El federalismo argentino atraviesa uno de sus momentos más difíciles en décadas. Lo vemos en la desigual distribución de oportunidades, en la recentralización de recursos y en el debilitamiento de las capacidades locales para sostener sus economías y atender las necesidades de su gente.
Lo que más duele es constatar cómo, en nombre de un supuesto equilibrio fiscal, el Gobierno nacional retiene los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) —fondos creados para asistir a las provincias en situaciones de emergencia— y los convierte en un instrumento de ajuste y disciplinamiento político. Así, se vacía al federalismo de contenido real y se lo degrada a un simple decorado institucional.
Siempre sostuve que no hay Nación sin provincias, ni desarrollo sin integración territorial. Por eso, durante mi mandato como diputado nacional presenté un proyecto de ley que busca reglamentar y transparentar el uso de los ATN, dotándolos de criterios objetivos, equitativos y solidarios. Porque no puede haber equilibrio fiscal a costa del vaciamiento de los presupuestos provinciales. Y no puede haber desarrollo nacional si no hay desarrollo federal.
El proyecto que impulsé propone, entre otras medidas:
✅ la creación de un registro público de solicitudes y asignaciones de ATN, para que cualquier ciudadano pueda conocer cómo y por qué se distribuyen estos recursos;
✅ la obligación de asignarlos en base a causas acreditadas y planes de saneamiento financiero en caso de desequilibrios;
✅ la rendición de cuentas documentada de su uso;
✅ y la creación de una Comisión Bicameral para su seguimiento y control.
Además, establece que los fondos deben ser ejecutados en el ejercicio en que se recaudan, evitando su retención como mecanismo de ajuste o caja política. Porque los recursos son de las provincias, y en las provincias están las personas que los necesitan.
Argentina necesita consensos nacionales. Pero no cualquier consenso: el faro debe ser siempre el desarrollo y el federalismo. Solo así podremos construir una Nación integrada, con igualdad de oportunidades y con un Estado eficiente que respete a las provincias como pilares de su propia legitimidad.
El federalismo no es negociable. La transparencia, tampoco. Por eso debemos animarnos a reglamentar, ordenar y garantizar que cada peso recaudado cumpla con su propósito: fortalecer a las provincias para que ninguna quede atrás en el camino del desarrollo.