los casos como consecuencia de la apertura de las escuelas? No, y así lo evidencian los datos que publicó hace apenas diez días del Ministerio de Educación de la Nación. Solo el 0,16% de los estudiantes y el 1,03% del personal que asistieron a las escuelas contrajeron COVID-19, según el relevamiento que hizo el ministerio tras la vuelta a las claeses presenciales, después haber prácticamente perdido el curso lectivo del año anterior.

Un comunicado firmado por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, junto a sus pares de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, enfatiza que «la escuela es un espacio donde se fiscaliza la aplicación de protocolos de manera cruzada: directivos, docentes, auxiliares, estudiantes y familias realizan un control cotidiano de aquello que sucede al interior de las instituciones educativas fortaleciendo la seguridad de quienes la habitan cotidianamente». Los ministros de Educación de todas las jurisdicciones reivindican así la presencialidad con aplicación y control riguroso de los protocolos. Aunque tarde, ya que Argentina fue uno de los países con más semanas sin clases en el mundo en 2020.

Recurramos a evidencia complementaria que fortalece esta posición. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informó que entre el 17 de marzo y el 12 de abril hubo 5.006 casos confirmados de COVID en las escuelas, lo que representa el 0,71% del total de personas que asisten a las instituciones educativas. De las 45.056 burbujas en las que fueron agrupados los estudiantes, se aislaron 945. Es decir, al 2,1% del total. De esos casos aislados preventivamente por contacto estrecho dentro de una misma burbuja, dio positivo solo el 0,012%. Esto evidencia que la mayoría de los contagios de los docentes y los estudiantes se dan fuera del ámbito escolar. Por el contrario,  los controles aplicados en el mismo han permitido la detección temprana y el seguimiento de los casos.

El presidente Alberto Fernández justificó la medida porque «las clases presenciales no son solo las clases presenciales», sino que incluye la dinámica y la exposición que se produce en torno a las mismas. En ese caso, ¿no sería más efectivo mejorar los protocolos de entrada y salida de los estudiantes?

Mi experiencia cursando en España

La evidencia debe estar siempre por encima de toda disputa política. Me gustaría cerrar esta nota compartiendo mi experiencia en Madrid, donde me encuentro desde febrero de 2021. Estudio en la Universidad Complutense de Madrid, la casa de estudios más importante del país. De aquí salieron los dirigentes más prestigiosos de España, especialmente de la izquierda. Es la cuna de Podemos, el principal partido político del progresismo español.

Aquí las clases son presenciales. Y no hay discusión al respecto ni disputas partidarias.

La metodología es simple: hasta tanto no haya contagios, habrá presencialidad. Y si se registra un contagio, se aísla al contagiado y se cambia de aula. Mientras no haya nadie con síntomas, siguen las clases presenciales.

De hecho, el primer día de cursada un compañero dio positivo de COVID-19. AL día siguiente, dado que nadie tenía síntomas, tuvimos clases presenciales en otra aula y todo siguió su curso sin alteraciones.

El miedo a lo desconocido nos costó perder prácticamente un año escolar. Pero en 2021 ya contamos con evidencia concreta que contradice el riesgo de contagio en el aula. La decisión de desconocerla me parece una irracionalidad incomprensible.