Los rasgos que delinearon el mundo sindical durante los gobiernos de Perón y Frondizi no podían perdurar para siempre. Las estructuras económicas y sociales cambian y el reciente fallo de la Corte se vincula con tales transformaciones. [Se refiere al fallo de la Corte Suprema que aprobó la libertad sindical y permite que cualquier trabajador sea delegado gremial, aunque no esté afiliado a ningún sindicato].
Se está cumpliendo un ciclo en la estructuración del movimiento obrero que, si bien comenzó con el peronismo, fue de alguna manera ratificado por el gobierno de Arturo Frondizi con la ley 14.455, luego reformulada y transformada, dejando siempre intacto el principio de la tendencia legal a reconocer una sola organización sindical.
Fue tendencia y no imposición absoluta, porque la norma citada reconocía la existencia de entidades por categoría -profesionales, personales con mando, actividades específicas- que en verdad proliferaron en el país (recordemos solamente a la Unión Ferroviaria y La Fraternidad). En segundo lugar, cuando había dos entidades de la misma actividad, se debía reconocer a ambas en los casos de suficiente representatividad y antigüedad en la tarea gremial, como es el caso, entre otros, de la Asociación de Trabajadores del Estado, la Unión del Personal Civil de la Nación, aunque habría que agregar al Personal Civil de las FF.AA. (PECIFA) y numerosas entidades vinculadas a la Fuerza Aérea.
Por lo demás, la jurisprudencia, las prácticas ministeriales, las tradiciones de ciertos sectores posibilitaron la existencia, exagerada por cierto, de numerosos gremios autónomos en actividades similares o idénticas. Lo atestiguan los numerosos sindicatos marítimos y portuarios, así como las organizaciones gremiales docentes.
¿Por qué un gobierno surgido del radicalismo establecía una cierta disposición jurídica que facilitaba la presencia monopolizadora de un sindicato por rama de la producción? Con un poco de ligereza se ha respondido: fue el resultado del pacto Perón-Frondizi. Más allá de que existiese un acuerdo al respecto, el gobierno desarrollista tenía antecedentes históricos y programas futuros que impulsaron a tomar dicha medida.
Entre los antecedentes figuraba nada menos que quince años de una composición sindical estructurada a favor de las representaciones únicas, situación que había conformado una cultura de unidad a rajatabla. Pero, por el contrario, el pasado anterior a 1943 había visto un desenvolvimiento atomizador que impedía una representación genuina y provocaba en los empresarios desconcierto por carecerse de interlocutores válidos para efectuar negociaciones. La desunión laboral debilitaba las reivindicaciones de los trabajadores e impedía un ordenamiento razonable de las relaciones entre patronos y dependientes, sumiendo a la sociedad en múltiples problemas de enfrentamientos.
Los planes para el desarrollo nacional, la seguridad para las inversiones que se efectuaban y las que asomaban reclamaban en 1958 una contrapartida al ímpetu capitalista productivo lanzado y un método de equilibrio que asegurase una mejor distribución de la riqueza que se iba creando. Quienes tuvimos oportunidad de actuar en esas instancias recordamos con claridad la visión favorable de los empresarios locales y extranjeros a tener como negociadores del otro lado de la mesa a dirigentes con amplia representación y no una constelación de sindicatos compitiendo entre sí para lograr mayores ventajas que las conseguidas por las organizaciones paralelas.
El tiempo ha transcurrido aportando novedades; las fábricas con miles de obreros se cuentan con los dedos de las manos; ha surgido desde hace ya tiempo y con reconocimiento gremial la CTA, en el que tuve el honor de participar como «ministro de Trabajo en el gabinete fantasma» del entonces presidente de la UCR, Rodolfo Terragno.
El desconocimiento jurídico-sindical de la CTA a esta altura de los acontecimientos resulta absurdo. A su vez, el fallo de la Suprema Corte es medido y tolera una evolución sin tintes acrobáticos; al fin y al cabo, los trabajadores no desean la proliferación alocada de entidades gremiales.
El pasado en su conjunto debe servir de experiencia y el presente que modifica el ayer será modificado en un porvenir. Las leyes no nacen para ser eternas sino para amoldarse a las condiciones históricas cambiantes.
Tampoco nos hagamos ilusiones de que los sindicatos dejarán de tener vinculaciones políticas; sería pedir peras al olmo como lo demuestran las experiencias de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania e Italia.
Si no se procede a manotazos y con ardores excluyentemente partidarios, una brisa fresca democrático-tolerante alentará alineamientos progresivos sin desmedro para los sectores de obreros y empleados, y no se alimentarán penurias innecesarias en el sector inversor al que tanto necesitamos todos; en primer lugar, precisamente, los miembros de las clases sociales modestas.
