El Congreso de la Nación ha comenzado la discutir una nueva Ley de presupuesto en donde una de las variables de ajuste propuesta recae de forma plena sobre las provincias argentinas dejando ver que, tal vez para quien conduce el gobierno nacional, el federalismo se trata en sí de un error de diseño.
Es en estos tiempos de posverdad, que el federalismo argentino debe recostarse sobre la palabra escrita en la Constitución Nacional. Posverdad que se manifiesta fuertemente en la reciente, pero poco original, intención de instalar la idea de un gobierno nacional desligado de obligaciones y deberes hacia el conjunto de la sociedad, asignando a las provincias en carácter absoluto la financiación de desarrollo de políticas públicas.
En nuestra arquitectura constitucional existe un sistema de vasos comunicantes entre Nación y Provincias en materia de políticas públicas cuya competencia es concurrente. A ello se le suma que las políticas y acciones que llevan adelante las autoridades nacionales no son compartimentos estancos, sino que cualquier variación tiene incidencia directa, inmediata e inevitable en las provincias, siendo la política económica y su impacto en cada una de las provincias el ejemplo mas claro de ello.
Si a esto le sumamos que la participación de las provincias en la distribución total de recursos nacionales se ha reducido año tras año, incluso en contra de la garantía que establece la Ley de Coparticipación, licuando de esta manera la masa coparticipable ya que a media que la recaudación aumenta, los impuestos que más crecen son los de carácter no coparticipable, resultando a lo largo del tiempo un desequilibrio fiscal federal que se materializa en que a las provincias solo va el 30% de la recaudación.
Este proceso de destrucción del equilibrio de las relaciones económicas entre la Nación y las Provincias, se traduce en una situación de creciente vulnerabilidad económica y fiscal de las mismas. Un problema de raíz evidentemente política, ya que los gobiernos de turno indistintamente de su ideología aprovechan este modelo desigual de distribución de recursos para mantener el sometimiento fiscal a gobernadores propios y ajenos y a los representantes que estos tienen en el Congreso.
Este es un modelo ya repetido en la historia argentina, algunas veces implementado para garantizar la construcción de un modelo de poder político y otras tantas para garantizar el funcionamiento de un modelo extractivista. En definitiva, disfraza como pretensión de equilibrio fiscal la ya conocida política de unitarismo fiscal, que tiene como características propias al autoritarismo centralista y al clientelismo político.
Por ello, una vez más debemos resaltar que las provincias para poder ejercer plenamente su autonomía necesitan contar con recursos propios, sin los cuales no es posible llevar adelante políticas públicas que hagan a su desarrollo.
Históricamente el sistema de distribución de recursos entre el Estado nacional y las provincias ha involucionado hasta ser un condicionante absoluto de la autonomía de las provincias, no sólo en su faz institucional sino en su faz social que es donde impactan las deudas del desarrollo.
Es en este contexto que la retórica de “una Nación dueña de los recursos que distribuye con generosidad a provincias pobres” resulta contrario a nuestro diseño constitucional e institucional federal, ya que la realidad histórica es que es en los estados provinciales donde se generan los recursos que financian a la Nación.
El equilibrio fiscal requiere de parámetros claros para ser compatible con nuestro sistema constitucional. No es lo mismo lograr un equilibrio en base a la resignación de competencias, desfinanciando a las provincias, que lograrlo por el desarrollo del país.
El federalismo fiscal cooperativo y solidario con equidad configura una garantía institucional de cuyo contenido derivan obligaciones para el Estado Nacional y las Provincias. Este régimen diseñado por el constituyente es un mecanismo que hace a la vida del federalismo argentino, ya que hace al equilibrio económico y social entre las distintas jurisdicciones, siendo fundamental para fortalecer la cohesión nacional y garantizar que ningún territorio quede rezagado en términos de desarrollo.
Por ello la distribución de los recursos debe llevarse adelante con sujeción a los principios de proporcionalidad, objetividad, equidad y solidaridad; y en relación directa con las competencias servicios y funciones que cada uno tiene a cargo, dando prioridad a un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.
Nación y Provincias son componentes indisolubles de un destino común, merecen que se dé certeza, claridad y planificación a través de un sistema político de distribución de recursos y competencias entre las mismas, en donde abandonemos la actual percepción de que las provincias representan los intereses del interior del país y el gobierno nacional los intereses externos.
La discrecionalidad que gobierna este sistema, que se ha consolidado a través del tiempo como consecuencia de su propia dinámica, ha llevado a que un país federal en los hechos materialice en un centralismo que burla el proyecto de país que diseñaron los padres de la patria, que consagraron en el principio de solidaridad como una herramienta de justicia distributiva y de unidad nacional.
Esta realidad institucional argentina requiere eliminar la situación de incertidumbre jurídica confiriendo racionalidad a la administración y distribución de los recursos financieros y fiscales entre las diferentes jurisdicciones, en un marco de participación igualitaria, concibiendo la vocación de la Constitución Nacional de crear “una unidad no por supresión de las provincias… sino por conciliación de la extrema diversidad de situación, riqueza, población y destino de los estados que integran y consolidan “un solo país para un solo pueblo”.
El camino institucional más adecuado para hacer frente a este desafío que tiene nuestro país es consensuar un esquema que distribuya recursos y competencias consciente de que no solo es “un solo país, sino que se trata de un solo pueblo”, y de esta manera iniciar el camino donde nos permita de una vez para siempre lograr un equilibrio donde la Nación, que es patrimonio común de todos los argentinos, pueda cumplir sus fines dentro del concierto de naciones del mundo posibilitando a su vez que las Provincias, titulares originarios del poder, cumplan los objetivos de gobierno, fortaleciendo su autonomía, aportando al crecimiento y desarrollo conjunto y mancomunado.
Si este federalismo de concertación no puede materializarse en los hechos ante la tan nociva y habitual polarización política y social que existe en nuestro país, el remedio constitucional remite a la tutela del “guardián del equilibrio de los poderes que constituyen la vida institucional de nuestro país”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Corte Suprema, como cabeza del poder judicial, es la responsable de velar no sólo por el equilibrio en la división de poderes que conforman el Estado Nacional, sino también velar por el equilibrio en la división de poderes que se configura en la relación entre Nación y Provincias, siendo en definitiva el guardián del federalismo argentino.
Hoy nuevamente en el horizonte se visualiza la profundización de un conflicto que no es nuevo, pero que promete alcanzar niveles tal vez sin antecedentes en la historia reciente Argentina, siendo no sólo la oportunidad, sino el deber de la Corte Suprema no especular y cumplir el rol que la Constitución y la historia le demandan, ya que cada vez esquivó su responsabilidad histórica, las consecuencias de dicha omisión se manifestaron fuertemente en el propio sistema con el transcurso del tiempo.
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