Principales puntos del acuerdo
Entre los artículos principales del acuerdo, se establece la creación de la Región Litoral “con el fin de promover el desarrollo sostenible en términos económicos, productivos, logísticos y sociales”, así como “el desarrollo humano, la salud, la seguridad, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura”.
Se designa a la Junta de Gobernadores como el principal órgano de decisión ejecutiva, con una presidencia pro tempore de seis meses de duración, que rotará entre los miembros. El gobernador Valdés será el primer presidente pro tempore. Esta Junta podrá “acordar políticas regionales en las distintas áreas y crear las estructuras intergubernamentales necesarias para su funcionamiento”. También deberá procurar “la participación de la Región Litoral en la formulación y ejecución de políticas del Mercosur que la afecten”, así como la “participación de los gobiernos municipales de la Región en la formulación y ejecución de políticas regionales”.
Asimismo, esta Junta estará facultada para “decidir y aprobar los programas de desarrollo económico, productivo, logístico y social sostenible de la Región Litoral, evaluar su ejecución, dictar las decisiones necesarias para su gestión, negociar y firmar convenios, crear y regular los órganos que considere pertinentes, dictar reglamentaciones, aprobar los estatutos o reglamentos internos de los otros órganos instituidos, designar a los titulares de la Dirección Ejecutiva de la Región Litoral y cualquier otro acto relacionado con el cumplimiento de los objetivos establecidos”.
Este espacio también contará con una Dirección Ejecutiva, integrada por funcionarios designados por cada provincia, que funcionará como un “órgano de implementación de políticas regionales y coordinación de la integración regional”, debiendo llevar a cabo “las tareas, liderar los proyectos y programas que le sean asignados por la Junta de Gobernadores; y crear y regular grupos de trabajo según los temas tratados”.
La mesa estará compuesta inicialmente por la subsecretaria de la Región Centro para la provincia de Santa Fe, Claudia Giaccone; el expresidente de CRA, Jorge Chemes, por Entre Ríos; el ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez; el secretario de Coordinación de Gabinete de Chaco, Livio Gutiérrez; el ministro de Hacienda de Corrientes, Marcelo Rivas Piacentini; y el subsecretario de Obras Públicas de Misiones, Marcelo Bacigalupi.
Además, se establecerá una Comisión Parlamentaria Conjunta como órgano deliberativo de la Región Litoral, que estará integrada por hasta cuatro legisladores de cada provincia, sin implicar costos adicionales por concepto de dietas.
Reivindicación del federalismo (contra el centralismo)
Más allá de que la coordinación y cooperación entre provincias es un activo fundamental para la integración y el desarrollo, es pertinente analizar el impacto de esta decisión en el contexto político, ya que también tiene un aspecto de reivindicación del federalismo frente al centralismo que muchos han cuestionado en el gobierno actual, especialmente en lo relativo a las demandas fiscales sobre las provincias y la distribución de recursos.
Dos luchas compartidas y particularmente relevantes son, por ejemplo, el funcionamiento y rol de la hidrovía (incluso se menciona la posibilidad de comenzar a crear una flota regional propia para aprovechar ventajas competitivas en términos de costos) y los fondos de las cajas de seguridad social provinciales, donde aún persisten desacuerdos con el gobierno.
El hecho de que no haya provincias oficialistas es sin duda un factor que les da margen para tomar esta decisión de unirse y posicionarse más firmemente en las negociaciones con el gobierno. Sin embargo, esto no implica que el Tratado sea un acuerdo de oposición, ya que, salvo Infrán, todos los gobernadores han colaborado con el gobierno en distintas disputas legislativas de este año (en esa relación compleja de necesidad de transferencias y fondos y el apoyo parlamentario, que tensiona el federalismo argentino).
Pero, sin duda, la futura incorporación de la provincia de Córdoba al Tratado es evidencia de que este acuerdo trasciende sus propósitos (formales) de integración y desarrollo regional, y aspira a ser un frente, heterogéneo pero unido, para negociar con el gobierno nacional en diversas disputas donde consideran que sus derechos y recursos están siendo vulnerados.
Anexo
La reforma de la constitución nacional de 1994 previó la creación de regiones:
Artículo 124. Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines, y también celebrar convenios internacionales siempre que no sean incompatibles con la política exterior de la Nación ni afecten las facultades delegadas al gobierno federal o al crédito público de la Nación, con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que a tal efecto se establezca. El dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio corresponde a las provincias.
También se mencionan en el Artículo 75, que establece que corresponde al Congreso:
Inciso 19. (…) Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas tendientes a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen.
Aunque las regiones tienen status constitucional, no forman parte del sistema federal argentino, ya que el Artículo 126 de la Constitución Nacional prohíbe a las provincias celebrar tratados parciales de carácter político, y por lo tanto no pueden constituir un nuevo nivel de gobierno político. Las regiones se crean por la voluntad de las provincias, sin modificar ni limitar la autonomía provincial y sin intervención del Estado nacional, aunque el Artículo 124 ordena que su formación sea “con conocimiento del Congreso Nacional”