Desde el comienzo de la cuarentena se debate sobre cómo minimizar el impacto de la crisis por la inminente caída de la economía, consecuencia del paro de todas las actividades no esenciales. Una mirada clásica sobre la cuestión propondría que solo se distanciara socialmente a la población de riesgo. En países como EEUU o Inglaterra, sin embargo, se implementó esta medida y tuvo un pésimo resultado en materia sanitaria, por lo que los gobiernos de estos países tuvieron que dar marcha atrás y aceptar los altos costos del aislamiento social.
La cuarentena está mostrando resultados favorables en Argentina en materia de contagios, lo que da tiempo para una mejor preparación del sistema de salud para el pico. En el plano económico todavía no se ve una salida. La recuperación puede tardar en llegar.
Muchos comparan a esta crisis con la crisis de 1930, cuando la caída de la demanda hizo estragos en materia de empleo. Podríamos decir que existe, no obstante, una diferencia sustancial entre ambas situaciones. En aquel momento, como explicó Keynes, un impulso sobre la demanda efectiva podía generar un aumento del empleo y el ingreso real. La pandemia del COVID-19, en cambio, genera una restricción a la actividad económica que encuentra una barrera para impulsar la demanda efectiva, ya que no existen mercados que funcionen como herramienta de transmisión del impulso de la demanda. Por más de que se aumente el ingreso de los trabajadores en relación de dependencia o incluso a aquellos autónomos con el programa IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), estos no pueden ir a la peluquería, hacer turismo interno o salir a bares o restaurantes. La economía quedó reducida a los servicios esenciales. Es inevitable que esto provoque la destrucción de miles de puestos de trabajo, por eso ya se piensa que el proceso de impulso de la demanda será una segunda etapa, una vez que se salga de la cuarentena.
Aunque no se pueda pensar en una reactivación, en la etapa actual el Gobierno intenta mitigar el impacto de la crisis y contener a los sectores más afectados. Y para contener, el Estado necesita financiarse.
Las PyMEs y el aumento de la presión fiscal real
Como sabemos, Argentina no tiene acceso al crédito y solo puede financiarse con emisión o mayores impuestos. Ante esta premisa, se entiende que el gobierno debe realizar un equilibrio entre la emisión y los impuestos, buscando el punto más beneficioso. La emisión excesiva podría tener grandes costos sociales si no es acompañada de otras políticas.
Volviendo a Keynes, él mismo comentaba que los empresarios deciden invertir y contratar personal con base en expectativas de corto plazo y de largo plazo. ¿Es pertinente que las PyMEs absorban todo el costo de la crisis? ¿Cuántas son las empresas que realmente pueden soportar una caída de demanda masiva durante meses? ¿Qué expectativas van a formar largo plazo?
Es comprensible que se exija un esfuerzo mayor, una presión tributaria más alta, a todas las empresas que puedan soportar esta dura situación y tengan capacidad de hacer un aporte adicional a las arcas del Estado sin ver destruidas sus posibilidades futuras de producción. No parece prudente, sin embargo, implementar estas medidas con las PyMEs. Si caen los ingresos de una empresa y la imposición tributaria nominal permanece constante, esta compañía sufre un aumento impositivo real. Si el Estado no toma medidas para compensar este efecto, como una rebaja impositiva, muchas de estas empresas no soportarán este incremento real durante la crisis.
¿Qué acciones se podría implementar, entonces, para mantener la economía en este estado de cuarentena y minimizar las perdidas de puestos de trabajo?
Distribucionismo forzoso
Un mecanismo para compensar ese aumento impositivo real sobre las PyMES es el “distribucionismo forzoso”. ¿En qué consiste? Lo trabajadores en relación de dependencia han cambiado su canasta de consumo y parte de los recursos que antes gastaban, ahora lo destinan al ahorro. Este ahorro perjudica a las pequeñas empresas y los autónomos, que están desprotegidos y no tienen un ingreso fijo a fin de mes. Pero el Estado puede intervenir para romper esa dinámica que acentúa la caída de la actividad. ¿Cómo? Con un impuesto a los altos salarios para recaudar ese dinero que antes iba al consumo y hoy es ahorrado. Así como se exige un esfuerzo a las grandes empresas, es razonable pedir un mayor aporte para afrontar la crisis a los trabajadores que tienen ingresos más altos.
El economista Thomas Piketty propone la adopción de impuestos a los altos salarios en el libro La economía de las desigualdades. El autor explica que los trabajadores con salarios más altos cuentan con un capital distinto al capital físico que es propiedad del empresario: es el capital humano. Es justo, plantea Piketty, que estos trabajadores que tienen mayores ingresos paguen impuestos más altos.
Todos formamos parte del Estado y es razonable que, en circunstancias excepcionales, los sectores con mayor capacidad de pago hagan un esfuerzo más grande. El proceso, sin embargo, es dinámico y los mismo que hoy pueden verse beneficiados de alguna manera, en el futuro pueden sufrir las consecuencias negativas si la parálisis económica se mantiene. Y tal vez entonces necesiten el alivio que hoy tantas PyMEs y autónomos requieren para subsistir.
