Aumentar las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja del 31% al 33%, es un ataque directo a la competitividad de la industria de soja y la generación de valor agregado
Aumentar las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja del 31% al 33%, es un ataque directo a la competitividad de la industria de soja y la generación de valor agregado

En su necesidad de recaudar divisas frente a la situación asfixiante de las finanzas públicas, el gobierno libertario recurrió al aumento del impuesto a  los derechos de exportación (DeX), las famosas retenciones. Sin embargo, frente al rechazo generalizado de tan grande contradicción revirtió la medida para muchas economías regionales (pero no todas) y al poroto de soja sin procesar (se mantiene en 33%)  pero sí le aplicó el aumento a los de subproductos industrializados de soja (del 31% al 33%) con el objetivo de compensar el costo fiscal de no haber concretado la medida original. Lo promueve en el marco del proyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, también conocido como Ley Ómnibus, que aún se discute en el Congreso.

Paradójicamente el flamante Secretario de Agricultura. Fernando Vilella,  nos señaló oportunamente en su entrevista con VD que «el país hoy vende alimentos para animales, no para humanos. El 63% del maíz se exporta como grano y el 60% de la soja, como harina. Ambos se usan como alimento de animales en otros países, que son los que hacen el agregado de valor. La transformación de Argentina en un país que exporte alimentos para humanos es un salto cualitativo enorme». Y es que encima la harina de soja dista de ser un producto de alta elaboración, ya que se emplea para alimentar pollos. “No es lo que queremos, es una parte dentro de una emergencia” fue su justificación durante su exposición en el plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados que trata el proyecto de ley.

La medida, como parte del susodicho proyecto de ley, aún se está debatiendo en el Congreso, que es autoridad competente respecto al aumento de tributos (por eso la misma no salió en el polémico DNU). Los gobernadores, con Rogelio Frigerio a la cabeza ya manifestaron su rechazo especifico a esta desacertada iniciativa del Poder Ejecutivo. Se prevé que esta medida no prospere en el marco de la negociación por la gran cantidad de normas modificadas en el DNU y la Ley Ómnibus (un cambalache de reformas, algunas positivas y necesarias, otras no, como esta). Aún así, el intento de promover esta medida 100% fiscalista es preocupante.

Es un retroceso promover una medida que afecta a la actividad productiva. Aumentar las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja del 31% al 33%, es un ataque directo a la competitividad de la industria de soja y la generación de valor agregado. El mismo implica mejores precios, mejores trabajos, mejores sueldos y mayor innovación. Es el eje y fundamento del desarrollo nacional. Incluso es de prever que reduzca la actividad y la propia recaudación, único objetivo de la norma. 

Si bien la devaluación y el acortamiento de la brecha beneficia a los productores, es previsible que esta ventaja temporal se pierda pronto frente a la inflación y el aumento de los costos.  Pero por sobre todo una medida así es una declaración de principios. Un paso atrás al desafío de Argentina de avanzar en las diversas cadenas de valor y dejar atrás su matriz productiva primarizada, característica y fundamento de su subdesarrollo.

Perdidas en todo sentido

Una visión desarrollista es precisamente promover la industrialización de las materias primas dándole ventajas o beneficios, como era el caso. Mucho peor es si encima se trata de un aumento sobre las condiciones de inversión previas. Es burdo que un gobierno que se llame liberal y cuestione la intervención estatal, incluso la baja de impuestos a sectores estratégicos o prioritarios, intervenga aumentándole la carga fiscal.

Con la eliminación del diferencial actual del 2% de las retenciones a las exportaciones (de 31% a 33%), la industria aceitera debe asumir un aumento en sus costos de elaboración de entre 9 y 11 dólares por tonelada. Por supuesto, los principales perjudicados con el aumento en las retenciones de la harina de soja y el aceite de soja son los productores, que verán reducidos sus ingresos en el orden de 400 millones de dólares anuales.

La pérdida en el diferencial de retenciones afecta la competitividad de uno de los sectores más competitivos de la Argentina, la agroindustria procesadora de soja, y vuelve a colocar a nuestro país como benefactor de la exportación de commodities agrícolas en lugar de promover las exportaciones con mayor valor agregado.

Esto no solo es una declaración de principios sino que tiene efectos concretos. Si bien se trata de un sector muy competitivo, la pérdida en el diferencial de retenciones afecta los logros ganados en competitividad de la industria procesadora de soja frente a sus grandes competidores (Brasil y Estados Unidos)

Para colmo, el especialista en mercados agrícolas Jorge Domínguez Brando explica que la retención efectiva para la tonelada de soja exportada como harina y aceite es del 35,3%. Según su análisis Una tonelada de soja exportada como harina y aceite paga 35,3%, en base a un precio oficial de la harina de 398 dólares por 33%, por 76,5% de rendimiento industrial de harina= US$100,5 por tonelada de soja; más precio oficial del aceite US$816 dólares por 33% por 19,5% de rendimiento industrial de aceite: US$52,5, total US$153 de DEX para la soja procesada.

Consecuentemente ese monto, divido el precio oficial de la soja de US$433, resulta en una alícuota efectiva de 35,3% para la soja exportada procesada, que representa el 80% de la cosecha argentina. En tanto la tonelada de poroto de soja para embarque en mayo de 2024 paga 33% de retenciones sobre un precio FOB oficial de 433 dólares por tonelada, es decir US$142,9 por tonelada.

Para colmo lejos de aumentar la recaudación, se prevé que el aumento en las retenciones generará un menor ingreso de divisas durante 2024. Incluso hará peligrar las fuentes de trabajo. 

Desde la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) advierte que  lejos de mejorar la recaudación generará pérdidas por hasta 2000 millones de dólares. Explican que “el gobierno espera erróneamente incrementar sus ingresos fiscales, pero desconoce que la suba de impuestos provocará una menor molienda de soja, con la consecuente reducción de las exportaciones de los bienes industrializados. Esta situación, generará una caída en el ingreso de divisas y por lo tanto de los ingresos fiscales»

A su entender la suba de retenciones «promoverá incluso una primarización de las ventas al exterior» y beneficiará a quienes venden el poroto de soja sin procesar a China, que para peor se está inclinando a comprar el producto a Brasil dado la poca habilidad diplomática con que se maneja el gobierno actual hacia ellos.

La medida logró que incluso un ex secretario de agricultura del macrismo y el otro del ultimo gobierno, Ricardo Buryaile y Juan José Bahillo, coincidieran. Para el primero “subir DEX genera más daño a la previsibilidad de la inversión en la producción que los beneficios de recaudación que se quiere obtener y posterga el desarrollo de las provincias”. En tanto el ex funcionario de Alberto Fernández destaco también en X que «“En el contexto de la peor sequía de la historia, con @sergiomassa bajamos a cero las retenciones a la mayoría de las economías. Ahora, este gobierno, que espera la mejor cosecha de la historia con $36.500 millones [en rigor, no son pesos, sino en dólares la previsión de cosecha] y una megadevaluación quieren subirlas. #NoLaVen”

El valor agregado a la soja no es el único castigado en la ley ómnibus que el presidente Milei giró al Congreso. Vale recordar que, salvo casi una veintena de productos que quedarán con 0% de derechos de exportación, y el vino y el aceite esencial de limón que ahora tendrán un 8%, actividades que no tenían retenciones pasarán a tributar 15%. En tanto, los que estaban por debajo de esa alícuota, como trigo, maíz y carne, entre otros, pasarán también al 15%. En el caso particular del aceite de girasol, un producto con valor agregado, el aumento es el 7 al 15 por ciento.

La lógica fiscalista vuelve a primar sobre la lógica productiva. Estamos ante una decisión inconstitucional que vuelve a poner la carga del ajuste sobre el sector productivo, exprimiendo aún más a un sector que crea riqueza y trabajo. Más aún en una agroindustria que, al procesar en el país los granos de soja, crea valor agregado y trabajo para miles de argentinos, incluyendo a la producción primaria, ya que estos impuestos se trasladan en la cadena hasta el productor.

Industrializar el campo para construir una Argentina inclusiva y desarrollada