PARIS. Desde finales de enero 2020 vivimos en un mundo distinto. Las restricciones de movimiento entre países y dentro de las ciudades, el llamado a “quedarse en casa”, el cierre de tiendas, empresas y la necesidad del distanciamiento social que los países, desde China hasta Inglaterra, están imponiendo para intentar frenar la difusión del coronavirus, determinan restricciones sin precedentes al funcionamiento de la economía. Para poder dar las mejores respuestas, los hacedores de política deben entender la naturaleza del fenómeno. Esto es distinto de la crisis económica y financiera del 2008 y 2009 y es diferente de los impactos económicos de los desastres naturales. Pese a que en ciertos aspectos algunas consecuencias serán similares, los impactos en el mediano y largo plazo serán mucho más profundos. Porque cambiará la dinámica social, la oferta económica y la demanda, replanteando una reorganización de los fundamentos de nuestra economía capitalista y global.
El COVID-19, desde un punto de vista económico, y más allá de los tremendos impactos sociales y de la presión sobre los sistemas sanitarios, está generando un shock económico sin precedentes y que impacta en múltiples sectores.
En primer lugar, colapsa la vida económica y social de las ciudades. Todo cierra, con excepción de las tiendas de alimentos y farmacias. Las actividades culturales y colectivas están prohibidas y los lugares de congregación social, incluido los parques, cerrados. En segundo lugar, se desploman las actividades relacionadas con la movilidad y el turismo. El miedo y el cierre de fronteras imposibilitan cualquier movimiento que no sea de estricta necesidad. Los Hoteles y la nuevas formas de alojamiento como plataformas del tipo de Airbnb, los transportes ferroviarios, marítimos y aéreos quedan reducidos a sus mínimos históricos, cuando no están del todo anulados.
Las cadenas hoteleras españolas Iberostar, Meliá, Barceló y Riú han anunciado el cierre inmediato de sus hoteles en todo el mundo y aplicarán medidas de suspensión temporal de la actividad laboral a escala global; la empresa aérea nórdica de bajo costo Norwegian ha decidido cancelar 4.000 vuelos hasta finales de mayo y aplicará suspensiones temporales de empleo de, por lo menos, el 50% de su planta, que es de 11.000 empleados. El International Airlines Group, propietario de British Airways, Iberia y Vueling, anunció un recorte de su capacidad de, al menos, 75% en abril y mayo.
En tercer lugar, casi la totalidad de la facturación de los cuentapropistas y autónomos queda bloqueada por caída de la demanda, como en el caso de los servicios personales y domésticos, reparaciones hogareñas, entre otros.
En cuarto lugar, en el mediano plazo se empezará a hacer evidente el impacto sobre las cadenas de valor y de abastecimiento. Caerá, o tendrá que buscar soluciones alternativas, la producción de servicios y manufacturas que dependen de insumos extranjeros, y, en los casos de producciones no esenciales caerá la producción de las empresas que suspenderán operaciones para limitar el contagio y para preservar la salud de los trabajadores. Las empresas automotrices con fabricación en Europa —Volkswagen, Toyota, Volvo, Hyundai y BMW— plantearon el cierre de producción y el licenciamiento temporal de empleados. Por ejemplo, Renault anunció la suspensión de su producción hasta nuevo aviso en sus 12 plantas de Francia, lo que afecta a 18.000 empleados.
No hay, por lo menos en el corto plazo, y tal como se verifica en una recesión, un problema de caída de demanda por la desaparición del poder de compra de la población. En este caso el problema es de otra índole. En el corto plazo, la demanda se reorienta hacia bienes de primera necesidad por el miedo al a escasez y se contrae porque las restricciones al movimiento y a la congregación social, y la transición al teletrabajo están cambiando la naturaleza de los intercambios y las necesidades de los consumidores y de las empresas en un efecto a cadena. La oferta se contrae por regulación de fuerza mayor y esto restringe la demanda. En el mediano y largo plazo, y sin políticas de demanda, esta terminará contrayéndose, haciendo sí que los impactos económicos de esta emergencia sanitaria sean aún mayores y profundos que los de las crisis económico-financieras que hemos visto hasta ahora.
Cómo enfrentar la crisis
Por lo tanto, el tipo de respuesta que se debe ensayar en el corto plazo —los países europeos ya lo están haciendo— no es la típica política frente a un shock negativo de demanda: mejorar el ingreso de la gente para que se incremente el consumo. En este caso, las medidas económicas deben tener en cuenta la dimensión social y los impactos intergeneracionales y, a la vez, deben atender a las necesidades de los sectores económicos, de los empresarios, de los trabajadores y de los cuentapropistas que se ven imposibilitados a trabajar y de los que están obligados a trabajar porque son proveedores de bienes y servicios esenciales y que están expuestos a riesgo de contagio y deben definir nuevas formas de operación, como en el caso de los sectores de alimentos, farmacéuticos, y energéticos. La batería de medidas que se deben implementar implica una reducción de los ingresos del sector público, por postergación o condonación de impuesto y un incremento del gasto público, por entrega de subsidios en forma de ingresos a los autónomos afectados o a los trabajadores que ingresan al seguro de desempleo. En un contexto de contracción global de la actividad económica y de emergencia sanitaria, es una mezcla fatal.
Italia, España y Francia están definiendo e implementado medidas que apuntan en varias direcciones. Por un lado, a sostener los ingresos de los trabajadores suspendidos o que ven reducidos sus jornadas. También, como el caso de los autónomos, de los que sufren reducciones significativas en sus facturaciones —de entre el 70 y 75% interanual en España y Francia—. Lo hacen a través del seguro de desempleo, flexibilizando las condiciones de acceso para hacerlo más extensivo, así como un ingreso de 600 euros en marzo de indemnización para los autónomos.
En segundo, buscan aliviar el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social a las empresas afectadas por la situación y a los cuentapropistas y trabajadores domésticos, aplazando su pago o dejándolo sin efecto. También prohibieron los despidos en las empresas —por dos meses en Italia— e incentivos para que no haya despidos, limitando el alivio del pago de la seguridad social a las empresas que no reducen su plantilla de personal, como hizo España.
Francia, además, estableció un fondo solidario para las PyMEs — hasta 1.000.000 de euros de facturación— de los sectores directamente afectados por las medidas, como restaurantes, turismo, gastronomía, que sufrieron caídas de ingresos significativas. Las empresas recibirán 1.500 euros por cada establecimiento. Los tres países destinarán cuantiosos recursos para flexibilizar las las garantías de los préstamos para todas las PyMES —aunque Italia incluye también a las grandes empresas— y refinanciar los créditos de empresas para evitar el default. España destinará a estos fines 100.000 millones de euros; Francia, 300.000 millones; Italia, 350.000 millones.
Para el resguardo los sectores más vulnerables se están adoptando medidas extraordinarias de carácter general. Entre ellas, España aprobó la suspensión del pago de créditos de primera vivienda para desempleados o empresarios y autónomos que tengan pérdidas sustanciales, un determinado ingreso familiar y que la cuota tome más del 35% del total delos ingresos. En el caso de Italia, la medida alcanza a todos los que no puedan afrontarlo. España, además prohibió que las empresas de servicios de luz, gas y agua puedan suspender la provisión del mismo durante el próximo mes.
Además de las medidas económicas, los tres países emprendieron mejoras en el sistema sanitario nacional para atender la emergencia con personal sanitario extra, nuevos puestos para terapia intensiva y lugar para albergar pacientes, financiamiento a empresa que producen materiales hospitalarios. Italia en ha dado prioridad a este tema.
Después de los cracks de los mercados de valores —el Dow Jones registró el lunes 16 de marzo una caída del 12%, la mayor de sus 124 años de Historia— y los incrementos de las primas de riesgo soberano de los países periféricos, los bancos centrales del mundo desarrollado —Europa, EE UU y Japón— han empezado a realizar políticas monetarias expansivas como en 2009.
El impacto
El COVID-19 está poniendo a los países europeos frente a una crisis económica y social de una magnitud sin precedentes. Emmanuel Macron repitió varias veces en su discurso a la Nación que el país está en guerra contra el virus. La canciller alemana Angela Merkel afirmó que este es el mayor desafío que enfrenta Alemania desde la posguerra. El presupuesto de los paquetes de medidas nacionales anunciados no registran antecedentes. A esto se suma la incertidumbre sobre la duración de las medidas de confinamiento, la evidente insostenibilidad en el mediano plazo de las medidas de apoyo y la agudización de los problemas de abastecimiento por indisponibilidad de trabajadores.
En medio de esta crisis y estos dilemas, la Comisión Europea está volviendo a discutir casi las mismas medidas que en 2008 y 2009 —entre otras, los eurobonos y una mayor integración fiscal—, desnudando lo poco que se ha avanzado en la integración y el riesgo de hacer colapsar la moneda única y el sistema europeo cohesión. La falta de coordinación inicial a nivel europeo está desorientando a los ciudadanos y generando aún mayor incertidumbre.
Como en las pandemias del pasado, el COVID-19 llegará a otras regiones. Ahora hay pocos casos en América Latina, pero aumentarán. El factor demográfico juega en favor de la región, ya que la proporción de población de mayor riesgo, los adultos mayores, es menor a la europea. Sin embargo, la calidad y cobertura de los sistemas sanitarios y la pobreza persistente en varios territorios de la región exponen al riesgo una población ya vulnerable.
Es necesario que los países de la región actúen desde ahora para contener el contagio y que se preparen para movilizar la producción regional de farmacéuticos, e instrumentos médicos y sanitarios. Si la pandemia llegara a los países de la región con la virulencia que está teniendo en Europa, sería muy difícil que los países de América Latina llegaran a movilizar los recursos necesarios para proteger los ciudadanos y las economías de la región. Por ello, es preciso intentar contener desde ahora la difusión del virus, aprender de la experiencia de los demás países —Corea y Taiwan ofrecen ejemplos interesantes— y preparar una red de apoyo técnico y financiero internacional para dotar la región de los instrumentos necesarios para enfrentar esta emergencia.
* Por Annalisa Primi y Federico Poli, economistas
