Desde Visión Desarrollista hemos señalado en múltiples oportunidades que el régimen de retenciones vigente es un círculo vicioso que desalienta la inversión productiva, reduce la innovación y termina consolidando un agro más primarizado y menos competitivo. No estamos a favor de mantener derechos de exportación altos y permanentes: son un instrumento fiscal que, aplicado de manera rígida y sin previsibilidad, castiga a quienes producen y atenta contra el desarrollo de cadenas de valor más complejas.
Ahora bien, la eliminación temporal de las retenciones tampoco constituye una respuesta adecuada. El problema no es solo si hay o no retenciones, sino bajo qué reglas se organizan los incentivos y la recaudación. Una baja acotada a pocas semanas, sin un plan integral de reforma, se vuelve un parche que reproduce la incertidumbre, porque los productores no pueden planificar inversiones de largo plazo y los exportadores leen el mensaje como lo que es: un movimiento fiscal de emergencia para generar dólares rápidos.
Un anticipo de divisas, no un incentivo productivo
El Gobierno vende la medida como una forma de “estimular” al campo. Pero en realidad, lo que logra es adelantar las liquidaciones de exportaciones que ya estaban previstas. Es el mismo mecanismo del “dólar soja”: no se crean divisas genuinas, sino que se las traslada en el tiempo. Hoy se liquida más, mañana se liquida menos. Y el saldo neto es negativo, porque el agro vuelve a retener cuando termina el beneficio. Lo vimos en julio pasado, cuando se desplomó la oferta de dólares inmediatamente después del cierre del esquema.
La lógica de incentivos queda trastocada: no se premia la inversión ni la mayor producción, sino la especulación de calendario. En lugar de reglas claras, se profundiza la inestabilidad y se consolida la idea de que solo se puede producir o exportar en función de medidas coyunturales.
El costo fiscal: bajo hoy, alto mañana
El Gobierno sostiene que la medida tendrá un impacto acotado sobre las cuentas públicas, dado que octubre no es un mes de gran liquidación. Pero ese cálculo es engañoso. El costo fiscal no se mide en el mes corriente, sino en la pérdida de ingresos futuros: se resignan recursos que sostienen el superávit fiscal a cambio de dólares que igual iban a llegar. En la práctica, se adelantan ingresos externos a costa de debilitar la recaudación estructural del Estado.
Este punto es central: no se trata de defender las retenciones como fuente de recaudación, sino de evitar un doble error. Por un lado, sostener un esquema permanente que desalienta la inversión. Por otro, desarmarlo de manera transitoria y sin reemplazo, debilitando al fisco sin fortalecer al sector productivo. Una política de desarrollo debería sustituir los ingresos por retenciones con un esquema más inteligente y previsible, no con parches de corto plazo.
La medida busca postergar la presión cambiaria que aqueja al gobierno para después de las elecciones de octubre con la esperanza de que un triunfo electoral contenga o modere una devaluación cada vez más anunciada.
Efectos sobre precios y expectativas
La baja temporal de retenciones tampoco es neutra en términos de precios internos. Si bien no dispara la inflación de manera inmediata, sí altera los precios relativos de alimentos sensibles. Trigo y maíz, por ejemplo, impactan directamente en el pan, los fideos, la carne de pollo y de cerdo. Una reducción de retenciones puede estimular ventas internas y, con ello, elevar el nivel de precios de la canasta básica.
Además, el anuncio alimenta expectativas de cambio de régimen. Los actores del mercado descuentan que, tras octubre, habrá un salto cambiario o una reversión del beneficio. En ese contexto, los exportadores que liquiden hoy y no necesiten pesos tenderán a recomprar dólares en el mercado paralelo, marcando un récord simultáneo de liquidación y de fuga. El supuesto beneficio sobre reservas puede licuarse en semanas.
La lógica recuerda al “Plan Platita” implementado por Sergio Massa en la previa electoral de 2023: medidas de alivio transitorio, costos fiscales encubiertos y beneficios inmediatos para reforzar el humor social en las semanas críticas antes de votar. La eliminación temporal de retenciones también puede leerse en esa clave: un intento de generar dólares rápidos para estabilizar reservas y sostener la narrativa oficial hasta octubre, aunque el costo futuro sea mayor. El timing político no es casual: en un contexto de fragilidad económica, con el dólar tocando la banda alta y el riesgo de una devaluación latente, el Gobierno busca evitar a toda costa un salto cambiario que altere la dinámica electoral. De allí que priorice oxígeno financiero y político inmediato, aun a costa de profundizar el mismo cortoplacismo que dice combatir.
Un puente al vacío
En definitiva, la eliminación transitoria de las retenciones combina lo peor de dos mundos: erosiona la recaudación y no resuelve la incertidumbre productiva. Es una medida de corto plazo que puede servir para mostrar números en las reservas o un superávit inmediato, pero que debilita la credibilidad fiscal y no construye bases sólidas para el desarrollo.
El verdadero camino es otro: desmontar gradualmente las retenciones permanentes, sustituyéndolas por un esquema tributario más justo, previsible y compatible con la inversión productiva. Eso requiere reglas claras, incentivos a la diversificación, apoyo a las economías regionales y una estrategia integral para que el agro se convierta en motor de industrialización y empleo.
La política de hoy, en cambio, solo ofrece un puente fiscal al vacío: un “Plan Platita” con dólares adelantados y superávit erosionado, que posterga lo esencial y mantiene a la economía atrapada en el cortoplacismo.
