Economistas, políticos y comunicadores sociales mencionan habitualmente una triste realidad: la Argentina es el único país del mundo en el que, desde hace décadas, la pobreza crece sistemáticamente. En todo el resto de los países, incluso algunos más pobres que el nuestro, ésta viene disminuyendo.
Un ejemplo interesante es el de Paraguay: las cifras del INE (Instituto Nacional de Estadística) de ese país muestran un 44,7% de pobreza en el año 1999 y un 26,9% en el año 2021. La EPH de la Argentina muestra 26,7% en 1999 y 37,3% en el 2021. Por otra parte, mientras Paraguay vive una sostenida caída de la pobreza desde el 2002, la Argentina sufre bruscas oscilaciones, asociadas a los habituales ciclos de caída y recuperación de la economía.
El círculo actual de aumento de la pobreza está claro: la política viene enfrentando el problema con más planes asistenciales, más empleo público y más gasto previsional. Los excesos se pagan con más déficit fiscal, más impuesto inflacionario, más impuestos, más inflación y más controles de precios. Eso impacta con menos empresas y menos empleos formales, que a su vez lesionan la recaudación fiscal, aumentan la pobreza y -frente a necesidades electorales- generan más ciclos de asistencialismo. En los momentos de auge del precio de las exportaciones, la política compromete más gastos públicos permanentes que agravan el ciclo cuando los precios caen.
La macroeconomía de corto plazo analiza esos desbordes, pero reconoce la dificultad política de enfrentarlos ante una población de pobres que votan y que está llegando al 40%. Coinciden en que sin equilibrio macroeconómico no es posible el desarrollo y la consiguiente reducción de la pobreza. Al mismo tiempo verifican la dificultad política para alcanzar ese equilibrio, por los costos sociales que supondría.
Por eso a la hora de proponer soluciones, los economistas recomiendan acuerdos políticos mayoritarios para bajar el gasto público con costos electorales compartidos.
En silencio, un segmento de población parece no estar de acuerdo. Es el segmento que triplicó las exportaciones argentinas en veinte años. Esos son los que incorporan innovaciones en la bioeconomía y los que exportan servicios del conocimiento. El balance final no es para festejar porque la participación de nuestro comercio a nivel internacional cae sistemáticamente y el país está estancado. Pero esos desarrollos muestran una vía para hacer viable el mentado equilibrio macroeconómico: la gestión del desarrollo.
La enseñanza es la siguiente: «no es posible el equilibrio macroeconómico sin políticas de desarrollo». Para graficar el tema, basta con un par reflexiones contrafácticas: “¿cómo sería hoy la situación fiscal, monetaria, empleo y pobreza si no hubiesen existido las innovaciones en la bioeconomía ni la exportación de servicios del conocimiento?”, o también: “¿cómo sería la situación macroeconómica si el Estado argentino hubiese construido una gestión del desarrollo similar a la de la mayoría de los países exitosos del mundo y hubiese facilitado la multiplicación de los mencionados logros empresarios?”
La gestión del desarrollo en el siglo XXI
Durante buena parte del siglo XX esa gestión se concebía desde la industrialización sustitutiva de importaciones, las fábricas encontraban en las grandes concentraciones urbanas su mercado y los trabajadores migrantes su empleo. El proceso se retroalimentaba con más mercado y más fábricas para abastecerlo.
Es lo que motorizó el crecimiento del Gran Buenos Aires: entre los censos de 1947 y 1960 superó el 6% anual acumulativo y entre 1960 a 1970 el 3.6%. Al agotarse el modelo, el aumento de esa población se limitó al crecimiento vegetativo. Así el GBA y otros conurbanos se convirtieron en los principales locus de la pobreza.
En aquel modelo de desarrollo, la gestión pública era competencia exclusiva del gobierno nacional: principalmente aranceles aduaneros, reducción (o eliminación) de impuestos nacionales y créditos subsidiados para las empresas y, por el otro lado, inversiones en servicios públicos para responder al crecimiento de las manchas urbanas.
Las políticas regionales también eran competencia nacional: subsidios para la radicación y el funcionamiento de industrias en provincias rezagadas. Ese modelo fue abandonado en todas partes del mundo porque no generaba entramados productivos permanentes y, en cambio, los subsidios post operativos creaban radicaciones industriales que se sostenían por los esos subsidios. Luego, los lobbies en defensa de las prebendas, usaban a los trabajadores de las empresas beneficiarias como rehenes para sostener los beneficios. Como resabio de ese modelo, sobrevive el costoso régimen fueguino.
El desarrollo económico en el siglo XXI está centrado en el conocimiento, en la vinculación entre las empresas con la ciencia y la tecnología, en la innovación (I+D+i), en la velocidad de difusión de la innovación en el entramado productivo y en la integración del sistema productivo con cadenas globales. La centralidad del conocimiento determina que el primer lugar de las políticas de desarrollo lo tiene la educación: la competencia entre países y regiones es, en última instancia, una competencia entre sistemas educativos.
La nueva gestión del desarrollo redefine el rol del territorio. Los niveles críticos son el provincial y el municipal. La razón es sencilla: mientras la innovación en las grandes corporaciones se gesta dentro de las empresas, cobró importancia decisiva la confluencia de las tecnologías en las pymes y la dinámica de creación de nuevas empresas (start ups). Esa confluencia, el fortalecimiento de las pymes y la creación de las start ups es resultado del diálogo de las empresas entre sí y con los sistemas científico- tecnológico y educativos en cada lugar. Se busca que las pymes se fortalezcan y enriquezcan las cadenas de valor provinciales, y que algunas estén en condiciones de crecer y competir en el mercado global. Para eso el sector público local es el que debe proveer servicios e inversiones en sus entramados territoriales de empresas nacientes y pequeñas y medianas.
La redefinición del territorio que está presente en las políticas de desarrollo del Siglo XXI es una oportunidad para la construcción del federalismo, cumplir con el mandato constitucional de equilibrar el territorio argentino, tanto en lo productivo como en lo demográfico: son políticas que ayudan a la desconcentración del AMBA, otorgando jerarquía al empleo y al desarrollo económico de las provincias.
La gestión es multinivel y hay funciones que son ineludibles del nivel nacional: 1) la construcción institucional de la gestión del desarrollo, 2) las obras y los servicios públicos multiprovinciales, 3) la investigación científica transversal a diversos entramados productivos, 4) la cofinanciación de proyectos y servicios con provincias y municipios, 5) la capacitación de funcionarios, y líderes científicos y empresarios, en los tres niveles de gobierno, y 6) los acuerdos comerciales internacionales para abrir mercados y, desde luego 7) el equilibrio macroeconómico con una moneda estable. El resto es labor de las provincias y los municipios.
Esta visión de la gestión del desarrollo en el siglo XXI está en las antípodas de los conocimientos, las prácticas y los incentivos de la clase política argentina, tanto como lo está la pretensión del equilibrio macroeconómico en el corto plazo. Por eso la Argentina no estará en condiciones de construir una política de desarrollo sin la cooperación de organizaciones como la OCDE (o de expertos de países federales de esa organización), la Unión Europea y el Banco Mundial con su aporte financiero.
No se trata de alcanzar acuerdos políticos para “ajustar” al Estado en el corto plazo. Se trata de proponer a la sociedad una visión y una epopeya de largo plazo –similar a la que tuvieron los inmigrantes que llegaron al país con una mano atrás y otra adelante- donde los hijos puedan tener una vida de oportunidades, trabajo y alegría.
